Rechaza la Corte de Brasil apelación de los 25 condenados del “juicio del siglo” ligados al PT

EFE

Brasilia / Río de Janeiro

La Corte Suprema de Brasil rechazó ayer los primeros recursos presentados por los 25 condenados del llamado “juicio del siglo” en Brasil, referido a corruptelas denunciadas en 2005, durante el primer mandato del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La Corte comenzó el análisis de las últimas apelaciones que le caben a los reos y las rechazó una a una, aunque aún resta que sean debatidas otras decenas de recursos presentados por las defensas de los 25 condenados, que fueron juzgados el año pasado y recibieron penas que suman cerca de 280 años de cárcel.
El caso se refiere a un red de corrupción tejida en 2002 por el Partido de los Trabajadores (PT, en el poder), una vez que ganó por primera vez las elecciones el ahora ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de la presidenta Dilma Rousseff.
La corte juzgó el asunto el año pasado y consideró probado que esa red sirvió para financiar campañas en forma ilegal y para sobornar a dirigentes de otros cuatro partidos, a fin de formar la mayoría parlamentaria que Lula no había obtenido en las urnas.
Por este caso han sido condenados 25 políticos, empresarios y banqueros, entre quienes figuran importantes dirigentes del PT en la época, como José Dirceu, entonces ministro de la Presidencia y considerado como la “mano derecha” de Lula.
Los recursos que comenzaron a ser juzgados ayer se refieren a asuntos de carácter técnico, como supuestas omisiones en el proceso, unas alegadas contradicciones en las penas y justificativas de las condenas que los abogados defensores consideraron poco claras.
Por otro lado, la Policía brasileña dispersó ayer con gases lacrimógenos y balas de goma las manifestaciones que se registraron en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, en las que se protestaba contra distintos casos de corrupción.
En Sao Paulo se realizaron sendas manifestaciones, frente a la sede de la Cámara Municipal y de la Asamblea Legislativa regional..
En ambos casos, los manifestantes protestaban contra un supuesto fraude en la concesión de contratos ferroviarios, en el que se investiga la participación de multinacionales del sector y de funcionarios públicos.