Jesús Mendoza Zaragoza

Regulación de policías ciudadanas  y comunitarias

Cada día se complican más las cosas. No hay quien pueda detener las brutalidades del crimen organizado en todas las regiones de Guerrero al tiempo que crecen los desencuentros entre las organizaciones de seguridad ciudadana, entre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y las fricciones entre éstas y los gobiernos federal y estatal. Y, lo peor, parece que se endurecen las posiciones y las divergencias se hacen cada vez más visibles. Hay acusaciones y atropellos entre unos y otros. Como si las cosas no estuvieran en condiciones tan críticas por la presencia de las organizaciones criminales, las contiendas ahora se dan entre las citadas organizaciones ciudadanas de seguridad y el Ejército, la Marina y las diversas policías. Ciudadanos y militares se desgastan mientras los criminales siguen haciendo de las suyas.
Lo más grave es que nos estamos permitiendo cosas que deberían ser inadmisibles en tiempos tan críticos como los que vivimos: que se generen y se desarrollen dinámicas violentas adicionales entre las fuerzas armadas y las organizaciones ciudadanas. Hay una actitud insana entre estos actores que los desgasta y no logran armonizar esfuerzos en favor de la paz; y si esta actitud se mantiene las cosas se complicarán más.
Hay una verdad que es inobjetable en torno a la seguridad y la paz: éstas no vendrán sin la colaboración entre autoridades y sociedad. De hecho, los gobiernos lo han reconocido y han hecho llamados a la participación, aunque la entienden un tanto acotada. Y hay un gran sector de la sociedad que permanece inerme en el miedo y en la apatía. No así las policías comunitarias y ciudadanas que han vencido el miedo y han tenido que tomar en sus manos la responsabilidad de la seguridad de las regiones donde están enclavadas. De hecho la colaboración que se ha dado entre autoridades y policías ciudadanas ha sido tormentosa, ya por intereses o ya por confusión en los roles o por los vacíos legales en torno al tema.
Por un lado, la CRAC tiene una propuesta que ha construido con la experiencia de 17 años, pero se ha estado desgastando en líos internos que no le permiten que esa experiencia se expanda de manera ordenada y progresiva. La base social que tiene es consistente pero necesita generar una actitud de apertura al diálogo con las instituciones del Estado. Cuenta con estatutos de mucho valor que les dan certeza en sus procedimientos y actuaciones en sus comunidades a partir de los usos y costumbres de sus comunidades. Por lo que toca a la UPOEG, ha tenido un crecimiento vertiginoso y sorpresivo que manifiesta que ha respondido a necesidades muy sentidas de las comunidades que han acogido su actuación para proporcionar seguridad. Se ha propuesto crear un sistema de seguridad y justicia ciudadana que aún no se concreta ni se consolida, lo que ha dado pie a algunas arbitrariedades y atropellos, similares a los de las policías formales. Ambas organizaciones son muy valiosas en cuanto que representan intereses de los pueblos pero tienen que aprender a accionar estrategias no violentas para impulsar o defender sus derechos. Los bloqueos de carreteras no son los mejores medios para hacerlo porque violan derechos de terceros.
Por otro lado, a las autoridades, tanto federales como estatales, civiles como militares, les ha faltado oficio político para dar respuestas puntuales a la sociedad y a estas organizaciones. En primer lugar, han mostrado su fracaso en su obligación básica de dar seguridad a la población y han dado lugar a que surjan otros actores que lo hagan con bastante eficacia. En segundo lugar, no han sabido aprovechar el surgimiento de actores como la CRAC y la UPOEG para establecer una relación de corresponsabilidad, respetando la naturaleza ciudadana de estas organizaciones mediante un proceso abierto de diálogo y de búsqueda. Y andan obsesionadas por desarmar a estas organizaciones en lugar de desarmar a los grupos criminales.
La cuestión está en la capacidad de lograr un esquema de corresponsabilidad entre autoridades y sociedad para frenar la inseguridad y avanzar hacia condiciones que favorezcan la paz. Tiene que ser un esquema que reconozca la naturaleza de ambos, donde la autoridad sea la garante de la ley y de los derechos de los ciudadanos y la sociedad tenga amplios espacios de participación, incluyendo la posibilidad de generar organizaciones propias y de deponer a las autoridades que no funcionan. Es necesaria una legislación que regule esta colaboración y que defina formas específicas de corresponsabilidad.
¿Cuál es la identidad de las policías ciudadanas o comunitarias? ¿Al servicio de quién están? Estas cuestiones son fundamentales en un contexto en el que las policías, todas las policías institucionales, están en el rango más bajo de confianza social, porque tienen una configuración que las vincula más con el poder que con la sociedad, cuando son utilizadas para cosas extrañas al bien común. Hay que tomar en cuenta que muchas policías tienen vínculos con el crimen organizado y que se han ganado la desconfianza y hasta el desprecio de la sociedad. ¿Acaso las policías ciudadanas tendrían que ser meros apéndices de estas policías? ¿Tendrían que entrar a las dinámicas de corrupción que se dan en el interior de los aparatos oficiales de seguridad y de las relaciones políticas?
La idea de que las policías ciudadanas estén vinculadas a sus comunidades de procedencia es la mejor. Que sean elegidas, supervisadas y controladas por las asambleas de los pueblos y que respondan ante ellas. De esta manera se avanza en la democratización de la seguridad y, según mi punto de vista, habría un quiebre sustancial con relación al modelo de seguridad pública que no ha funcionado, para dar seguridad. Las policías ciudadanas pueden ser un espacio confiable en la medida en que responden a los intereses de las comunidades y en que se estructuran de manera democrática. Estas policías deben estar respaldadas por una legislación que determine sus derechos y sus obligaciones ysus vínculos con otros cuerpos de seguridad, ya policiacos o militares. Creo que este esquema no atrae mucho a las autoridades ni al sistema político, precisamente, por su componente democrático donde las comunidades ejercerían el poder de una manera más consistente y pondrían en evidencia las inconsistencias de los niveles de gobierno establecidos en la medida en que no estén orientados al bien común. Se trata de empoderar a las comunidades en el tema de seguridad para que participen de manera decisiva y plena.
Se necesita una ley que regule a las policías ciudadanas a la medida de las comunidades y no a la medida de los intereses del poder, ni del constituido ni del mafioso. Urge una ley clara y con hondo sentido social para que se terminen estos enfrentamientos desgastantes entre militares y policías ciudadanos, para que no se vean como adversarios sino como compañeros en el esfuerzo por la seguridad de los pueblos. Una ley que proteja a las policías ciudadanas de los riesgos de ser utilizadas con fines políticos, facciosos o mafiosos y las mantenga en la senda de las comunidades que las constituyen.
Es tiempo de lograr lucidez y de abandonar esta irracional confrontación en el tema de seguridad. No estamos para darnos esos lujos. Es tiempo de dialogar poniendo por delante el interés de la sociedad. Contar con policías ciudadanas puede ser un elemento muy importante, no solo para lograr la seguridad anhelada, sino también para andar en la ruta de la construcción de la paz. Es claro que esta iniciativa tiene que ubicarse en el contexto del avance democrático y del desarrollo integral de los pueblos.