Militares sólo instalarán los comedores y luego se irán, afirma Rosario Robles

Militares sólo instalarán los comedores y luego se irán, afirma Rosario Robles

*La Sedesol y no la Sedena debe encargarse de la Cruzada contra el Hambre, plantea la CRAC de El Paraíso

*Si los soldados van a “cocinar alimentos” que dejen a los pueblos defenderse, dice Nestora Salgado t Intentan fuerzas castrenses desarmarlos y amenazan con desaparecerlos, denuncian autodefensas de Ayutla

*Pide la dirigencia de la UPOEG que se reanude el diálogo con los gobiernos federal y estatal y en especial con el Ejército

Los militares sólo instalarán los comedores y luego se irán, afirma Rosario Robles

*Inaugura la titular de Sedesol en La Montaña los primeros comedores comunitarios

Carmen González Benicio

La Soledad, Tlapa

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, puso en marcha aquí el programa nacional de comedores comunitarios y brigadas médicas, de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, con el apoyo de militares que realizan actividad  social en la comunidad de La Soledad.
La funcionaria anunció que se instalarán 500 comedores en las regiones Montaña y Costa Chica con el apoyo de militares, pero aclaró que los soldados sólo estarán las primeras semanas y se irán, por lo que el comité correspondiente deberá hacerse cargo con el presupuesto asignado, pues “el dinero es del pueblo y se tiene que usar”.
Pidió al comité de La Soledad que defina quién necesita el apoyo del comedor, a quién le  hace falta y que la prioridad son los niños, las embarazadas y los adultos mayores.
Dijo que se iba tranquila de que en la región impera el deseo de paz, “porque nos dijeron que veníamos a una zona peligrosa”.
Mencionó que las acciones del gobierno federal no eran políticas asistencialistas, “no, aquí vamos a trabajar todos, no sólo se va a poner la mano, y entre todos lo vamos a hacer, piden que se compongan las aulas de la escuela, es responsabilidad del gobierno, pero podemos traer los materiales y en una sola jornada la levantamos, ¿o no?”, preguntó, y los asistentes respondieron que sí, aunque un grito de “no” se escuchó a lo lejos.
Agregó que el gobierno federal impulsa varias acciones, como las brigadas de salud, obras de agua potable, de drenaje, y se han firmado convenios con la Comisión Nacional del Agua para llevar el líquido a donde se necesite y con la Comisión Federal de Electricidad para dotar del servicio de energía eléctrica.
Habló de la ampliación del programa Oportunidades, de Liconsa, del seguro para jefas de familia, y de “65 y más”, entre otros.
En su intervención por parte del gobierno del estado, la secretaria de Sedesol, Beatriz Mojica Morga, dijo que era bueno que llegaran los apoyos al estado y que se debe aprovechar la oportunidad porque la pobreza se combate en grupo y no de forma individual.
Agregó que los comedores no son asunto del Ejército y que la gente debe hacerse cargo de ellos para que funcionen, y que allí no había colores ni intereses sino motivación por ayudar a la gente.
El alcalde de Tlapa, Victoriano Wences Real, informó que hay una inversión de 180 millones en diversas obras y proyectos en el municipio y que se instalarán 10 comedores.
Dijo que en las acciones no se ven ideologías de partidos y pidió que el programa no se desvíe de su motivo principal, que es combatir el hambre.
Reconoció el trabajo del Ejército, que lo ha ayudado de forma solidaria con varias acciones en el municipio.
La directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Mayorga, dijo que en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre se estaban haciendo 10 obras en servicios de agua por 33 millones de pesos en comunidades de Tlapa; de drenaje en 14 por 36 millones, y tres ejes carreteros por 66 millones de pesos.
La presidenta del comité de La Soledad dijo que es un pueblo abandonado y que era bueno porque el comedor ya funcionaba,  “no creíamos porque siempre vienen políticos y prometen cosas y nunca se hace nada, ahora esperamos que se lleve y cumpla las peticiones que le hacemos, porque somos un pueblo abandonado, dígale eso al presidente y su esposa”, dijo.
En la actividad entregaron apoyos productivos de cría de guajolotes, de pollos y de producción de miel a mujeres de Tlalquilzingo y La Soledad.
La actividad programada para la una de la tarde inició a las tres con el arribo, en helicópteros, de las funcionarias federales y estatales que venían de las cabeceras municipales de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, donde también se inauguraron comedores.
Al lugar no llegó la presidenta del DIF, Laura del Roció Herrera de Aguirre, quien trascendió las acompañó en los primeros lugares.
La gente de las comunidades de la Providencia, La Soledad, Ahuatepec, Ejido, Tlaquilzinapa y trabajadores de instituciones estatales y federales en la región fueron citados desde las 11 del día para estar en el acto y ante la espera les repartieron una fruta.
El acto cerró después de una hora y de las intervenciones de los funcionarios, en los que se distinguió la presencia de los militares que realizan sus actividades de “labor social” en La Soledad.
La visita de la funcionaria fue con fuerte presencia militar, municipal y policía estatal, y la gente que acudió al lugar era obligada a caminar, no pudieron entrar con vehículos salvo los funcionarios conocidos.
Se dijo que el filtro fue para evitar que llegara más gente de la prevista al lugar. Robles Berlanga no quiso dar entrevistas y argumentó que era porque se despedía de la gente.

