Tlachinollan

La embestida militar contra los  sistemas de seguridad comunitarios

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

*Las autoridades, además de no enfrentar con contundencia al crimen organizado, apoyan las amenazas del Ejército a la policía comunitaria y ciudadana que son las que están poniendo a salvo a las poblaciones ante la crisis de inseguridad que se vive en el estado.

El mapa delincuencial del estado de Guerrero nos señala las regiones que están bajo el control del crimen organizado. Son territorios minados por la violencia y el terror que desangran la vida de centenares de familias abandonadas a su suerte. En estos enclaves las autoridades municipales cayeron bajo las garras de la delincuencia, y ahora prefieren trabajar con ellos para no perder los privilegios que alcanzaron con el poder que ostentan. Ante este resquebrajamiento del sistema de partidos, la población dejó de confiar en la clase política cuyo único mérito ha sido prostituir los procesos electorales para satisfacer sus instintos de poder. La venalidad de las autoridades municipales y estatales dieron al traste con las conquistas democráticas alcanzadas a pulso por una sociedad civil que logró romper con el monopolio del poder impuesto por los grupos caciquiles.
La nueva configuración del poder que vive en amasiato con los grupos de la delincuencia ha desencadenado una conflagración que tiene al borde de la exasperación a centenares de familias que no encuentran otra alternativa que huir de sus mismas comunidades. Esta crisis de seguridad la están pagando muy caro los pueblos pobres que viven de su fuerza de trabajo. Los municipios de la Tierra Caliente, Zona Norte, La Sierra y el corredor de la Costa Grande están bajo el fuego de las armas de los grupos de la delincuencia que buscan imponer su hegemonía en las regiones que son estratégicas para el florecimiento de la economía criminal.
De nueva cuenta en Guerrero centenares de familias están siendo desplazadas  de manera forzada por estos grupos sin que las autoridades prevengan y atiendan en su justa dimensión estos graves atentados a la seguridad, al patrimonio y a la integridad física y psicológica de niños, niñas, jóvenes, mujeres y ancianos. Es totalmente inverosímil que en estas regiones las instituciones del Estado no funcionen y que se muestren incapaces de contener la avalancha delincuencial, dejando más bien el campo abierto para que de manera impune tomen por asalto las poblaciones, lleguen a las plazas públicas y secuestren a cualquier ciudadano o ciudadana.
En un estado tan pobre son ofensivos los gastos millonarios que se destinan a los cuerpos de seguridad supuestamente para velar por la tranquilidad y la convivencia pacífica de la población. El modelo de seguridad está diseñado para proteger tanto a los funcionarios públicos como al mismo sistema político. Lejos estamos de contar con un modelo de seguridad ciudadana, donde los derechos de la población se transformen en la principal preocupación de las autoridades.
Este aparato represivo deja en evidencia que no está puesto para proteger y servir a los ciudadanos y ciudadanas. No es una elucubración, sino una realidad trágica que indigna por la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento inmenso que están enfrentando las familias que al interior de sus hogares no concilian el sueño ante los riesgos inminentes de que esa misma noche o al siguiente día puedan ser víctimas de una acción delincuencial. En las mismas ciudades, la gente está planeando cambiarse de lugar y sucumbir en sus planes de mejoramiento económico. Empieza a pesar mucho el sinsentido de la vida, la resignación, pero sobre todo los fantasmas del miedo y la desesperación. Es un insulto ver patrullajes del Ejército con las armas apuntandole a la población como mero espectáculo de la guerra, sin que tenga un impacto real en la tranquilidad y sobre todo en la aplicación de la ley contra los profesionales de la muerte y la violencia.
Esta connivencia de facto que se percibe entre los grupos de la delincuencia y los actores armados del Estado pone en tela de juicio la estrategia guerrerista que, tanto los gobiernos panistas como priistas han implantado a nivel federal. Para ambos gobiernos la militarización está justificada como un componente de la política de seguridad que han impulsado en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, sin embargo, en Guerrero, a la presencia militar subyace la pretensión de que funcione con fines de contención social, como ha sido una constante histórica en la entidad.
