Denuncian comerciantes el faltante de más de 600 millones del presupuesto para el Acabús

Mariana Labastida

Representantes de comerciantes de la avenida Cuautémoc a Caleta exigieron al gobierno del estado que explique qué se hará con más de 600 millones de pesos que les autorizaron como presupuesto para el proyecto del Sistema Integral de Transporte (SIT), en este caso del Acabús, ya que el presupuesto que los funcionarios informan es menor al autorizado por el Fondo Nacional de Infraestructura.

El integrante de la Asociación de Comerciantes y Prestadores de Servicios de avenida Cuauhtémoc, Juan José Cadena Castillo, reiteró al subsecretario de Desarrollo Urbano estatal, Luis Mario Lavín Saldaña, que no piden dinero regalado, sino que en la solicitud que hicieron para tener el monto para la obra se considera un plan de gestión social que incluye un programa de mitigación en caso de afectar las actividades productivas en más del 10 por ciento de pérdidas.

En conferencia de prensa, los comerciantes integrantes del Frente Amplio por Acapulco mostraron documentos del Fondo de Nacional de Infraestructura, en los cuales se indica que para el proyecto de transporte urbano del Acabús la inversión considerada “apoyo no recuperable” es de mil 796 millones de pesos, cuando la inversión que dio a conocer el gobierno del estado es de mil 119 millones, una diferencia de 677 millones, y exigieron que se explique dónde está esa cantidad.

“No está claro el destino de 677 millones y antes de que nos digan que es para comprar flota de camiones, el propio gobierno del estado envió un documentos donde se indica que el sector pública provee la infraestructura necesaria para el desarrollo del SIT y el sector privado realiza las inversiones en flota y equipo para operar el sistema de trasporte”, indicó Cadena Castillo.

Enfatizó que en la petición al Banco Mundial, de acuerdo con documentos públicos a los que tuvieron acceso, los obligó a prever los daños que ocasionen las obras y “con esto estamos desmintiendo al subsecretario Lavín y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Díaz, de que en ninguna parte del mundo se prevén los daños y estos daños están obligados a repararlos porque son los causantes”.

El coordinador general de empresarios Zócalo a la Bodega, Francisco Aguilar Ordóñez, dijo que nadie pide dinero gratis, sino resarcir los daños al bloquear la entrada a los negocios con las obras; “es un derecho absoluto y total, es algo que nos corresponde por las obras con las que nos ha dañado Cemex”.

El comerciante José Alvaro Castillo enfatizó que hay límites de tolerancia y que actualmente los ciudadanos están al desamparo de las autoridades. “Hoy nos vemos en la necesidad de preguntar qué está pasando con todo el dinero faltante porque no es posible que el gobierno se espante con esta información”.

Los comerciantes explicaron que para comprobar el uso de los 677 millones se tiene que hacer de manera técnica no solo de palabra, y reiteraron que en el Marco de Salvaguarda Ambiental y Social para el Transporte Urbano se contempla, en el Plan de Gestión Social, prever las pérdidas que puedan ocasionar las obras.