En busca de la foto

La titular de la Sedesol federal recorrió el comedor comunitario en busca de buenas fotos con los niños para incluirlas en un informe al presidente Enrique Peña Nieto.
El comedor se instaló en la escuela primaria de la localidad de La Soledad, del municipio de Tlapa.
La funcionaria inició su recorrido por el lugar y los militares le informaron de menú del día, el costo del platillo y a quiénes serían servidos; para ello ya estaba un grupo de niños que serían los primeros.
La funcionaria recorrió los stands que los militares colocaron para las consultas médicas; le dijeron que las enfermedades más recurrentes detectadas son las de la piel, seguidas por las de los ojos y los parásitos.
La titular de la Cdi, Nuvia Mayorga, le dijo que era por falta de agua y Robles contestó que también por la falta de baño.
Siguieron al área de corte de pelo, donde se encontraban varias familias, y pasaron al de herrería y electrónica.
Regresaron al comedor, donde los niños estaban siendo atendidos bajo una lona roja por los militares.
Las fotos no fueron buenas para la funcionaria, que posó mientras platicaba con los niños, pues no tenían calidad para subirlas a  twitter, se escuchó decir a sus asistentes.
Le dijeron que las fotos no eran buenas y que debía acercarse a los niños nuevamente, pero esta vez fue con los que aún esperaban en la fila su plato.
Ahí la luz era más adecuada. Nuevamente se acercó para hacerles preguntas. Y ahora sí le confirmaron que las fotos eran buenas y siguió su paso hacia el acto en la cancha de basquetbol.
Nuevamente se oyó a su equipo decir “tómale buenas fotos, serán el informe que le entregue al presidente”.

Apoyamos la campaña de “un México sin
hambre”, responde general a comunitarios

El comandante de la 27 Zona Militar, el general Mario Lucio González Cortés, dijo que el Ejército participa en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y por eso la presencia de los militares el lunes en territorio de la Policía Comunitaria en Ayutla, que causó la protesta de la CRAC.
González Cortés inauguró ayer por la mañana la exposición itinerante “Facsímiles de la Nación y Constitución de 1824 y 1917, Moneda e Historia”, en el Centro Cultural Acapulco conocido como Casa de la Cultura.
En declaraciones al terminar el acto inaugural y recorrido por la exposición, al comandante de la 27 Zona Militar se le preguntó por la inconformidad que ha generado la presencia del Ejército en territorio de la Policía Comunitaria, pero el jefe militar no respondió la pregunta y habló sobre la exposición y la realización de un concierto.
Se le insistió en el tema y respondió: “yo creo que este no es el momento, porque estamos viendo los facsímiles, esto yo creo que sería cosa de verlo con las autoridades correspondientes que es el gobierno, que es el que está viendo esta situación”.
Al reiterarle que las comunidades señalan al Ejército como invasor en sus territorios, González Cortés dijo que el Ejército trabaja “en coordinación con el gobierno, con las autoridades correspondientes federales, estatales y municipales”.
Confirmó que en Ayutla, Tecoanapa y San Luis Acatlán tienen “cocinas comunitarias que están apoyando a la campaña de un México sin hambre”.
–Precisamente eso es lo que ha provocado la inconformidad de la Policía Comunitaria –se le recordó.
–No sabríamos decirle que está… pero nosotros estamos proporcionando los beneficios a la población y están ahí colocadas y ahí van a estar por 10 días y están sirviendo a la sociedad, a los niños, a las señoras, a las personas de la tercera edad y estamos atendiendo ese asunto.
Se le mencionó que los inconformes señalan que llevar cocinas comunitarias no es función del Ejército, sino que deberían brindar seguridad en las regiones donde hay familias desplazadas por la violencia, y el general González Cortés dijo que el Ejército con el Plan DN-III E realiza labor social, “y lo hemos venido realizando desde hace muchos años, esta es otra parte de las actividades que realizamos y vamos a seguir desarrollando durante el tiempo que sea necesario como una de las funciones como instituto armado”.
Cuando se le preguntó sobre las acciones del Ejército luego de que el pasado 5 de agosto los integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadano de la UPOEG retuvieron a los militares en El Pericón, el comandante de la 27 Zona Militar reiteró que ellos trabajan en coordinación con el gobierno federal y estatal. (Dhaniel Velázquez)