Con la llegada del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto quiso vender la idea de que cambiaría esta estrategia bélica y que se abocaría a atender las causas de la violencia estructural. También enfatizó una estrategia preventiva centrada en “reconstruir el tejido social y el bienestar en la sociedad”. Han pasado nueve meses y en el país la estrategia guerrerista sigue cobrando centenares de víctimas a la usanza calderonista. En Guerrero en los dos gobiernos perredistas, la violencia y la pobreza continúan a la alza como recientemente ya lo constataron el Inegi y el Coneval. Hoy los grupos de la delincuencia organizada nos han transformado en espectadores y rehenes de la violencia ante la inacción de las autoridades y la colusión de las corporaciones policiacas y de las mismas fuerzas armadas.
Por parte de la población civil, desde junio de 2012, cuando los habitantes de Huamuxtitlán se vieron orillados a tomar las armas para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada que contaban con el apoyo de las autoridades municipales y de la policía ministerial, hasta la creación de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo en diciembre de 2012, se veía venir una oleada surgida desde las entrañas de los pueblos para salir a las plazas públicas y desmantelar las estructuras de la delincuencia enquistadas tanto en la misma población como en las instituciones del Estado.
En los primeros días de enero emergió un movimiento sin precedentes por parte de los pobladores del municipio de Ayutla, que en sus inicios fue bautizado por algunos medios de comunicación como grupos de autodefensa. Este movimiento logró conformar el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria que ahora abarca 12 municipios de la Costa Chica. Fue la UPOEG quien impulsó esta iniciativa que trató de articularse a la CRAC, pero que lamentablemente por diferencias en los estilos de trabajo y en la concepción de este sistema, los caminos de una lucha común que enfrentan los pueblos se bifurcaron y que ahora el gobierno, que tiene como punta de lanza al Ejército, se ha aprovechado de estas falencias para reprimirlos.
Por su parte la CRAC desde noviembre de 2012 hasta la fecha creó una nueva Casa de Justicia con sede en El Paraíso, en Ayutla logrando incorporar decenas de comunidades pertenecientes a ese municipio además de Tixtla, Atlixtac, Olinalá y Huamuxtitlan. Durante estos meses el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la CRAC ha tenido que lidiar con los grupos de la delincuencia y con el mismo Ejército y la Marina. Las autoridades federales y estatales han focalizado su atención en la forma como se coordina y realiza los trabajos de seguridad en estas regiones. En lugar de entender las razones de esta lucha existe una aversión y un intento de desarticulación de los grupos de la Policía Comunitaria.
En esta misma tesitura el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana está siendo hostigado fuertemente por el Ejército para contener su fuerza e impedir que continúen incorporando comunidades que pertenecen a municipios que son catalogados como estratégicos para la seguridad nacional, como Acapulco y Chilpancingo. La preocupación del Estado no está centrada en la seguridad ciudadana, más bien temen que la misma ciudadanía se encargue de desmontar estructuras delincuenciales que están soportadas por los mismos aparatos represivos del Estado. La entrada de los grupos de la Policía Ciudadana a Xaltianguis, municipio de Acapulco prendió los focos rojos en la institución castrense porque representa el desafío a su poder y a su mismo quehacer. Es una interpelación pública de la sociedad que reclama resultados en el campo de la seguridad y del orden público. Los operativos de alto impacto realizados por esta Policía Ciudadana en Tierra Colorada y varios municipios de la Costa Chica ha propiciado en las altas esferas del Ejército y de las mismas autoridades federales una postura de mayor endurecimiento contra estas formas de organización ciudadana, que se han visto obligadas a retener a los mismos elementos militares por no respetar a los policías del pueblo que han puesto en riesgo sus vidas para restablecer el orden y desarticular las bandas del crimen.
