Publica el gobierno estatal un plan oficial de reparación de daños a los afectados por el desalojo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

De manera formal, el gobierno del estado reconoció su responsabilidad en el desalojo policiaco de estudiantes de Ayotzinapa, a través del Plan integral de la reparación de daños para las víctimas afectadas por los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011 en la carretera México-Acapulco, publicado en el diario oficial del estado de Guerrero, fechado el 6 de marzo de 2012, que comenzó a circular ayer.
La publicación del plan señala que la actuación irregular de algunos servidores públicos derivó en la violación de derechos humanos, y en este sentido “el gobierno del estado ha reconocido su responsabilidad y ha actuado en consecuencia desde el primer momento, tanto para investigar cómo para sancionar a los responsables, como para atender a las víctimas y garantizarles sus derechos”.
En el plan se destaca que, además de este reconocimiento, es necesaria la intervención extraordinaria del estado para reparar a las víctimas con acciones concretas de atención psicológica, jurídica y de indemnización.
En el tema de acceso a la justicia, donde las procuradurías del estado y federal así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizan investigaciones, dice que “es un rubro en el que el gobierno avanzará hasta que se determine la verdad histórica de los hechos y se sancione a los responsables”.
En el cuerpo del documento se detalla que la población objetivo del plan son las víctimas y los familiares de los estudiantes, fallecidos en el desalojo violento de estudiantes el 12 de diciembre pasado, cuyos casos serán atendidos en función de la afectación que hayan sufrido en sus derechos, y enseguida se destaca la implementación de medidas para la no repetición en materia legislativa y normativa.
Para su implementación, se anunció la integración de un Comité de Atención Integral constituido por distintas dependencias de gobierno, “que por disposición legal tienen encomendadas las actividades relacionadas con este plan”, y que serán coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social, que periódicamente entregará un informe del avance y nivel de cobertura al gobernador del estado.
Como parte del programa de indemnizaciones, indica que el gobierno del estado “entregará apoyos económicos extraordinarios por concepto de indemnización para todas las víctimas de los hechos del 12 de diciembre de 2012, a partir del padrón que va a elaborar el Comité de Atención Integral”.
Sin proporcionar cifras, indica que la indemnización deberá cubrir necesariamente los gastos o erogaciones en que pudiera incurrir las víctimas para atender las necesidades derivadas de los hechos en materia de salud, rehabilitación y atención psicológica, “sin menoscabo de que estos servicios puedan ser brindados por las instancias del gobierno del estado, si así fuera requerido por las víctimas”.
De acuerdo con los datos publicados en El Sur, en el mitin carretero que se realizó el 12 de diciembre en Chilpancingo, participaron unos 500 alumnos, que representan a toda la comunidad estudiantil, y tras el desalojo policiaco donde intervinieron policías federales, estatales y de ministeriales, resultaron dos normalistas muertos, tres heridos de bala, al menos hubo una veintena de casos de tratos inhumanos y uno documentado de tortura.
En el último punto del decreto, se establece un procedimiento de queja por exclusión o incumplimiento a las disposiciones previstas, ante la Contraloría General del Estado en caso de que se considere.
En conferencia de prensa la tarde de ayer, el vocero de la comisión civil de interlocución, Miguel Álvarez Gándara, luego de una reunión de trabajo en Casa Guerrero informó que la representación recibió la confianza de los familiares de las víctimas y de los abogados de la comunidad estudiantil, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, para discutir los lineamientos generales del plan de reparación de daños a las víctimas.