Pide la UPOEG que se reanude el diálogo con el gobierno federal y estatal y en especial con los militares

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) demandó a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) que gestione ante el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, para que intervenga ante la Secretaría de Gobernación a fin de que se restablezca una mesa de diálogo con el gobierno federal y con el estatal, y que se invite a la misma a la comandancia de la Novena Región Militar.
En un boletín la Codehum informó que su presidente, Juan Alarcón Hernández, recibió ayer a promotores de la UPOEG, encabezados por Manuel Vázquez Quintero y Gonzalo Torres Valencia.
En respuesta a la petición, el ombudsman estatal, mediante un oficio, solicitó la intervención de Martínez Garnelo “para que se logre la reapertura del diálogo con las autoridades antes señaladas”.
Dijo que el propósito de esta gestión es que los derechos humanos sean respetados por  autoridades federales, estatales y municipales.
Alarcón Hernández reiteró a integrantes de la UPOEG que está convencido de que el diálogo es el mejor medio para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos.
El 5 de agosto, integrantes de la autodefensa de la UPOEG y ciudadanos de El Pericón, municipio de Tecoanapa retuvieron durante más de 34 horas a 100 efectivos militares que desarmaron a tres miembros de la policía ciudadana. Las demandas fueron la devolución de las tres armas, y que cese el hostigamiento del Ejército a los miembros de la autodefensa, y se denunció el contubernio de un jefe militar, de apellido Brom, con el crimen organizado.
Cerca de ahí, en el crucero de Las Ánimas, los ciudadanos y la UPOEG retuvieron a otro grupo de militares que supuestamente iban a rescatar al primero, que se encontraba rodeado por vecinos y miembros de la autodefensa que no les permitían retirarse pero tampoco los tenían encerrados. Además, la UPOEG bloqueó la carretera federal en El Pericón, y en Tierra Colorada, en Xaltianguis y Ayutla, para impedir la llegada de más soldados de refuerzo.
El martes 6 los ciudadanos levantaron el bloqueo de las carreteras y liberaron en la mañana a un grupo del Ejército, y en la noche dejaron libre también al destacamento militar que desarmó a los tres policías ciudadanos, como resultado de un acuerdo con funcionarios del gobierno estatal y federal, encabezados por Martínez Garnelo, que acudieron a El Pericón a dialogar.
El jueves 8, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido, fue recibido por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, y el gobernador Ángel Aguirre en la ciudad de México, pero en lugar de dialogar, le dijeron que no tolerarán la retención de militares y que no habrá más diálogo si esa organización no respeta a las instituciones.
Fue una ruptura del gobierno federal y estatal, que se expresó en un boletín oficial. Sin embargo, Bruno Plácido y Martínez Garnelo dijeron que el diálogo no estaba roto, y ahora, la UPOEG busca reanudarlo. (Redacción).

