En la impunidad los asesinatos de campesinos en Aguas Blancas tras 18 años, denuncian familiares

Luis Blancas

Chilpancingo

Sobrevivientes, viudas y familiares de los 17 campesinos masacrados en el vado de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez denunciaron que a unos días de cumplir 18 años este suceso, sigue la impunidad del caso por la falta de interés del gobierno federal y estatal para esclarecer los asesinatos.

En conferencia de prensa el abogado del caso Aguas Blancas Jesús Sánchez Sánchez, anunció que el 28 de Junio en la conmemoración de un año más de la  masacre del vado de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez, en el que rendirán un homenaje luctuoso a los integrantes de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera y Ángel Román Ramírez.

Señaló que a unos días de cumplir 18 años, no hay confianza en la procuración de justicia a nivel local y nacional que a pesar de que hay dos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1996, tras la matanza, el gobierno del estado ha incumplido para esclarecer los asesinatos de los 17 campesinos.

El abogado leyó un texto de un documento que entregaron a la Secretaría General de  Gobierno, “a casi 18 años de la masacre de  Aguas Blancas la impunidad sigue a flor de piel, esto en razón de que los crímenes de lesa humanidad no han terminado, por lo contrario aumenta alarmante día a día en el país”, declaró.

Dijo que a la falta de apoyos económicos del gobierno del estado los sobrevivientes y familias de los 17 campesinos asesinados, en cuestión los jóvenes no estudian y se encuentran involucrados a la delincuencia organizada, y persiste la migración en el  lugar y las viudas han sufrido enfermedades  degenerativas por consecuencias de este suceso.

Por su parte, Ruperta Abelina Molina una de las viudas comentó que a la quincena reciben una pensión vitalicia otorgada por el gobierno del estado de dos mil 400 pesos pero la Secretaría de Finanzas le descontó a 200 pesos por participar en la organización de las viudas, madres, deudos y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas.

Exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR) el esclarecimiento de luchadores sociales y a los miembros de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael  Bandera Román y Ángel Román Ramírez encontrados asesinados sobre la carretera federal México-Acapulco el 3 de Junio.

En Aguas Blancas hacia el vado, policías motorizados y judiciales (hoy ministeriales) emboscaron a 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra de Sur que el 28 de junio de 1995 se dirigían a Atoyac de Álvarez para participar en una manifestación en demanda de fertilizantes, láminas de cartón, despensas, y la presentación de un campesino desaparecido.

La masacre ocurrió en el gobierno de Figueroa Alcocer y provocó su renuncia  porque la Suprema Corte lo consideró responsable de las violaciones a los derechos que se cometieron, y Ángel Aguirre Rivero se convirtió en gobernador interino.