Detalla la Siedo sobornos de Zetas en el gobierno de Humberto Moreira

Henia Prado y Sonia Del Valle Lavin / Agencia Reforma

Ciudad de México

El titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) detalló ayer cómo operaba la red de protección que el grupo criminal de Los Zetas tejió en Coahuila durante la administración de Humberto Moreira.
En conferencia de prensa, el titular de la SIEDO, José Cuitláhuac Salinas, reveló que además de los siete funcionarios públicos que servían a los zetas y de los cuales ya se tenía conocimiento, otros dos agentes ministeriales de la Fiscalía de Coahuila, un policía de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y otro agente estatal, están arraigados en relación con los hechos.
Además, al presentar los avances en las investigaciones sobre el caso Salinas aseguró que Humberto Torres Charles, hermano de Jesús Torres Charles, ex Fiscal de Coahuila, estaba encargado de “mantener el control al interior de la Fiscalía general del Estado a fin de que se desviara el curso de las investigaciones que tenían que ver con dicha organización”.
Hasta ahora se sabía que Humberto Torres Charles recibía un pago mensual de 300 mil pesos por parte de Los Zetas, pero las autoridades no habían detallado cuál era su función dentro del grupo criminal.
Humberto Torres Charles -quien se encuentra prófugo- fue director de asuntos jurídico de la Secretaría de Salud de Coahuila cuando presuntamente recibía el pago de los zetas.
Hasta ahora la SIEDO ha identificado a 11 funcionarios implicados en la red de protección a los Zetas. Cuatro están detenidos con orden de formal prisión, otros cuatro están arraigados y tres más están prófugos de la justicia.
Ayer, Salinas afirmó que las detenciones en marzo, agosto y noviembre de 2011 de integrantes de los zetas permitieron conocer e identificar a los integrantes de su red de protección en Coahuila.
El funcionario dejó claro que las investigaciones no están cerradas y recordó que la PGR ofrece una recompensa de un millón de pesos por cada uno de los prófugos, incluyendo a Torres Charles.
Entre los detenidos con orden de formal prisión están Manuel Jesús Cícero Salazar, Viejo loco, ex director de la Policía Operativa de la Fiscalía General de Coahuila, quien informaba a los Zetas sobre operativos de la dependencia estatal, quitaba retenes para que los vehículos del grupo pasaran sin problemas e identificaba a criminales de bandos contrarios. Mensualmente recibía medio millón de pesos.
También está Sergio Tobías Salas, Tobogán, subdirector regional de la Fiscalía General de Coahuila, quien efectuaba operativos en Piedras Negras, Ciudad Acuña, Monclova, Torreón y Saltillo mediante los cuales transportaba droga, contrabando, cometía secuestros y homicidios.
La ex subdelegada de procedimientos penales B de la PGR en Saltillo, Claudia González López -también detenida y con formal prisión- manipulaba los hechos para que los zetas detenidos fueran acusados por delitos no graves y con ello obtuvieran libertad bajo fianza, por un pago de 100 mil pesos al mes.
En tanto, el agente ministerial Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, por 30 a 50 mil  pesos, tenía la encomienda de informar sobre los movimientos de la policía estatal.
Bajo arraigo de 40 días desde el 6 de marzo se encuentran Juan Fermín Medina Torres, agente de la Policía Investigadora del estado; Cuauhtémoc Rosales Galindo, policía investigador; Enrique Sánchez Zapata, policía estatal y Álvaro Martínez de la Fuente, policía federal ministerial.
Además de Torres Charles, están prófugos el ex Jefe Regional de la AFI, Enrique González Nava, quien tenía a su cargo la repartición de 600 mil pesos  entre sus agentes, y Jorge Luis Valbuena Flores, un policía federal que recibía 70 mil  pesos al mes por alertar sobre operativos y “limpiar” la carretera cuando pasaba droga, armas o dinero.

Exigen a la CNBV informar sobre la deuda de Coahuila

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregar la información relacionada con la deuda pública de Coahuila entre 2007 y 2011 y elaborar un expediente público sobre el particular.
La CNBV había señalado que la información estaba reservada, con el argumento de que se trata de la cartera crediticia de instituciones de la banca de desarrollo.
El recurso de revisión, estudiado por la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, revocó la respuesta de la CNBV, ya que la deuda está relacionada con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Nacional Financiera (Nafin).
Ambas instituciones, explicó Peschard, forman parte de la administración pública federal y por tanto no pueden invocar la causa de confidencialidad prevista en la ley, dado que están sujetas al régimen de rendición de cuentas.
La comisionada propuso que la CNBV elabore versiones públicas y proporcione la información solicitada.