Acuerdan exhumar cuatro cadáveres para investigar los crímenes contra los desplazados por la violencia de La Laguna

*En un recuento, familiares y autoridades estatales suman 27 homicidios en cinco años, de los cuales sólo hay ocho averiguaciones. Se deslinda el procurador Iñaki Blanco, pues dice que no se puede hacer responsable de lo que sus antecesores no trabajaron

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y representantes de las familias desplazadas por la violencia de las comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores, municipio de Coyuca de Catalán, así como dirigentes de organismos civiles de derechos humanos, acordaron la tarde de ayer la exhumación de cuatro cadáveres como parte de las investigaciones para el esclarecimiento de los homicidios.
En el encuentro con el procurador se aclaró que son 27 los homicidios que se han cometido del 2007 al 2012, de los cuales solamente en ocho se han integrado las averiguaciones previas correspondientes.
El 22 de julio, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Alejandro Ramos Gallegos, quien se encarga del caso dijo que son 30 los homicidios en este lapso y que sólo había siete averiguaciones previas.
La reunión se realizó la tarde de ayer en la sala de juntas de la Procuraduría de Justicia del estado.
El encuentro fue un acuerdo de las familias desplazadas y los representantes de organismos civiles con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPYPC), Sergio Javier Lara Montellanos y el procurador el 22 de julio, un día después de que hombres armados pretendieron atacar a las familias que radican en la comunidad de La Palma II, anexo de la Unión, municipio de Ayutla, cuando dos de los agresores fueron muertos por la Policía Ciudadana.
A la reunión de ayer asistieron ocho mujeres que representaron a las familias desplazadas que todavía se encuentran en Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán; dos más que representaron a las familias que radican en La Palma y otras dos que representaron a las que se encuentran en Tepango, también del municipio de Ayutla.
Asistieron el director del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada; el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Alejandro Ramos Gallegos y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.
Al salir de la reunión, a la que se le impidió la entrada a reporteros, Olivares Hernández informó que se recontaron los homicidios de las comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores, los que sumaron 27 en los últimos cinco años, pero que de éstos solamente en ocho se ha llegado a la integración de la averiguación previa.
“Esto nos indica que institucionalmente la Procuraduría de Justicia del estado no ha hecho lo que legalmente le corresponde y que el Ministerio Público no cumple con su papel de integrar las averiguaciones previas de los delitos que se cometen y, como consecuencia, no investiga”, denunció.
Añadió que el procurador Blanco Cabrera se deslindó de ello y manifestó que él no se hace responsable de lo que otros procuradores no hicieron.
Olivares Hernández informó que el funcionario estatal se comprometió a iniciar las investigaciones de todos los homicidios y que como parte de estas indagaciones acordaron la exhumación de cuatro cuerpos.
Los cadáveres corresponden a los de los hermanos Celso y Rafaél Chávez Segura, así como a Fortino Méndez Segura y José Ochoa Segura.
Sin embargo, Olivares Hernández dijo que el procurador y las representantes de las familias no acordaron la fecha en que se realizarán las exhumaciones.