Intentan militares desarmar a autodefensas de Ayutla y amenazan con desaparecerlos, denuncian

Después de los bloqueos del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la comunidad de El Pericón, Tecoanapa el 5 y 6 de agosto cuando retuvieron a 100 soldados, el Ejército ha intentado desarmarlos, denunciaron esa organización en Ayutla.
Los integrantes de la autodefensa dijeron ayer que temen más a los militares que a la delincuencia organizada, pues con el hostigamiento les prohíben patrullar con sus escopetas y al interceptarlos los agreden verbalmente y los amenazan con desaparecerlos.
En el municipio de Ayutla existen más camiones de las fuerzas castrenses que de la Policía Municipal, que ahora sólo resguardan el Ayuntamiento y sus alrededores.
En su Casa de Justicia de Ayutla, los policías ciudadanos quienes omitieron sus nombres, detallaron que desde el martes los militares han intentado entrar ahí para llevarse el armamento a pesar de que en una primera revisión el viernes mostraron que sólo tienen las armas permitidas para vigilar sus comunidades, pero a cada grupo de soldados que llega les tienen que rendir cuentas.
Informaron que el fin de semana les decomisaron diez escopetas pero horas más tarde les fueron devueltas, sin embargo en el tiempo en que estuvieron sin esas armas circularon en el lugar camionetas grandes que nadie conocía y que ni el alcalde puede costear. Cuando les regresaron las armas les dijeron que no violaban los acuerdos.
“Nuestro trabajo lo hacemos por el bien común sin cobrar un peso, pues en poco tiempo hemos logrado que Ayutla y Tecoanapa bajaran sus índices delictivos en un par de meses, hasta en un 90 por ciento, mientras que las autoridades establecidas nunca lograron eso en años”, mencionó un policía ciudadano.
Debido al acoso constante del Ejército, pidieron a los medios de comunicación que informen a la población y solicitaron al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que cese el hostigamiento pues la Policía Ciudadana no está en contra del sistema gubernamental, sino de los delincuentes. (De la corresponsalía / Ayutla de los Libres).

Pide la CRAC de El Paraíso que la Sedesol y no la
Sedena se encargue de la Cruzada Contra el Hambre

Si los soldados van a “peinar señoritas y cocinar alimentos” que dejen a los pueblos autodefenderse, dice Nestora Salgado. Demandan al gobierno estatal un millón de pesos al mes, 25 camionetas y 500 radios de comunicación porque hacen labores de seguridad. Acuerdan una marcha el domingo en Tixtla contra la militarización y la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso, Ayutla, recriminó ayer que el gobierno federal utilice a los militares para la Cruzada Contra el Hambre, “cuando el país y el estado se encuentran de cabeza” por lo que llamó a que sea la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y no la de la Defensa Nacional (Sedena) la que esté al frente de dicho programa federal.
La coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado, en conferencia de prensa la tarde de ayer dijo que si el gobierno federal va a “ocupar” a los soldados para “peinar señoritas y para cocinar alimentos, entonces que mejor nos dejen organizar a los ciudadanos para nuestra autodefensa”.
En el barrio de El Santuario en Tixtla, junto a las autoridades comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso, criticó la postura del coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, en el sentido de que van a ser expulsados de la agrupación por los bloqueos que realizaron el 6 de agosto cuando en Tecoanapa coincidieron con las bases de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Denunciaron que los militares continúan abarcando diversas comunidades indígenas, sobre todo de la Costa Chica y de la Montaña de Guerrero, sin que hayan pedido permiso a las autoridades comunitarias.
En la conferencia estuvieron los consejeros y promotores adscritos a El Paraíso, Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Miguel Vitrago Reyes, quienes advirtieron que en caso de que el gobierno del estado siga dando su apoyo a las autoridades castrenses van a realizar acciones de protesta en los próximos días.
Nestora Salgado se dijo ofendida con las actuaciones del Ejército porque, “estos elementos están realizando acciones que le corresponden a los ciudadanos, además de que no permiten que los ciudadanos realicen las funciones de autodefensa”.
Criticó que no haya resultados del trabajo de los soldados en materia de seguridad, por lo que aseguró que no son garantía de que se reduzca la delincuencia en las comunidades.
“El Ejército debería de desarmar y detener a los delincuentes y no a nosotros que estamos defendiendo a la ciudadanía”, expresó la dirigente de la Policía Comunitaria.
Los integrantes de la CRAC entregaron a los reporteros dos documentos, uno con las peticiones a los gobiernos municipal, estatal y federal que resumen en 10 puntos, “exigimos respeto a nuestra institución comunitaria, a nuestros pueblos y a todo lo que comprende nuestro territorio comunitario”, “tenemos derecho al libre tránsito, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que respetar ese derecho”, “planteamos el desistimiento de las órdenes de aprehensión giradas contra miembros de nuestra CRAC-PC”, “la devolución de las armas retenidas a nuestros compañeros policías comunitarios”.
El punto número cinco dice, “ante la pobreza de nuestra gente y la falta de infraestructura de servicios básicos exigimos la planificación de un Plan de Desarrollo Comunitario para los pueblos donde tiene presencia nuestra CRAC-PC” y sigue, “un presupuesto a nuestra CRAC-PC del Paraíso como un derecho de los pueblos, puesto que la federación destina un presupuesto para el rubro de seguridad. Y nuestra institución al proveer seguridad a una población muy importante de nuestros municipios tiene ese derecho. Se plantea un presupuesto de un millón de pesos mensuales para la Casa de Justicia de El Paraíso”.
A su vez piden “la construcción de un centro de reeducación para menores infractores en alguno de los municipios que pertenecen a nuestra Casa de Justicia”, “la donación de 25 camionetas y de 500 radios de comunicación para el mejor cumplimiento de nuestras tareas”, “el establecimiento de una ventanilla del gobierno estatal para tramitar las obras y proyectos productivos urgentes para los pueblos que forman parte de nuestra Casa de Justicia”.
El décimo punto de su pliego petitorio busca, “la salida del Ejército y la Marina del territorio comunitario, que bajo el argumento de la Cruzada Contra el Hambre está tomando comunidades nuestras. Que el trabajo lo hagan secretarías como Sedesol u otros en coordinación con las autoridades de nuestra Casa de Justicia”.
El otro documento que dieron a los reporteros es el mismo que entregaron a los militares el lunes en Ayutla en donde la CRAC exige respeto al territorio comunitario, con fundamento en los tratados internacionales, Convenio 169 de la OIT, Acuerdos de San Andrés, artículo 2 de la Constitución y la Ley 701, en donde se lee, “Les pedimos de manera atenta y respetuosa su retiro de todas las comunidades integradas a la CRAC”, y agrega que la labor social no es de competencia de los militares, que para eso existen instituciones legalmente reconocidas como la Sedesol, el DIF, tipo civil, y sostienen que “consideramos su presencia en nuestro territorio como un acto de provocación e intimidación”.
Termina el texto con la petición de “comprensión” a los militares y lo firman los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso Carlos Morales Chávez,  Bernardino García Francisco, Miguel Vitrago Reyes, Nestora Salgado García, y el coordinador regional Arturo Campos Herrera.

