Organismos de derechos humanos culpan a los gobiernos federal, estatal y municipal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organismos civiles de derechos humanos expresaron ayer su condena por el asesinato del dirigente de la coalición de organizaciones Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, y de dos integrantes más de esa agrupación, Angel Román Ramírez y Rafael Banderas.

Asimismo, exigieron al gobierno estatal y federal una investigación a fondo y castigo a los responsables.

Entrevistado vía telefónica, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que se sigue profundizando la herida que desde la época de la guerra sucia de los años 70 se viene abriendo con la continuidad de estos asesinatos de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.

Expresó su pésame “por la pena que sienten como una losa por esta noticia los familiares” de las víctimas.

Manifestó que estas “ejecuciones extrajudiciales” son parte de la violencia que se está viviendo en México y que por ello “hay una preocupación profunda de los defensores, porque no se está garantizando el derecho a la vida”.

Añadió que la triple ejecución se da en el contexto de un movimiento social que no fue atendido con oportunidad ni con sensibilidad por parte de los gobiernos estatal y municipal y que, por tanto, éstos son responsables de la misma.

A nombre del organismo que representa, Barrera demandó que el caso se investigue a profundidad y que se atiende la demanda de los familiares de las víctimas de que no quede en la impunidad.

Explicó que esto es un patrón de criminalidad grave que se vive en Guerrero  y que más grave es que sigan ocurriendo este tipo de asesinatos de luchadores sociales con absoluta impunidad.

Barrera manifestó que los responsables son los tres niveles de gobierno: el municipal por la falta de atención y por no darle una salida pacífica y negociada a las demandas que venían presentando los dirigentes de la UP.

Agregó que de parte del gobierno estatal también hay responsabilidad, porque tiene que coadyuvar para atender estos conflictos, pero que, por el contrario, “se quedó en un vacío” y que los ciudadanos se quedaron sin ser escuchados y atendidos.

En cuanto al gobierno federal, manifestó que los dirigentes ejecutados tuvieron un altercado con un mando de la Policía Federal y que éste asumió una postura de querer amedrentar a los manifestantes, durante su protesta del jueves de la semana pasada en la caseta de cobro de la autopista Iguala-México.

Por lo tanto, agregó que las autoridades que se encarguen de la investigación deben de tomar en cuenta todos estos testimonios de desencuentros, fricciones y amenazas.

Participó Hernández Cardona en la reciente lucha magisterial

Mientras tanto, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, dijo que “no hay más responsables que el gobierno federal, estatal y municipal por acción o por omisión”.

Olivares Hernández denunció que en el estado, como en el país, “vivimos en un narco Estado, porque es la narco política la que está gobernando”.

Dijo que la indignación “es grande” por la forma en que se desarrollaron los hechos, puesto que los dirigentes encabezaron protestas en Iguala, en demanda de la entrega de 800 toneladas de fertilizante, la inclusión de 10 colonias populares en las propuestas de inversión municipal, la salida de familiares del alcalde de puestos directivos de la administración municipal, esclarecimiento del asesinato del síndico perredista Justino Carvajal Salgado y del ex presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, y en vez de que las autoridades estatales y municipales atendieran sus demandas, los privaron de su libertad, los torturaron y los ejecutaron.

Olivares Hernández denunció que no es desconocido que el gobierno echa mano de los poderes fácticos para estos delitos.

Olivares Hernández, a nombre de los organismos que integran la Redgro –que aglutina al Centro de Derechos Humanos de la Montaña, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa y al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)– exigió a los gobiernos estatal y federal que se realicen de manera pronta las investigaciones del caso y que éstas sean de manera clara y transparente, para que el caso no quede en la impunidad.

Recordó que el dirigente de la Unión Campesina Emiliano Za-pata (UCEZ), agrupación de la UP, Hernández Cardona,  formaba parte del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) que encabezada por los maestros de la CETEG realizó movilizaciones de protesta en marzo y abril contra la reforma educativa.

Por ello anunció que la dirigencia de esta agrupación se reunirá este miércoles para determinar las acciones para exigir el esclarecimiento de la muerte de los tres dirigentes de UP.

La misma Red emitió después un comunicado en el que exigió a los gobiernos que “se deje de utilizar a los poderes fácticos en contra de los luchadores sociales”.

Agregó que el movimiento social y el pueblo en general “saben que vivimos en un narco Estado en donde no es posible ubicar dónde están los límites de los actos de gobierno y en qué momento se ordena a los poderes fácticos ejecutar acciones en contra de los luchadores sociales sin que se pueda señalar fehacientemente que fue  algún funcionario o autoridad quien ordenó la eliminación física de quienes consideraron un estorbo”.

Y añadieron: “para quienes conocimos a Arturo sabemos de su firmeza, de su entrega a las causas de los sectores más vulnerables, lo recordamos dirigiendo el adiós póstumo a otro gran hijo del pueblo, a Alfredo Barragán Rentería, allá en Chichihualco el 20 de febrero del presente año, sin pensar que pronto seguiría sus pasos”.

En su documento, los organismos exigieron que “se respete la vida, la seguridad e integridad de Jimmy Castrejón”, uno de los ocho integrantes de UP que sigue desaparecido; que las autoridades tomen las medidas necesarias para conocer su paradero y para garantizar la protección y seguridad de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Mendoza Villa, otros de los 8 levantados que salvaron su vida al escapar de sus captores.