Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Un domingo cualquiera en Apaxtla

Es posible que haya una explicación, pero dudosamente podría haber una justificación, para el hecho de que un grupo de pistoleros pudiera someter a la población de Apaxtla el domingo pasado durante tres interminables horas. Pero cuatro días después, ese que es uno de los acontecimientos criminales más espectaculares y pavorosos ocurridos en Guerrero ni siquiera ha sido informado, ni por el gobierno del estado ni por el gobierno federal. Peor todavía: ni siquiera se ha intentado una explicación oficial, como si desde el gobierno se pidiera asimilarlo resignadamente como un hecho más de la vida cotidiana del estado y del país y por lo tanto las explicaciones salieran sobrando. Pero hay muchas preguntas que necesitan ser expuestas y respondidas.

Tres horas es lo que tarda un autobús en llegar de Chilpancingo a la ciudad de México. En ese lapso habría podido llegar a Apaxtla, y con tiempo de sobra, cualquier transporte militar o de la Policía Federal o estatal que saliera no digamos de Iguala, sino de Chilpan-cingo y por la carretera libre. Pero durante las tres horas en que los 80 criminales mantuvieron tomado el pueblo, mataron a siete personas e incendiaron cinco camionetas, no apareció un solo policía o efectivo militar. Tampoco se acercaron para perseguirlos en su huida. El Ejército llegó a Apaxtla una hora después de que los pistoleros habían abandonado la población rumbo a Tlacote-pec.

El presidente municipal de Apaxtla, el perredista Efraín Peña Damacio, dijo que él mismo avisó al Ejército mientras se realizaba el asalto, pero que no pudo comunicarse con el gobernador. Es decir, hubo tiempo suficiente para la intervención por lo menos de los militares. Pero como se sabe, no intervinieron. Nadie acudió en ayuda de los habitantes de Apaxtla mientras se consumaba el ataque, realizado con toda calma e impunidad. Tan conscientes estaban los criminales de que el tiempo y el escenario era suyo, que entraron al pueblo caminando a las 10 de la mañana y salieron a la 1 de la tarde.

“Llegaron y de repente empezaron a accionar sus armas, una balacera y corredera de la gente y todos nos encerramos en nuestras casas”, dijo el alcalde un día después de los sucesos, el lunes, lo que a su vez pone de manifiesto que el gobierno mantuvo escondida la información sobre el ataque, porque las noticias de Apaxtla no llegaron a la prensa el domingo. Más aún, el gobierno del estado trató de desinformar sobre lo sucedido, pues la noche del domingo la Procuraduría General de Justicia emitió un comunicado en el que dio a conocer el hallazgo de cinco camionetas quemadas y cinco cuerpos en los alrededores de Apaxtla, sin hacer referencia alguna a la incursión del comando armado en el pueblo.

Por mucho que en su ofuscación el alcalde Peña Damacio se haya tardado en pedir auxilio, está fuera de duda que el llamado se hizo y que el Ejército y las corporaciones policiacas tuvieron la posibilidad de reaccionar a tiempo para hacerse presentes en Apaxtla mientras seguían allí los agresores, o para perseguirlos si su capacidad de reacción sufre de artritis. Pero ¿por qué no fue así? ¿Acaso no se ufanan en sus discursos el gobernador Ángel Aguirre y los funcionarios públicos de la estrecha coordinación que existe para responder a cualquier emergencia? ¿Por qué se tardaron tanto los militares en llegar a Apaxtla? ¿Por qué no utilizaron un helicóptero para ubicar a los ma-leantes en la carretera a Tlacotepec? Y en último término, ¿pues qué no para eso precisamente es que se creó la Operación Guerrero Seguro, que se supone está alerta en todo momento, y más en una zona con claros antecedentes de violencia criminal?

Las evidencias conducen a la conclusión de que si el Ejército y las policías no actuaron en Apaxtla, sino hasta que los hechos estuvieron consumados, fue porque así fue decidido en alguna instancia de control, o por una negligencia de grandes dimensiones que hizo inoperante la cacareada coordinación interinstitucional. Será posible discernir después si en el abandono sufrido por Apaxtla tuvo algo que ver la desarticulación que padece el gobierno de Ángel Aguirre desde hace una semana, motivada por las renuncias o el cese de funcionarios. Debe recordarse que el domingo pasado, y desde una semana antes, aún no había ni secretario de Gobierno ni secretario de Seguridad Pública, y el encargado de la Pro-curaduría tenía dos días en el cargo. En realidad, secretario de Seguridad Pública no hay todavía, pues el titular designado, el almirante Sergio Lara Montellanos, continúa al frente de la Octava Región Naval y aún no asume el control de sus próximas funciones. Pero todo eso también es responsabilidad del gobierno y no puede ser aceptado como justificación.

Por otra parte, abruma la persistente incapacidad gubernamental para brindar protección a la ciudadanía. Con su singularidad, Apaxtla no es sino el ejemplo más reciente del patrón que ha seguido la inseguridad y la violencia en el estado, que el año pasado lo lanzaron al lugar número uno del país por su elevado índice de homicidios. Mientras esa realidad continúa expandiéndose en el estado, el gobernador Ángel Aguirre rehúye su responsabilidad, se oculta o la combate con evasivas y salivazos. Si los discursos fueran obuses, Guerrero no sería la tercera región más violenta del mundo.

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