Pide el Congreso de la Unión investigar el asesinato de Raymundo Velázquez

*La Comisión Permanente emite un exhorto al gobierno federal y al gobernador Ángel Aguirre

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó ayer un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal y estatal, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a investigar el asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez Flores.
El cuerpo del dirigente larsista fue encontrado el 6 de agosto en Coyuca de Benítez, atado de pies y manos y con el tiro de gracia junto al de su compañero Samuel Vargas, y dos días después fue encontrado el cadáver de Manuel Solano, que también los acompañaba.
El punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue firmado por los diputados perredistas Carlos de Jesús Alejandro, Víctor Reymundo Nájera Medina y las diputadas Aleida Alavez  Ruiz y Lizbeth Rosas Montero.
En la exposición de motivos los diputados perredistas establecen que el asesinato de luchadores sociales y de defensores de derechos humanos en México “se ha convertido en los últimos años y meses en una práctica recurrente, que habla del alto riesgo que significa actualmente estar comprometidos y comprometidas con las luchas, demandas y la protección de los derechos de los sectores más desfavorecidos como el de las mujeres, indígenas y campesinos, entre otros”.
El documento agrega: “no podemos seguir siendo omisos con los crímenes contra los activistas sociales y defensores de los derechos humanos. No más muertes que quedan impunes, en este ambiente alarmante de inseguridad que permea en todo el país”.
En el punto de acuerdo se mencionan otros crímenes que se han cometido en contra de luchadores sociales en diferentes partes del país, como la “ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros el 30 de mayo en Iguala”.
Añade que en cuanto al homicidio de Velázquez Flores “fue un dirigente indígena, campesino y magisterial, originario de la comunidad mixteca de Cahuatachi, municipio de Xalpatláhuac. Además, había sido un férreo defensor de los derechos humanos de los migrantes y jornaleros agrícolas en Sinaloa, Sonora y Baja California a finales de los años 80”.
Recuerdan que, asimismo, “fue de los primeros en exigir mejores condiciones laborales y salariales de miles de indígenas mixtecos de Guerrero y Oaxaca en los grandes campos agrícolas del norte del país, donde familias enteras de indígenas entre mujeres, hombres y niños viven en casi un ambiente infernal y las peores condiciones de vida que se puedan imaginar”.
En su primer punto, el acuerdo establece que la Comisión Per-manente exhorta a la Presidencia de la República a través de la Secreta-ría de Gobernación para que “a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, otorgue a los familiares de las víctimas las protecciones conducentes, en coordinación con el gobierno del estado libre y soberano de Guerrero. Al mismo tiempo, se informe a esta soberanía acerca de las medidas implementadas al caso”.
En el segundo punto la Perma-nente exhorta al gobernador de Guerrero para que “a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realice una investigación imparcial, exhaustiva, pronta y expedita, sobre el asesinato de Raymundo Velázquez Flores, activista social y defensor de derechos indígenas y campesinos de la Región de la Montaña de Guerrero, y de Samuel Vargas Ramírez y Miguel ángel Solano Barrera, agotando todas las líneas de investigación, entre ellas, las amenazas gubernamentales o la del crimen organizado”.
En su tercer punto piden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que “investigue la probable comisión de actos ilícitos y omisiones por parte de autoridades de distintos órdenes de gobierno por el homicidio y los delitos que resulten en contra del activista social Raymundo Velázquez Flores en el estado libre y soberano de Guerrero”. (Zaca-rías Cervantes / Chilpancingo).