Cuestiona Ramón Almonte a la CNDH y asegura que violó sus derechos humanos

Daniel Velázquez

El ex secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno del estado, Ramón Almonte Borja, compareció ayer ante la Comisión Instructora del Congreso local, que lo sometió a juicio político a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos estudiantes normalistas.

Almonte Borja se dijo inocente y acusó a la CNDH de haber violado sus derechos humanos, sus garantías individuales y haberle causado un “enorme” daño moral.

“No estuve en el lugar de los hechos y por lo tanto no me consta la mecánica en que se desarrollaron los mismos, de ahí que ni siquiera puedo tener participación como testigo”, dijo.

Dijo que la CNDH lo acusa de responsabilidad administrativa, por lo que no hay razón para un juicio político, además de que no hay imputaciones en su contra porque sólo se le menciona una vez en los 774 apartados del informe final de la comisión.

Ayer fue la primera vez que Almonte Borja habló en público de lo sucedido el 12 de diciembre de 2011, cuando fueron asesinados los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de la Normal Rural de Ayotzinapa, por fuerzas policiacas durante un desalojo violento en la Autopista del Sol.

La Comisión Instructora del Congreso local, que evalúa la solicitud de juicio político pedida por la CNDH contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, realizó su sesión en el salón Ejecutivo del hotel Malibú, en Acapulco, porque así lo consideró conveniente.

Asistieron el presidente Omar Jalil Flores Majul del PRI, la secretaria Luisa Ayala Mondragón del PRD, los vocales Bernardo Ortega del PRD, Emilio Ortega del Movimiento Ciudadano, Arturo Álvarez Angli del PVEM y como invitada Julieta Fernández del PRI.

En su alegato de defensa, que leyó durante aproximadamente dos horas, el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Civil dijo que la CNDH no tenía reglamentado cómo ejercer su facultad para el desarrollo de la investigación por violaciones graves a los derechos humanos, porque las nuevas atribuciones que se le dieron en junio de 2011 se reglamentaron en abril de 2012 y fue hasta junio de ese mismo año cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, por lo que cuando ocurrieron los hechos no tenía en su ley esas atribuciones.

“No estaba en la ley, no había reglas de integración procesal para que pudiera ejercer dicha facultad”, señaló.

Además señaló que la 59 legislatura del Congreso local no cumplió con el procedimiento para aceptar la recomendación 1VG/2012  de la CNDH, porque el documento se envió a las comisiones unidas de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, de Seguridad Pública, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación, de Asuntos de la Juventud y la Instructora, pero estas nunca emitieron dictamen alguno al respecto y el asunto no regresó al pleno para aceptar o rechazar la recomendación de la comisión, porque sin acuerdo o decreto del Congreso el presidente de la mesa directiva no puede aceptar una recomendación, pues carece de facultades y sólo es ejecutor de los mandatos del pleno.

Almonte Borja solicitó en varias ocasiones a los diputados integrantes de la Comisión Instructora desechar o declarar sobreseído el caso. Dijo que no hubo autores intelectuales sino que fueron hechos “aleatorios o azarosos pero muy lamentables”.

Pidió “desfragmentar el video” de las cámaras de vigilancia que captaron los hechos del 12 diciembre en la Autopista del Sol, para conocer la verdad de los hechos.

Al ex secretario de seguridad pública, los integrantes de la Comisión Instructora le hicieron diez preguntas; el que más preguntas hizo fue el presidente de la comisión, Omar Jalil Flores, quien le preguntó si recibió instrucciones del entonces secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, o del gobernador Ángel Aguirre Rivero para acudir al lugar.

Almonte Borja respondió que no, que quien le pidió autorización fue el subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arreola Ibarria, para acudir a la manifestación.

“Yo mandaté que se brindara el apoyo pero con estricto apego a los protocolos de intervención”, porque el estado de Guerrero era la única entidad que tenía ese protocolo.

Dijo que nunca le dio órdenes de que fuera con policías armados y la prueba es que fueron los antimotines.

También le preguntó si recibió indicaciones de parte de la Secretaría de Seguridad Pública federal para conducirse de algún modo o de abstenerse de realizar algo respecto a los hechos del 12 de diciembre, y Almonte Borja dijo que el pidieron que solicitara licencia y él decidió presentar su renuncia.

La policía estatal llegó después de las 12:20 del día y no hubo posibilidad de establecer coordinación porque se había perdido el control, y dijo que el retraso se debió a que no tenían policías y el enfrentamiento entre policías federales y manifestantes ya se había dado.

Dijo que los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echevarría de Jesús murieron por disparos de G-3, y que la policía estatal portaba AR-15, por lo que no puede imputárseles el homicidio.

Emilio Ortega preguntó quien dio la orden de intervenir, y en su respuesta Ramón Almonte dijo que en el convenio de coordinación de la Operación Guerrero Seguro se estableció que todos las operaciones policiacas a partir del 7 de octubre de 2011 serían dirigidos por la Secretaría de Seguridad Pública federal, el Ejército, la Marina, la PGR y la policía estatal estaban subordinados al mandato de la secretaría. “Yo no tenía el mando ni de mi propia policía”, dijo.

El diputado Álvarez Angli le preguntó qué fue lo que hizo Ramón Almonte el día de los hechos, y contestó que ese día la fuerza de la policía estatal estaba diezmada porque se habían dispersado para brindar seguridad por las actividades religiosas y porque la mayoría se concentraba en Acapulco con la Operación Guerrero Seguro.

Dijo que fue Arreola Ibarria quien le pidió autorización para apoyar a la Policía Federal, que solicitaba 200 policías porque realizaba un operativo sobre la Autopista del Sol y sólo pudieron reunir a 27 policías equipados como antimotines y algunos escoltas de Arreola Ibarria.

Expresó que la orden dada al entonces subsecretario de Seguridad Pública fue precisa: “otórguese el apoyo requerido con estricto apego a los protocolos de intervención, esa es la única intervención de Ramón Almonte durante los actos del día 12 de diciembre de 2012”, expresó.

Dice que la CNDH “responde a intereses no confesados”

Después en declaraciones a reporteros al final de la comparecencia, dijo que la CNDH “responde a intereses no confesados” porque sus actos no se apegan a la legalidad.

“Si no se conoce la ley no se pueden defender los derechos humanos de forma adecuada”, dijo.

Agregó que espera que lo exoneren de las acusaciones, y si lo inhabilitan para desempeñar cargos públicos futuros no le quitarán el amor de su familia, la lealtad de su familia, inteligencia, la profesión, el trabajo y los efectos de la inhabilitación serían sólo para este estado.

“Vivo de mi trabajo, no del servicio público”, manifestó.

Al final el presidente de la Comisión Instructora informó que los siguientes que serán llamados a comparecer son el representante de la CNDH, que ratificó la demanda de juicio político, y el comisionado de la Policía Federal en el estado cuando sucedieron los hechos.

Indicó que se decidió sesionar en Acapulco para conservar las medidas de seguridad.

López Rosas compareció hace cinco meses y 22 días, el 6 de diciembre de 2012 en el Congreso local, lo que da cuenta de la lentitud del proceso. En el interín, incluso fue nombrado secretario del Tra-bajo por el gobernador.