Solicitan amparo contra la alcaldesa de Tlalchapa por el reparto de fertilizante
Israel Flores
Campesinos del municipio de Tlalchapa solicitaron en meses pasados a la alcaldesa Guadalupe Eguiluz Bautista, que transparentara los recursos públicos en la compra del fertilizante, al señalar que no fue licitada la adquisición, y no se cumplieron los requisitos, pero como no recibieron respuesta ya recurrieron a solicitar un amparo ante un juez federal.
En Tlalchapa un grupo de campesinos formó un comité local del fertilizante, quienes señalaron que se hizo debido a que la alcaldesa nunca organizó conforme a las reglas de operación del programa al comité. Ellos mostraron documentos donde la invitan formalmente a la reunión para organizarse.
Luego, al conocer que dejaron fuera a cerca de 200 productores del campo, algunos por no ser del grupo político de Guadalupe Eguiluz, comenzaron a exigir por escrito que se transparentaran los recursos públicos de la compra del fertilizante.
José Luis Rayón Duarte, presidente del comité, solicitó el pasado 28 de junio un amparo en el juzgado quinto de lo penal, con sede en Iguala, como recurso jurídico para exigirle a la alcalde de Tlalchapa que transparente los recursos, ante la falta de respuesta de la presidenta.
Una de las quejas de los campesinos es que la alcaldesa no licitó la compra del fertilizante, además de que la acusan de violar las normas de operación en la entrega.
Varios de los que forman el grupo, mantienen una demanda previa contra el Ayuntamiento de Tlalchapa, porque no les entregaron el fertilizante desde el 2011 y 2012, y recientemente le ordenaron a la actual administración que pague el compromiso a los campesinos de manera institucional, aun cuando la deuda es heredada.
En la denuncia también procedió Carlos Chávez Real, comisariado ejidal, por la falta de transparencia del uso de los recursos en la compra del fertilizante.
El grupo inconforme, estuvo relacionado con el amague de la Suprema Corte de Justicia con desaparecer los poderes del Ayuntamiento de Tlalchapa en el 2012, debido a que se negaron 44 veces a responderle a un juez federal, que les solicitó la transparencia en los recursos públicos de obras, y que de última hora lograron evitar la acción.