Ahora toda la fuerza del Estado se está concentrando contra los diferentes sistemas de seguridad y justicia de los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero. Ya no importa tanto la coartada construida a nivel federal de combatir al narcotráfico, sino concentrar la fuerza para contener el movimiento social y en este caso específico impedir que los pueblos recuperen sus instituciones comunitarias y ejerzan efectivamente sus derechos colectivos. El desarme que han realizado contra autoridades de la Policía Comunitaria y los grupos de las Policías Ciudadanas son intentonas represivas para desalentar la organización de base que es el fundamento de estos movimientos alternativos que buscan devolverle al pueblo la tranquilidad y la estabilidad social.
En esta semana que concluyó vimos dos expresiones contrastantes: por un lado los altos mandos del Ejército tomaron la decisión de desarmar a la Policía Ciudadana de El Pericón, municipio de Tecoanapa, por otro lado la población salió en defensa de sus policías y se vio obligada a retener a cerca de 100 elementos del Ejército mexicano quienes han estado acostumbrados a allanar los territorios de las comunidades indígenas y campesinas como si no hubiesen autoridad civiles que están nombradas para cuidar su espacio territorial e impedir que se atente contra su patrimonio. Esta osadía generó enojo entre las autoridades castrenses que reclamaron al gobierno federal su tibieza y su complacencia ante estas acciones de la población civil. La respuesta fue nuevamente emitir un ultimátum a los Sistemas de Seguridad y Justicia Comunitarios que en diferentes momentos se han confrontado con elementos del Ejército dentro de sus mismos territorios. En la Secretaría de Gobernación el gobierno federal junto con el gobierno del estado fueron portavoces de la postura del Ejército que se ha negado a dialogar con la ciudadanía y las autoridades comunitarias. Para ellos, como lo han expresado en varios medios de comunicación, las policías comunitarias y ciudadanas son ilegales. No reconocen los sistemas normativos de los pueblos indígenas, por el contrario los descalifican y los tratan como si fueran grupos delincuenciales, por ello se han obstinado en desarmarlos y en impedir que circulen dentro del territorio comunitario, con el pretexto de que portan armas de grueso calibre y no están debidamente acreditados.
El mensaje que han mandado las autoridades federales y estatales es sumamente delicado, porque están defendiendo al Ejército a ultranza ignorando las resoluciones que han emitido  los organismos internacionales de derechos humanos ante la diversidad de casos de violaciones graves a derechos humanos cometidos por militares y que han quedado en la impunidad. Las autoridades han hecho tabla rasa del marco legal internacional que con la reforma constitucional de derechos humanos forman parte de nuestro sistema jurídico. En lugar de atender tanto las resoluciones internacionales como los reclamos de la ciudadanía, las autoridades federales y del estado están concentradas en dar cumplimiento a las exigencias del Ejército de desconocer a los Sistemas de Segu-ridad y Justicia Comunitarios. Esto explica el boletín oficial que emitieron las autoridades reunidas en Gobernación, donde condenaron la retención de los militares en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoana-pa. Les advirtieron que no tolerarán más acciones de este tipo y que no habrá más diálogo con ellos mientras no haya “respeto al marco legal que nos regula”.
¿Quién va respetar a quién? y ¿quién va a proteger a quién? Resulta que las autoridades castrenses y civiles no están garantizando la protección que demanda la población y tampoco están res-petando el marco legal de derechos humanos que nos rige. Ahora, ante esta crisis de inseguridad las autoridades además de no enfrentar con contundencia y eficacia a las bandas del crimen organizado, se colocan del lado del Ejército para justificar su accionar haciendo eco de estas posturas de endurecimiento para desacreditar y amenazar a los cuerpos de seguridad comunitaria y ciudadana que son los que realmente están poniendo a salvo a las poblaciones que han tomado en sus manos la defensa de sus derechos fundamentales.