Gestan los expulsados de la CRAC un movimiento disidente que busca el control de la organización

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los comandantes, coordinadores y asesores expulsados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que simpatizan con los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio y Apolonio Cruz Rosas, que fueron acusados de “traición” en una asamblea regional el 26 de mayo gestan un movimiento disidente para tomar el control de la organización, con el apoyo de siete comunidades que son bastión de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Los expulsados y un grupo de comisarios, delegados, comisariados ejidales y consejeros, que son afines a la UPOEG, acusaron en una asamblea el domingo pasado a los actuales coordinadores de la CRAC de tomar decisiones al margen de las asambleas regionales, de violar los derechos humanos de los detenidos, de cobrar multas, de no rendir informes de los ingresos y de haber creado un grupo de reserva “especial” de la Policía Comunitaria.

Con estas acusaciones como argumento, acordaron la integración de dos comisiones que buscarán obtener la mayoría en las comunidades donde tiene presencia la CRAC, con el propósito de que en una asamblea regional, el grupo disidente a los actuales coordinadores propongan la revocación de mandato e iniciar la “reestructuración” del Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC.

Aunque quienes buscan asumir el control de la CRAC no han tenido una participación directa y abierta en las acciones de la UPOEG, agrupación con la que ha tenido confrontaciones la CRAC, sí son cercanos y afines al dirigente de ésta, Bruno Plácido Valerio, quien es fundador y ex consejero de la CRAC, y fue expulsado este 26 de mayo.

El grupo disidente

El grupo opositor lo encabezan el fundador de la CRAC, también expulsado de esa organización, Cirino Plácido Valerio, comisariado ejidal de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán y hermano de Bruno; Apolonio Cruz Rosas, ex coordinador de la CRAC, comisario ejidal de Santa Cruz del Rincón y afín a Bruno Plácido, también expulsado de la CRAC en la asamblea del 26 de mayo; la ex comandante de la Policía Comunitaria (PC), Paula Silvia Florentino, de Buena Vista, y quien según el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC, Eliseo Villar Castillo, “estaba trabajando para la UPOEG” y por eso fue expulsada.

El ex comandante de la PC, también ex-pulsado, Miguel Morán Melitón, quien es originario de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, lugar que al igual que Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán son bastiones de los líderes de la UPOEG; el comisariado ejidal de San Luis Acatlán, Darío Manso, y el ex consejero Marcos Santana, de la comunidad de El Carmen, municipio de Metlatónoc y otro de los que fueron expulsados.

Ellos convocaron a la reunión del domingo 2 de junio que se realizó en el auditorio de la comisaría ejidal de San Luis Acatlán, a donde asistieron, –según su registro–, 20 comisarios municipales, 6 delegados, 11 comisariados ejidales y unos 600 asistentes de comunidades de los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec, que corresponden a la Casa de Justicia de la primera población.

Los asistentes acudieron mayoritariamente de comunidades que son bastión del dirigente de la UPOEG Bruno Plácido y de su hermano Cirino como Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, de donde son originarios; de Santa Cruz del Rincón, de donde es originario Apolonio Cruz Rosas; de San Luis Acatlán, de donde es comisariado ejidal Darío Manso; de Cuanaxcatitlán, Potrerillo del Rincón, Pazcala del Oro Zoyatlán y Pajarito Grande, municipio de San Luis Acatlán.

La inconformidad del grupo opositor comenzó a incubarse desde la anterior coordinación de la CRAC, en la que participaron Pablo Guzmán Hernández, también expulsado por desvío de recursos el 26 de mayo, y Apolonio Cruz Rosas, cuando, principalmente, Cirino Plácido comenzó a cuestionar la presencia dentro de la organización indígena de Guzmán Hernández (coordinador regional) y de Valentín Hernández (asesor jurídico) a quienes acusó de “suplantar” a las autoridades indígenas, arguyendo que “estos compañeros son mestizos y originarios de otras regiones no incorporadas a la CRAC”.

El mismo señalamiento hizo Cirino en la asamblea del domingo 2 de junio, “cometimos un error (los indígenas) al permitir el ingreso a nuestro Sistema de Seguridad y Justicia a Pablo y Valentín, pues son mestizos que no saben nada de nuestras costumbres y tradiciones y que dieron origen a nuestro sistema comunitario”, dijo.

Pero la discrepancia de los integrantes de este grupo, –la mayoría fundadores de la CRAC–, se ahondó a partir de que surgió el movimiento de autodefensa, a principios del mes de enero pasado en Ayutla, y que después se extendió a otros ocho  municipios de la región de la Costa Chica, pues este movimiento fue promovido por la UPOEG que dirige Bruno Plácido.

A partir de entonces, los dirigentes del movimiento de autodefensa, e incluso funcionarios del gobierno estatal y federal, llamaron  “policías comunitarios” a quienes participaban en el movimiento de autodefensa, por lo que los coordinadores de las casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso tuvieron que salir a desmentir mediante un pronunciamiento público, en donde acusaron al movimiento de autodefensa de ser “paramilitares” promovidos por el gobierno estatal para tener el control de la zona y permitir el ingreso de las empresas mineras y la instalación de la reserva de la biosfera, proyectos a los que se opone la CRAC porque considera que acaban con el territorio en donde se instalan.

Exigieron también que los integrantes del movimiento de autodefensa no fueran confundidos con la Policía Comunitaria, puesto que los policías comunitarios no instalan retenes y no se cubren el rostro, como lo hacen los miembros de la autodefensa. Además explicaron que los policías comunitarios son electos en asambleas de las comunidades, lo que no ocurre con los integrantes del movimiento de autodefensa.

Mientras que la dirigencia de la UPOEG que coordina el movimiento de autodefensa acusó a la CRAC de solapar la presencia del crimen organizado en las comunidades donde tiene presencia.

A pesar de esta confrontación abierta, Bruno Plácido declaró su intención de incorporar a los integrantes de su movimiento a la CRAC, lo que fue rechazado de inmediato por el entonces coordinador, Pablo Guzmán y por el asesor de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Valentín Hernández Chapa.

La confrontación tuvo su momento de mayor crisis el 9 de febrero cuando este grupo que ahora es encabezado por Cirino Plácido y Apolonio Cruz Rosas se apoderó de las instalaciones de la Casa de Justicia. El motivo, argumentaron los opositores, fue que los entonces coordinadores cambiaron deliberadamente la sede donde se realizaría la asamblea para la elección de los nuevos coordinadores.

La toma se realizó mientras se llevaba a cabo en Jolotichán la asamblea regional de la CRAC, convocada para designar a los nuevos coordinadores y comandantes, pero también se discutía el problema para la CRAC que la UPOEG se haya ostentado como policía comunitaria en sus acciones de autodefensa.

Debido a la toma no se eligió a coordinadores y comandantes, pero hubo un deslinde de la CRAC de la UPOEG y de las acusaciones de malversación de fondos, contra los entonces coordinadores de la Casa de Justicia, que iban de salida. También hubo acusaciones de que la UPOEG pretendía apoderarse de la CRAC, a través de Bruno y Cirino Plácido para venderla a los gobiernos estatal y federal.