Ordena un juez la detención de Caro Quintero con fines de extradición a EU

*Debe responder a acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero que se le atribuyen en una Corte de California. En ese expediente se le acusa también del asesinato del agente de la DEA

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Un juez federal giró ayer una orden de detención provisional con fines de extradición en contra del capo Rafael Caro Quintero, por delitos de narcotráfico y lavado de dinero que se le atribuyen en una Corte Federal de California, Estados Unidos, informó la PGR.
A partir de este miércoles, cinco días después de que fuera liberado por un tribunal de Jalisco, Caro Quintero nuevamente vuelve a ser fugitivo, ya que es buscado por la PGR y las diversas corporaciones federales, para ponerlo a disposición de un juzgado federal.
El expediente que el narcotraficante tiene pendiente en California es precisamente donde le atribuyen el crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en febrero de 1985, sin embargo, la PGR no precisó si en esta solicitud se pidió su extradición por el delito de homicidio.
La Procuraduría informó esta tarde en un comunicado que una vez que Caro sea detenido y puesto a disposición de un juez, el gobierno norteamericano contará con 60 días para presentar la solicitud formal de extradición, en los términos que dispone el Tratado de Extradición celebrado entre los dos países.
En el texto no ofreció detalles de los delitos por los que es requerido el capo sinaloense, sin embargo, la acusación que existe desde 1989 en la Corte Federal del Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles, imputa a Caro más de 20 cargos.
Entre otros ilícitos, le imputa crímenes violentos y conspiración para cometerlos como miembro del crimen organizado; conspiración para secuestrar y secuestro de un agente federal, complicidad y homicidio intencional de un agente federal, siendo este último delito por el que podría ameritar la pena de muerte.
En el pasado reciente, México negó las extradiciones de narcotraficantes porque serían sujetos a penas que la legislación nacional consideraba como inusitadas, como son el caso de la cadena perpetua o la pena de muerte.
Sin embargo, Estados Unidos cambió su estrategia y en algunos casos omitió en sus solicitudes de extradición los delitos que ameritaban esos castigos o, incluso, presentaba cartas compromiso que garantizaban que el extraditable no sufriría la aplicación de una pena prohibida por la Constitución mexicana.