Mi libertad es absoluta, dice Paz y Puente; pide que el gobernador lo reivindique

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A dos días de haber sido liberado, al considerar el juez que no existieron elementos para imputarle el delito contra la administración de justicia, por la liberación  de los 24 detenidos tras el desalojo violento de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, el ex subprocurador, Alejandro Hernández Paz y Puen-te, dijo que su libertad es absoluta.
El ex subprocurador de Control Regional y Procedimien-tos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ofreció ayer una conferencia de prensa en el restaurante de su propiedad, ubicado en la calle 5 de Mayo, mainetras afuera se encontraban apostados soldados del Ejército y policías del estado.
Explicó que su libertad fue absoluta, después de que se comprobó que su actuación no fue errónea, ni incorrecta y adelantó que analizará si demanda para que se le resarza el tiempo que estuvo en la cárcel.
De entrada, Paz y Puente dijo que se encuentra agradecido con Dios, y con  su familia, en especial su madre, su esposa, sus amigos y sus compañeros abogados, que, dijo, nunca lo dejaron solo.
Al evocar las causas de su encarcelamiento –del 5 de julio de 2012 al 26 de julio pasado–,  recordó que el 12 de diciembre de 2011, la capital del estado “se vio sacudida por un acontecimiento que marcó la vida de la sociedad”, porque derivado de la manifestación de los normalistas intervinieron autoridades estatales y federales “resultaron privados de la vida dos estudiantes (Alexis Ayala Pino y Gabriel Echeverría de Jesús) y el trabajador de una gasolinera (Gonzalo Ricas Cámara)”.
Ofreció sus condolencias a los familiares y deseó que las autoridades pronto esclarezcan estos hechos, “para satisfacer el clamor de justicia” de sus deudos.
Recordó que fueron detenidos 24 estudiantes de Ayotzinapa, y puestos a disposición del  agente del Ministerio Público del Fuero Común, para integrar la averiguación previa correspondiente.
Pero explicó que al día siguiente de la represión, el 13 de diciembre, tras “haber realizado el análisis de las constancias de investigación que hasta ese momento existían, y habiendo analizado la probable responsabilidad de estos estudiantes, se determinó de manera motivada ponerlos en libertad”.
Pero explicó que ésta se autorizó con las reservas de ley, para permitir a la autoridad continuar la investigación, para que si después se encontraban elementos que comprobaran su presunta responsabilidad en la comisión de un delito, el Ministerio Público estuviera en la posibilidad legal de ejercitar acción penal contra ellos.
Dijo que su obligación como subprocurador fue verificar y vigilar el debido actuar del MP.
“Yo puedo asegurar que verifiqué que el acto fuera fundado y motivado, por consiguiente, no se puede considerar que mi actuar o el actuar de la representación social hubiese sido erróneo o incorrecto”, dijo.
Incluso informó que de los 24 estudiantes, uno de ellos (Gerardo Torres), fue puesto a disposición con un AK 47, “pero cuando se resolvió su situación jurídica, de manera fundada y motivada, el Ministerio Público consideró que no había elementos para ponerlo a disposición”.
Sin embargo, declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) “se dolió en el sentido de que se puso en libertad, según su criterio, de manera errónea a estos 24 estudiantes: esa fue la imputación que hizo la federación en mi contra y en contra de diversos ex servidores públicos y fue la imputación que tuve que afrontar de manera legal, internado en el Centro de Reinserción Social de esta capital”.
Pero agregó que “afortunadamente la calidad de mi trabajo fue debidamente calificada y supervisada por un juez, y después de haber analizado todas y cada una de las circunstancias que motivaron en su momento mi detención, se estableció que mi trabajo lo desarrollé de manera adecuada, y que no existieron elementos para poderme imputar el delito contra la administración de justicia, por haber permitido la liberación  de los 24 estudiantes” y por eso su conclusión fue de no culpabilidad.
“Soy el primer ex servidor público totalmente absuelto, con calidad de cosa juzgada, estableciéndose que yo no soy responsable de los hechos que me fueron imputados por la federación”, subrayó y dijo que se siente “fortalecido, contento y con la frente en alto”.
Paz y Puente también agradeció al gobernador Ángel Aguirre, “por su confianza depositada en su servidor, para desempeñar el cargo de subprocurador”.
Aseguró que no defraudó al gobernador, pues “desempeñé el cargo en los términos exigidos, tomando en consideración la protesta que en su momento realicé”.
Y luego, agregó que en su momento, de considerarlo pertinente, “sería justo” que el gobernador lo reivindique ante la sociedad, “porque soy una persona honesta, que fui sometida al criterio judicial y estoy aquí, nuevamente, de frente a la sociedad, listo para afrontar cualquier reto”.
También expresó que de su parte está “a la orden”, para seguir apoyando al gobernador.
Paz y Puente se quejó, también, porque en la edición de El Sur del sábado, se le denominó “ex presidiario”, pues explicó que el término es para aquél que  está en libertad luego de haber compurgado una pena, que fue sentenciado y encontrado culpable, lo que claramente no fue su caso.
Los funcionarios que están procesados por la misma causa son el también ex subprocurador César de los Santos, la fiscal regional María Severiana Peña Flores y la MP Rocío Cruz Méndez; los dos primeros enfrentan su proceso en libertad y la tercera sigue en el penal de esta capital.