Los planta el gobernador

Antes de la conferencia, por la mañana el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, dejó plantadas a las autoridades comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso, a pesar de que el gobierno del estado había programado una reunión a las 12 del día de este martes.
El coordinador, Arturo Campos Herrera dijo después de que no los recibieron que, “esto es una falta de respeto, ni siquiera nos avisaron con anticipación de que el gobernador no nos iba a recibir”.
Nestora Salgado le dijo al director de Gobernación del estado, Moisés Alcaraz Jiménez, que no se vale que los hayan citado a la reunión y que de un momento a otro les digan que no son recibidos.
El director de Gobernación les dijo que en esos momentos Aguirre Rivero no se encontraba en Casa Guerrero pero que la reunión con ellos no se cancelaba sino se prorrogaba para otro día, pues les dijo que se encontraba en una gira de trabajo.
“No estamos hablando de que la reunión se suspende, sino solamente se prorroga”, aclaró el funcionario ante los coordinadores de la CRAC que esperaban la reunión afuera de la puerta 3 de Casa Guerrero.
Después, en la plática que los miembros de la CRAC iban a tener con coordinadores regionales de los municipios de Olinalá, Huamuxtitlán, Ayutla y Tixtla y en la que se iba a tratar el asunto del hostigamiento e intimidación que sufren del Ejército, acordaron que las acciones las van a realizar después de una reunión más amplia.
Tras el plantón que los líderes de la CRAC se marcharon de la puerta 3 de Casa Guerrero decidieron trasladarse a Tixtla para sostener una reunión y tomar los acuerdos correspondientes.
En ese momento el director de Gobernación, Moisés Alcaraz, no les supo decir el día en que se va a realizar la reunión con Aguirre, a pesar de que las autoridades pedían saber a qué hora y en dónde.
El grupo de coordinadores después de que les suspendieron la reunión realizaron un encuentro en Tixtla, en donde acordaron que el próximo domingo se van a movilizar en esa cabecera municipal.
La principal demanda que van a enarbolar ese día es en contra de la reforma energética que envío este lunes el presidente, Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, pero también en contra de la militarización.