Inmobiliarias y hasta clientes, víctimas de la delincuencia organizada en Guerrero: Canadevi

Karla Galarce Sosa

Ante la ineficacia de la operación Guerrero Seguro, pues la mitad de los conjuntos habitacionales de la entidad han sido víctimas de la delincuencia organizada con extorsiones y secuestros, el presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi), Julián Urióstegui Carbajal, exigió el cambio en la estrategia que calificó como un “choque mediático” que ya no funciona.

En conferencia de prensa, el presidente de la Canadevi dijo que no sólo las inmobiliarias y constructoras han sufrido estos delitos, sino que hay clientes que van a pagar de 3 a 5 mil pesos y son víctimas y han perdido la vida.

“Clientes han perdido la vida, clientes que van a pagar su mensualidad han sido ejecutados, a los desarrolladores nos han molestado mucho sobre todo con la extorisión (…) La región más golpeada es Tierra Caliente, allí hubo muertes tanto de los clientes y un empleado levantado de una de las empresas que afortunadamente fue rescatado y se evitó que se lo llevaran; en el caso de Acapulco a más del 50 por ciento de los desarrolladores y a su gente, sobre todo en la obra física”, expuso en entrevista.

Durante la rueda de prensa, Urióstegui Carbajal mencionó que en Zihuatanejo una de las empresas más grandes del país detuvo sus labores por cinco meses porque el crimen organizado le exigía el “cobro de piso”.

“Ellos tuvieron la capacidad económica de aguantar y reiniciar la obra”, expuso.

Agregó que las empresas inmobiliarias han invertido en seguridad privada, que han adoptado estrategias para evitar ser víctimas de extorsión y que no responden llamadas telefónicas de desconocidos y evitan estar en lugares visibles.

“La falla que vemos es que tiene que ser una situación integral (los cambios en el Guerrero Seguro), no tiene que ser nada más una situación de armar gente para defenderse, sino que debe de haber procuración de justicia, que no haya impunidad, donde haya ministerios públicos eficientes y que por ejemplo, de los 3 mil delitos que hubo en el 2011 y el 2012, (…) cuántos consignados hay, cuántos detenidos hay, ninguna, la impunidad está al 100 por ciento, es una falla que se debe resolver y mientras haya impunidad seguirán los delitos”, reclamó Julián Urióstegui.

Al preguntarle si los cambios recientes que hizo el gobernador Ángel Aguirre Rivero en su gabinete generan confianza, dijo que es una oportunidad de que las estrategias se alineen.

Insistió en que el Guerrero Seguro “se trató de un programa de choque necesario para desarticular a las bandas del crimen organizado que asolaban a la sociedad guerrerense, en ese primer momento tuvo el efecto deseado: detener la delincuencia en 2011 y 2012, el saldo fue de más de 3 mil ejecutados en ese periodo”.

Criticó que “desde entonces a la fecha los índices delictivos no han menguado, es noticia oficial cuando baja el índice de ejecuciones en algún porcentaje por pequeño que sea, a la sociedad en Guerrero se nos ha robado la seguridad, vivimos secuestrados por el temor a ser víctimas de algún delito”.

Denunció que “en Acapulco tres vivienderas han sufrido ataques contra su personal (…) el programa Guerrero Seguro tiene que renovarse, replantearse, está caduco y a la sociedad no le quedan claras las metas y resultados, mientras que al gobierno del estado le solicitamos profundizar en un programa de corto, mediano y largo plazo, que busque incidir en las causas de los delitos, que profesionalice al ministerio público, que fortalezca al poder judicial”.

Julián Urióstegui consideró que los cambios en el gabinete estatal servirán para “sumar puntos”.

Consideró que la situación de inseguridad en Acapulco y en Zihuatanejo es la misma: “hemos parado operaciones de manera  temporal pero sentimos que remamos contra corriente, el cambio que hizo el gobernador en su gabinete no es cosa menor y una oportunidad para replantear el programa Guerrero Seguro”.

Agregó que con la conferencia se emite un “SOS, no sólo de inversionistas, sino de la sociedad, no somos Canadevi, somos parte de la sociedad y por eso nos atrevemos a decir lo que está pasando”.

Advirtió que con la presencia de bandas delictivas en Guerrero se entra “a la frontera de la ingobernabilidad y no es una situación solamente del gobierno estatal, sino del municipal también, del gobierno federal y de la sociedad”.

Grupo Inmobiliario ya pagó a 170 de 200 clientes, precisa abogado

En la conferencia de prensa, el apoderado y representante legal de Grupo Inmobiliario de Guerrero, Uriel Fernández Peláez, informó que la empresa ya devolvió los anticipos a 170 de 200 clientes que habían pagado de manera parcial sus viviendas de interés social en Tierra Caliente.

El lunes pasado, el representante legal de afectados de Villas Bicentenario, Isaías Pérez Lagunas, de visita en la Redacción de El Sur señaló que el presidente de la Canadevi se negaba a pagar 200 mil pesos a tres personas afectadas porque la obra no fue concluida.

Ante ello, Fernández Peláez explicó que la situación se maneja en Profeco desde hace más de año y medio.

Dijo que no hay delito de fraude “no existe ninguna denuncia en contra del grupo inmobiliario Guerrero, tampoco en contra de la Canadevi”.

Explicó que  la empresa comenzó a hacer un conjunto habitacional en Ciudad Altamirano con 150 viviendas, las cuales fueron entregadas a los desarrolladores en 2011, y que en una segunda etapa participaron otras empresas en sociedad en un proyecto de 47 millones de pesos, por lo que comenzaron las obras y de manera gradual la inseguridad, al grado de que los empleados de las empresas fueron levantados, extorsionados y se tuvo que suspender provisionalmente el proyecto por cuatro meses y se volvió a retomar, pero ante la inseguridad y las pocas garantías de continuar las construcciones en diciembre de 2011 se suspendió el desarrollo”.

Fernández Peláez dijo que se habló inmediatamente cuando se decidió suspender la obra, que se informó a las autoridades, a Infonavit y a Profeco.

Mostró una copia del documento en el cual se les informaba a las dependencias y autoridades que por cuestiones de seguridad ya no se podía concluir ese proyecto. “Fue presentado y sellado de recibido por todas esas dependencias. También informamos que en diciembre de 2011, a cada uno de las personas que habían dado un anticipo, porque se habían proyectado como posibles clientes de la empresa se les iba a realizar su devolución gradualmente, ante la instancia legal, en este caso ante la Profeco y comenzamos a hacer el pago gradual a todos y cada uno de esos clientes”.

Deslindó a la Canadevi y a su presidente Julián Urióstegui de la empresa que representa, y agregó que a todos los clientes que entregaron anticipos se les va a hacer la devolución. “Son 200 clientes aproximadamente y ya se hizo la devolución a 170”.

Puntualizó que el pago se realizaría a través de la Profeco, que mediante un convenio que firmarán la próxima semana en el que quedará sentado la forma y el tiempo para el pago a los clientes.

“No es un fraude, la empresa invirtió en la compra de terrenos, en la urbanización, en permisos, en licencias, en asociarse con otras empresas, ha perdido millones de pesos por la inseguridad, pero está comprometida a pagar”, finalizó.

Julián Urióstegui agregó que no hay delito, “solamente me quisieron involucrar como presidente de Canadevi, días antes recibí a personas que intentaron extorsionarme pero me negué y me amenazaron. Nos deslindamos de estas personas (…) por supuesto que apoyamos a la empresa, las empresas no van a recuperar ni un peso de lo que invirtieron, era más fácil que la empresa se declarara en quiebra y no pagara nada, pero está respondiendo”.