Por Abelardo Martín M.

Las diversas caras de la violencia

En Guerrero las caras de la violencia son variadas y múltiples, como una hidra. Por una parte, la violencia de la insalubridad, la falta de educación, de oportunidades que mantiene marginada a la mayor parte de la población en el estado. Por la otra, la violencia cruda, real que azota lo mismo a la costa que a la montaña, que refleja el debilitamiento institucional y la ingobernabilidad creciente, el empequeñecimiento de la autoridad.
Lejos de adoptar medidas que sean producto de una estrategia de desarrollo y de fortalecimiento social y gubernamental, se adoptan otras que tienden a agravar los problemas. Como una confirmación del clima de inseguridad y violencia, la presencia de la Policía Federal y luego del Ejército, ya sea de la Marina o de la Secretaría de la Defensa Nacional, en las playas es la prueba fehaciente de que las cosas no están bien.
Ya se ha hecho un recuento de la violencia en las últimas semanas, con su resultado de sangre y muerte, el jinete apocalíptico que se ha enseñoreado de México.
Pero están otras máscaras o rostros. Desde Malinaltepec, en La Montaña alta, en esa zona denominada como de alta pobreza en el país, pobladores de la región y grupos indígenas agrupados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias o CRAC-Policía Comunitaria, presentarán ante al Tribunal Permanente de los Pueblos un recurso de inconformidad y rechazo a la explotación de minas en territorios comunitarios.
El Tribunal Permanente de los Pueblos es un organismo ético internacional de carácter no gubernamental que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones.
Su misión es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos; ha respaldado y acompañado las luchas de los pueblos contra las violaciones a sus derechos fundamentales, contra la negación de su derecho a la autodeterminación, contra las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, las esclavitudes económicas y la destrucción del medio ambiente.
Está integrado por cerca de 130 miembros, de alta reputación moral, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos; es su presidente Salvatore Senese y su secretario general, Gianni Tognoni.
El asesor jurídico de la Policía Comunitaria, Valentín Hernández, también dio a conocer que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, se presiona a comisarios municipales y de bienes comunales de poblados ubicados en La Montaña y la Costa Chica para que acepten la presencia de empresas mineras extranjeras que pretenden explotar yacimientos de oro, plata y zinc.
En la comunidad Espino Blanco, en este municipio ubicado en La Montaña alta, Valentín Hernández explicó que el Tribunal Permanente de los Pueblos, organismo internacional itinerante, va a sesionar próximamente en México a petición de las comunidades que serían afectadas, “pero todavía no sabemos en qué lugar: podría ser en Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca u otra donde los pueblos indígenas rechazan la presencia de las empresas mineras extranjeras, principalmente inglesas y canadienses”.
El gobierno federal ha otorgado concesiones a las empresas Camsim, propiedad del empresario acapulqueño Francisco Javier Larequi Radilla, así como a Hochschild y Grupo Goliat, por 50 años, para explotar oro, plata, y zinc en 140 mil hectáreas.
En la documentación que será presentada ante el Tribunal, destaca la concesión número 234454, que la Secretaría de Economía otorgó por conducto de la Coordinación General de Minería y de la Dirección General de Minas, a la empresa Camsim –con sede en Chilpancingo– para la explotación de 15 mil hectáreas del lote Diana, a nombre de Diana Rebeca Castillo García, del 30 de junio de 2009 al 29 de junio de 2059.
Los núcleos agrarios que abarca el lote Diana son Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; Paraje Montero, en Malinaltepec, y la cabecera municipal de Iliatenco, con una superficie de 15 mil hectáreas.
Y si esto fuera poco, a partir de esta misma semana la vigilancia de la mayoría de las áreas turísticas quedará a cargo de la Policía Federal en tanto que los agentes municipales de la Costera concentrarán su labor en otras zonas del puerto.
Según las autoridades locales, estas acciones forman parte de una nueva estrategia de la Operación Guerrero Seguro, luego de que el pasado mes de diciembre se dio a conocer que policías municipales habían robado a turistas extranjeros en la Costera, y los empresarios del turismo reconocieron que esta situación se había repetido en los últimos años. El alcalde negó esta posibilidad, al ser consultado sobre si la nueva disposición se debía a las quejas por estos abusos.
“Es un nuevo operativo del Guerrero Seguro porque queremos reforzar colonias y no que todos estemos metidos en los mismos lugares”, justificó en su oportunidad el alcalde de este puerto, Manuel Añorve.
Por tanto, la Policía municipal mantendrá presencia en la zona del Acapulco tradicional como La Quebrada, Caleta y Caletilla.
La Policía Federal por su parte, incorporará, de nueva cuenta, el uso de motocicletas para patrullar, luego de meses de sacarlas de circulación.