Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

El Sur: una sentencia contra Zeferino

Con su sentencia absolutoria del jueves pasado, el juez segundo de Primera Instancia en Materia Civil, Rosalío Barragán Hernández, estableció las bases para poner fin al proceso originado por la demanda que el hermano del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, Alberto Torreblanca, interpuso en 2007 contra El Sur por un daño moral inexistente.
De esa manera el juez exhibe la ausencia de un motivo real para proceder contra este diario, y confirma que el litigio obedeció al insano capricho del entonces gobernador, por aquellas fechas en su segundo año de ejercicio, de silenciar o aniquilar a un periódico que no era de su agrado.
Es probable que Alberto y Zeferino Torreblanca apelen la sentencia, pero también es muy probable que el fallo sea confirmado una y otra vez en las siguientes instancias, pues el juez sustentó su resolución en los criterios establecidos por la Suprema Corte para esta clase de controversias, consistentes en la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Cono recordarán los lectores, Alberto Torreblanca alegó “daño moral” por una nota publicada el 5 de junio de 2007 en El Sur, en la que empresarios de la construcción lo señalaron como socio o participante de la empresa Corporación Constructora Analú, que había sido beneficiada por el gobierno de su hermano Zeferino con un contrato de adjudicación directa de 18 millones de pesos para realizar obras de reparación en escuelas públicas.
La demanda fue presentada el 25 de septiembre de aquel año, y notificada a El Sur el 11 de octubre. La demora de casi cuatro meses entre la publicación de la nota y la presentación de la demanda tiene relevancia, pues significativamente el 17 de septiembre Zeferino Torreblanca estalló en cólera contra El Sur porque la información sobre la noche del Grito de Independencia incluyó las cuatro rechiflas que el ex gobernador recibió de los asistentes.
Cuando el mismo 17 de septiembre El Sur le requirió su opinión acerca de las manifestaciones de repudio, el contador Torreblanca no respondió a las preguntas, sino que desató su ira contra el periódico. Así contestó: “Es la visión de un reportero y un periódico” y “con todo respeto, noto mucha amargura, noto ver todo mal, noto ver todo con las vísceras y pensar que el festejo todo fue mal. Yo tengo una opinión distinta”. Esa “opinión distinta”, que no quiso expresar, es la que precisamente buscaba la reportera que lo entrevistó. Pero en lugar de responder sobre el tema, acusó a El Sur: “Tienden estos reporteros o estas reporteras y este periódico a resaltar lo malo, lo negro, la amargura, y no resaltar lo positivo que fue reunir a 15 mil ciudadanos en Chilpancingo” para el Grito… “Son dos ópticas: una es muy amargada, la otra a la mejor es razonablemente optimista, pero finalmente estas son las libertades de las que gozamos hoy en México y en Guerrero”. Las libertades a las que el ex gobernador aludió en su respuesta son casualmente las que arrolló al arremeter contra el diario. Ocho días después de ese incidente presentó Alberto Torreblanca la demanda contra El Sur, en la que exigía una indemnización de diez millones de pesos por el “daño” que la información presuntamente le había provocado en su estabilidad emocional (no podía socializar porque se burlaban de él, adujo).
Como los lectores saben, no era la primera vez que el ex gobernador del PRD montaba en cólera por alguna información publicada en estas páginas. Pero en lugar de desmentir, aclarar o puntualizar las informaciones, Zeferino Torreblanca solía atacar públicamente a El Sur y a sus reporteros. Hacia septiembre de 2007 eran ya numerosas las agresiones verbales y el hostigamiento sistemático del gobernador en contra de nuestro diario, todo lo cual empezó en los primeros meses del 2006 mediante la injustificada negativa a contratar en estas páginas publicidad oficial y mediante la presión a otras instancias de gobierno para que tampoco lo hicieran. Se trataba de un gobernante movilizado en contra de un medio de información con el evidente objetivo de silenciarlo. El 9 de junio, a raíz de los datos publicados sobre la adjudicación que la Secretaría de Educación había hecho a favor del grupo de empresas en las que estaba Constructora Analú, Zeferino Torreblanca había prácticamente amenazado con abandonar sus rabietas públicas y adoptar otra clase de acciones contra El Sur, pues declaró: “Que se espere El Sur o que se espere quien sea para ver qué determinación voy a tomar de acuerdo a lo que a mí me convenga”.
La determinación que tomó fue la demanda firmada por su hermano pero elaborada en las oficinas del gobierno. Era evidente entonces, como lo es ahora, que el artero golpe fue una decisión de Zeferino. De ahí que en ella fueran incluidos cuatro reporteros que no habían intervenido en el reportaje sobre el contrato de la SEG, pero que con frecuencia cubrían actividades del gobernador. Más tarde se sabría que el contador Torreblanca encargó a su asesor Arturo Martínez Núñez, hoy también asesor de Ángel Aguirre Rivero, supervisar la confección de la demanda contra El Sur.
Seis años después, el juez Barragán Hernández estableció –como lo dijo este diario siempre– que nada hay de ilícito en el hecho de que El Sur haya publicado la información sobre aquel contrato, pues “ese medio de comunicación se limitó a dar a conocer lo dicho o declarado por un tercero, cumpliendo únicamente una función transmisora de lo dicho por otro”.
A partir del criterio de la Corte, el juez recuerda que, “por consiguiente, el responsable de cuanto se diga en las declaraciones reproducidas es su autor material, siendo esto lo que se denomina un ‘reportaje neutral’, caso en el cual los comunicadores no tienen el deber de verificar o calificar si la intromisión en la intimidad o incluso las aseveraciones de los terceros, que pudieran tener efectos sobre la reputación o el honor de una persona tienen relevancia pública o no, y por ende, si son legítimas, pues en este caso, exigir ese deber generaría un reparto de responsabilidades entre aquellos que participan en la comunicación de información, lo que restringiría injustificadamente la libertad de expresión y el derecho a la información”. (El Sur, 19 de julio de 2013).
El juez precisa que, en consecuencia, “las notas publicadas son producto periodístico de investigación y que de ninguna manera debe ser considerada generadora de un hecho ilícito, ya que en ningún momento existió intención de dañar, sino sólo de informar”. Es precisamente por esa razón que el hermano del ex gobernador “no probó los elementos constitutivos de la acción de responsabilidad civil derivada de la comisión de un acto ilícito”, concluyó el juez.
El ex gobernador Zeferino Torreblanca pretendió utilizar su poder para castigar el ejercicio libre del periodismo, aspiración que distingue a El Sur con los resultados que sus lectores pueden constatar día a día. A esa clara y absurda manifestación de autoritarismo puso freno la sentencia judicial a favor de este diario.

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