El gobierno debe dar alimentación, vivienda y salud a los desplazados, dice protocolo de la ONU

*Están entre las personas más vulnerables del mundo, afirma la organización. Tienen que ser reinstalados en sus pueblos con garantías de seguridad, agrega

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), considera que los “desplazados internos” por la violencia están entre las personas más vulnerables del mundo, en estados como Guerrero, donde el problema se ha recrudecido en los últimos dos años, los gobiernos federal y estatal aún no aplican el protocolo que establecen los organismos internacionales para estos casos.
De acuerdo a la ACNUR y a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) para la protección y la sobrevivencia de los desplazados internos, los gobiernos locales tienen que aplicar protocolos que les garanticen, de entrada su seguridad, así como velar porque se cumpla su derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y a la alimentación.
Sin embargo, en el caso de Guerrero, organismos como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), han denunciado que los gobiernos estatal y federal no están aplicando esos protocolos internacionales a pesar de que cada día se incrementa la cantidad de las familias desplazadaqs por la narcoviolencia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aún no ha publicado ni puesto en marcha el protocolo en la materia que anunció el 3 de julio del 2012.
En su pagina de Internet, la ACNUR establece que los “desplazados internos” son “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
Agrega que estos grupos “están entre las personas más vulnerables del mundo. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país”.
Establece que “en determinadas circunstancias, pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados (conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), con la diferencia de que los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aún en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida”.
De los protocolos para la protección de esta población, el organismo establece que estos desplazados tienen una amplia gama de derechos  económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, “incluido el derecho a asistencia humanitaria básica (recibir alimentos, medicamentos y alojamiento), el derecho a estar protegido contra la violencia física, el derecho a la educación, la libertad de movimiento y residencia, derechos políticos como el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a participar en actividades económicas”.
El documento de la ACNUR además establece que, “los desplazados también tienen el derecho a recibir asistencia de las autoridades competentes para un retorno, reasentamiento y reintegración dignos y en condiciones de seguridad, incluyendo la ayuda para recuperar las propiedades y posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos. Si esa recuperación no es posible, deben ser indemnizados o recibir otra forma de reparación justa”.
En general, los protocolos internacionales establecen que las autoridades nacionales “tienen la obligación y responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción”.
Sin embargo, de acuerdo al secretario técnico de la Redgro, Manuel Olivares Hernández, organismo que da seguimiento al caso de los desplazados de La Laguna y Hacienda de Dolores, municipio de Coyuca de Catalán, mismos que se encuentran refugiados en el municipio de Ayutla, los gobiernos estatal y federal no están cumpliendo con estos protocolos, pues lo único que les están dando son “paliativos y dádivas” que no resuelven de fondo su problema de sobrevivencia, como tampoco les dan garantías de seguridad.
Por otra parte, la CNDH no ha puesto en marcha el protocolo que anunció el 3 de julio del 2012 para las víctimas de desplazamiento interno.
A un año del anunció de la creación de un protocolo para atender a las víctimas del desplazamiento interno en México, el organismo no lo ha puesto en marcha, pues según el propio Olivares Hernández primero tiene que emitir su publicación, un trámite que no se ha hecho.
La CNDH informó el 3 de julio del 2012 que el protocolo de los desplazados sería un instrumento para que autoridades, defensores y víctimas, conocieran las obligaciones que el Estado tiene para atender a las personas desplazadas durante su traslado a las comunidades receptoras.