Falla juez contra 28 campesinos en el litigio de un terreno en Zihuatanejo

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El juez Primero Penal de Primera Instancia en el Distrito de Zihuatanejo, Jesús Campos Ramírez, ordenó la entrega del predio que los inversionistas de la empresa Los Médanos SA de CV se disputan con 18 copropietarios de Las Salinas Viejas, en la comunidad Barrio Nuevo, quienes junto con otras 10 personas más están demandados penalmente por el delito de despojo.
El martes de la semana pasada, agentes de la Policía Investigadora Ministerial, PIM, ejecutaron la orden de aprehensión girada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia contra 28 campesinos, 18 de ellos copropietarios de un predio de 161 hectáreas al que llaman Las Salinas Viejas y que tienen en posesión desde hace 30 años y que de acuerdo a los inversionistas de la empresa Los Médanos Ixtapa SA de CV, los despojaron de su propiedad que en el 2007 compraron a María Teresa Rodríguez Rodríguez.
Uno de los campesinos, Bulfrano Chamú Suárez, logró salir en libertad luego de que su abogado, Dorian Niño Gallegos, mostrara al coordinador de la PIM el amparo que le otorgó el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Acapulco; no corrió con la misma suerte su compañero Audel González Torres y el yerno de éste, Fernando Farfán Bravo, quienes desde el martes por la noche permanecen en el penal de esta ciudad y el juez que lleva la causa penal les impuso una fianza de 120 mil pesos a cada uno.
El sábado por la tarde, la actuaria de dicho juzgado, acompañada por los abogados del despacho Olea & Olea Abogados, que en este litigio representan a la empresa, así como por policías ministeriales y municipales, acudió a darles posesión del terreno en el cual los inversionistas tienen proyectado construir un desarrollo turístico e invertir más de 100 millones de dólares.
En declaraciones vía telefónica ese mismo sábado luego de la diligencia, el abogado Xavier Olea Peláez, informó que ante la petición de los abogados de Los Médanos Ixtapa en el sentido de que le restituyeran a sus clientes el terreno, ordenó que se llevara a cabo la diligencia, “acompañados por policía municipal y policía ministerial”.
Dijo que durante la diligencia no hubo ningún contratiempo, al tiempo que consideró que el juez “está llevando las cosas conforme a derecho, estimo que se ha percatado de un delito, de la existencia de la presunta responsabilidad de los inculpados y él tiene la obligación legal de restituir, como lo hizo, el predio a sus legítimos propietarios”.
Más adelante, el conocido abogado aseveró que aunque ya les fue restituida la propiedad, la denuncia penal contra los 28 campesinos va a continuar, “sí, nosotros nos esperamos que en el transcurso de algunos días seguir deteniendo a algunos personajes que invadieron el predio”.
Al cuestionarle el por qué continuar con la denuncia penal si los inversionistas ya recuperaron su propiedad, Olea Peláez apuntó, “bueno, porque es un delito que se persigue de oficio y entonces ellos tendrán que reparar el daño que causaron no nada más invadieron sino que causaron daño en el sentido de retrasar la inversión”.
Añadió que “estamos a disposición de los campesinos ofreciéndoles desde ahorita que van a tener trabajo en Los Médanos, tanto previo como posterior al inicio de la inversión, lo que la empresa quiere es desarrollar turísticamente y darle fuentes de trabajo a los acusados y a los residentes de la localidad de Barrio Nuevo, eso es lo más importante que desea la empresa”.
Se le planteó la posibilidad de que los campesinos que están en la cárcel no podrán trabajar en Médanos.
“Bueno, pero no todos van a estar en la cárcel, es decir, hay muchos que pudieran estar en la cárcel, pero la gente que vive en Barrio Nuevo no toda está en la cárcel, nosotros no tenemos nada en contra de la localidad, al contrario, tenemos el interés de que se desarrolle ese poblado y darle fuentes de trabajo a todas las personas humildes que viven por ahí.
Por su parte, ayer domingo, el abogado de los campesinos, Dorian Niño Gallegos, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre esa diligencia, al tiempo que señaló que el juez incurrió en irregularidades al restituir la supuesta propiedad “porque no era el momento procesal para que decretara esa medida, no debió ordenar esa diligencia hasta en tanto no dictara sentencia definitiva, es más, todavía ni siquiera dicta auto de formal prisión o libertad bajo fianza a los dos campesinos que están en la cárcel y él ya regresó el terreno”.
Adelantó que interpondrá un recurso de amparo contra la medida del juez, además de que junto con sus clientes estarán pendientes de lo que vayan a hacer los inversionistas “toda vez que el propio juez, al restituirles el terreno, estableció que no podrán hacer absolutamente nada en tanto este juicio no concluya”.
Niño Gallegos dijo también que el viernes de la semana pasada, los afectados interpusieron una denuncia en la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos contra la actuación de la PIM, así como del agente auxiliar encargado por ministerio de ley de la agencia del Ministerio Público del fuero común por considerar que hay violación a sus derechos humanos.
Además, dio a conocer que este lunes, cinco campesinos con sus respectivos amparos, se presentarán a comparecer ante el juez.
Uno de los copropietarios, Rafael Galeana Paniagua, denunció que los policías ministeriales y municipales “nos buscan como si fuéramos peor que delincuentes, desde el sábado ponen retenes en las entradas y salidas de Barrio Nuevo, hacen recorridos por todo el poblado, se estacionan en frente de nuestras casas para intimidar a nuestras familias, nos andan buscando hasta en el terreno, es un acoso las 24 horas del día”.
Añadió que ante esa situación y debido a que “se están prestando al juego de los abogados de la empresa, no nos queda más que estar escondidos, ahora tenemos que escondernos porque sinceramente tenemos temor de ser golpeados por los ministeriales, pero por otro lado, nosotros estamos dispuestos a seguir defendiendo nuestra propiedad hasta las últimas consecuencias, hasta llegar al fondo”.
“Le hacemos un llamado al gobernador porque los abogados de la empresa dicen que cuentan con su apoyo y por eso están haciendo esos males contra todos nosotros, ahora ellos dicen que nos van a dar empleo, para nosotros eso es una burla mientras por otro lado nos persiguen como delincuentes; también queremos decirle al gobernador que ya estamos empezando a tener el respaldo de otros grupos sociales que se están solidarizando con nosotros porque están viendo todas las arbitrariedades que el gobierno está dejando que nos hagan”.
Por su parte, el copropietario Bulfrano Chamú Suárez, quien es el tesorero del grupo, pidió la palabra para rechazar los señalamientos hechos por el abogado Xavier Olea contra el defensor de los campesinos, “él declaró que según el compañero Audel González le aseguró que nosotros le dimos 100 mil pesos a Dorian para que pagara nuestros amparos y que como no lo hizo, éstos no tuvieron efecto y que encima nos robó el dinero, eso no es cierto porque yo soy el que recibe las cooperaciones y hasta el momento no le hemos dado ni un peso a nuestro abogado”.