Octavio Klimek Alcaraz

Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

 

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro se recomendó dentro de la llamada Agenda 21 la implementación de la redacción de una Convención de Lucha contra la Desertificación. Esta convención de las Naciones Unidas fue adoptada en París el 17 de junio de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996.

La Convención constituye el primer y único marco legalmente vinculante a escala internacional que ha sido creado para hacer frente al problema de la desertificación. En la actualidad, 193 países incluido México, han ratificado o se han adherido a ella.

Por ello, el 19 de diciembre de 1994 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 17 de junio Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía –resolución 49/115–.

En la resolución se invita a los estados a que dediquen el Día Mundial a sensibilizar la opinión pública respecto de la necesidad de cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía y respecto de la aplicación de la Convención de Lucha contra la Desertificación.

Este año, bajo el lema de No dejemos que se seque nuestro futuro, el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía está dedicado a poner de relieve los riesgos mundiales que entrañan la sequía y la escasez de agua.

De hecho, la sequía excepcional de 2011-2012 en buena parte de México ha sido un factor que ha incrementado la baja en la productividad de las tierras agropecuarias y forestales, generando más miseria y deterioro ambiental en el campo mexicano.

Las últimas estimaciones indican que unos 12 millones de hectáreas de tierra son transformadas en nuevos desiertos por el hombre cada año (Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 2012) y que un cuarto de la tierra agrícola está altamente degradada de alguna de forma irreversible (FAO, 2011).

El término desertificación –que induce en cierta medida a confusión– no es un concepto aplicado a los desiertos –zonas hiperáridas–. Se utiliza, más bien, para referirse al proceso de degradación de las tierras en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas provocada por cambios en el clima y las actividades humanas. Este proceso se acompaña por la reducción del potencial productivo de la tierra, de adelgazamiento de la cubierta vegetal y el agotamiento del agua superficial y subterránea.

En 2003, el 44.9 por ciento de los suelos del país estaban afectados por algún proceso de degradación, los cuales se ubican tanto en zonas de ecosistemas naturales como manejados. La degradación química ocupaba el primer lugar (34.04 millones de hectáreas, 17.8 por ciento del territorio nacional), seguida por la erosión hídrica (22.72 millones de hectáreas, 11.9 por ciento), eólica (18.12 millones de hectáreas, 9.5 por ciento) y, al final, la degradación física (10.84 millones de hectáreas, 5.7 por ciento. Los suelos sin degradación aparente se encontraban en 55.1 por ciento del país (105.2 millones de hectáreas).

De hecho, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal, señala con relación a la degradación de tierras que: “México es uno de los países con mayor severidad en degradación en Latinoamérica especialmente en la región Norte, el Altiplano de la Mixteca (Oaxaca), y La Montaña (Guerrero) y regiones semisecas de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, México, y Tlaxcala, donde la agricultura de temporal y la producción de ganado son los procesos económicos fundamentales.”

En otro estudio (Evaluación de la pérdida de suelos por erosión hídrica y eólica en la República Mexicana, Semarnat y UACh, 2003) “se evaluó de manera indirecta la pérdida de suelo por erosión hídrica y eólica a partir de información cartográfica (p. e., de edafología y precipitación) y de modelos paramétricos (Ecuación Universal de Pérdida de Suelos y Ecuación de la Erosión Eólica) que fueron alimentados por algunas variables evaluadas en muestras de suelo. Por su metodología, la estimación resultante es una medida de la degradación potencial y no una evaluación directa de la degradación existente en el país. Este enfoque, sin embargo, permite identificar las zonas que se encuentran en mayor riesgo, y con ello contribuir a que se tomen decisiones sobre el uso del suelo en el marco del desarrollo sustentable, de tal manera que se impida o reduzca su degradación.

Los resultados de este trabajo mostraban que 42 por ciento de la superficie nacional podría resultar afectada por erosión hídrica, y que 17 entidades federativas mostrarían daño en más de 50 por ciento de su territorio, entre ellas Guerrero (79.3 por ciento), Puebla (76.6 por ciento), Morelos (75.2 por ciento), Oaxaca (74.6 por ciento) y el estado de México (73.7 por ciento). También las regiones montañosas de las Sierras Madre Oriental, Occidental y del Sur, así como vastas regiones de Chiapas y las entidades del centro del país, tendrían riesgo de presentar alta y muy alta pérdida de suelo por erosión hídrica”.

Dicha información consultada, señala que de manera oficial, desde hace más de 10 años no se presenta una evaluación sobre la degradación de suelos en México. Lo anterior impide conocer la velocidad de la degradación y la información que se dispone es ahora poco útil y en escalas que no permiten precisar acciones y prioridades con la consecuencia de que no se toman decisiones de manera planificada.

Al respecto es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de su organismo descentralizado la Comisión Nacional Forestal, presente en un periodo razonable, una evaluación actualizada sobre la degradación de suelos de la República Mexicana, que permita conocer de manera precisa sus procesos, niveles y tipos de degradación, para así contribuir de manera precisa y focalizada a que se realicen acciones que permitan evitar en los suelos del país la disminución de su productividad biológica o de su biodiversidad, así como de la capacidad actual y/o futura para sostener vida.

Con esos datos antiguos se puede afirmar que en México la degradación de tierras como consecuencia del sobrepastoreo, la deforestación, el cambio de uso de suelos, entre sus principales causas, ha alcanzado dimensiones que ubican este tema como un asunto de seguridad nacional, por las graves implicaciones que conlleva y por el riesgo de pérdidas de su control con los medios nacionales disponibles, lo que hace impostergable la solución de este problema con carácter urgente y prioritario.

Además, existe una relación sólida entre migración, pobreza y el efecto del deterioro ambiental. Como consecuencia de la desertificación, la población marginada que vive en tierras secas es la que más sufre, ya que su pobreza se agrava, su situación sanitaria y alimentaria se deteriora, y la seguridad de los alimentos se debilita, pero además, al verse obligados a buscar otros medios de subsistencia, los conflictos y la migración en masa invaden los centros urbanos y se extienden a otros países. Más de 250 millones de personas se hallan directamente afectadas por la desertificación, millones de ellas se ven obligadas a desplazarse por efecto de la desertificación. Recordemos que en México cada año cientos de miles de ciudadanos mexicanos abandonan sus hogares y sus campos secos para buscar un medio de vida como inmigrantes en Estados Unidos.

La lucha contra la desertificación conlleva una amplia serie de medidas y contribuye a la lucha contra la pobreza, a las reformas estructurales y al desarrollo sostenible. Deben tenerse en cuenta las estructuras sociales y la propiedad de la tierra, y dedicar una atención adecuada a la educación, a la formación y a las comunicaciones, a fin de diseñar propuestas integrales como estrategias efectivas de lucha. Se requiere sensibilizar y capacitar a la sociedad en general en torno a la problemática de la lucha contra la desertificación y la sequía en el país.

México debe además realizar el cumplimiento puntual de la Convención de Lucha contra la Desertificación, ratificada por el Senado de la República. Se trata como propósito primordial rescatar los recursos naturales básicos del país, las tierras del planeta para las generaciones presentes y futuras. Finalmente, la lucha contra la desertificación es sólo parte de un objetivo más amplio: el desarrollo sustentable de los países afectados por la sequía y la desertificación.