Aceptan los familiares de los normalistas muertos en el desalojo las condiciones de la indemnización

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Luego de afirmar que una vida es impagable, el vocero de la comisión civil de interlocución que representa a la comunidad estudiantil de Ayotzinapa ante el gobierno estatal, Miguel Álvarez Gándara, informó que en la indemnización a los deudos del desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011, predomina la dignidad de las víctimas y dar un sentido a las muertes que nunca debieron hacer ocurrido, para que se expliquen dentro de un proceso.
En este caso, destacó que “ha dado en el avance en el proceso educativo” de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, como parte de la segunda agenda de trabajo con el gobierno estatal.
En la tercera mesa trabajo en Casa Guerrero, que se realizó sin la participación del gobernador Ángel Aguirre Rivero, el presidente de Servicios para la Paz (Serapaz) indicó que por protocolo y seguridad de los deudos, no conviene hacer públicos los montos de la indemnización.
Luego de la reunión, que duró más de tres horas y fue a puerta cerrada, el coordinador de Proyectos Estratégicos, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, y por la comisión civil de interlocución, Álvarez Gándara, y el catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Arturo Miranda Ramírez, ofrecieron una conferencia de prensa.
Ahí se informó que los familiares de las víctimas aceptaron los acuerdos de indemnización, apegados a estándares internacionales, y en los que Álvarez Gándara destacó que no hubo negociación, “hay acuerdo en que eso es lo que aplica y se está buscando la manera de instrumentarlo, a pesar del dolor y el conflicto”.
Asimismo, destacó que en las mesas de trabajo han logrado avances cualitativos, con instrumentos que se irán dando en la situación de no repetirse las violaciones graves.
Sobre la indemnización que marcaría un precedente en Guerrero, Gándara puntualizó que lo económico no es el indicador, y precisó que se cuidó el predominio de la dignidad de las víctimas y sus familiares, para darle un sentido a las muertes de los estudiantes Alexis Herrera Pino y Édgar Echeverría de Jesús, “que nunca debió haber ocurrido”.
Aclaró que la justicia no es un tema de la comisión de interlocución, cuya agenda está acotada a los asuntos educativos inmediatos y de fondo, donde la investigación y la búsqueda de la verdad son temas que sólo son el contexto.
Sin embargo, afirmó que los actores coinciden en que se haga justicia, y en unas semanas discutirán las modalidades para abrir periodo formal de reforma educativa.
En medio de la situación que reconoció grave y delicada, Álvarez Gándara destacó que el camino de la interlocución ha permitido logros que en el combate mediático o en la calle no se habrían podido conseguir.
Recordó que la agenda educativa de la Normal Rural de Ayotzinapa dio lugar a la movilización del 12 de diciembre de 2011, y tras los sucesos lamentables, lo importante era volver a plantear los problemas en una mesa de trabajo, y que los normalistas reanudaran el diálogo con el gobierno.
Destacó en los acuerdos alcanzados ha habido una gran madurez y convergencia de los actores, “los jóvenes que pudieron seguir en la calle protestando por sus dos compañeros, entendieron que la mejor manera de honrarlos era luchando por la Normal, en donde está su lugar de identidad”.
Asimismo, dijo que el gobierno del estado, a pesar de que la agenda de justicia “es muy compleja”, reconoció que había una materia educativa reconocida “y entonces esto dio lugar al lanzamiento de la convocatoria para el próximo periodo escolar”.
Respecto al proceso judicial del caso Ayotzinapa, Álvarez Gándara admitió que el tema sigue pendiente, “que cualquier día puede volverse a desencadenar”.
Sin embargo, señaló que precisamente los trabajos de interlocución tienen soporte en la disposición y en las aportaciones de solución de las partes, “a través de este mecanismo que ayudan a distensar y que permite que el otro tema, vaya a su ritmo”.
Para terminar, informó que la comisión de interlocución ha tenido acercamientos informales con instancias federales, como la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) para cuidar las condiciones de respeto hacia los estudiantes, “de acercamiento de propuestas y establecimiento de los marcos legales y de derechos humanos que se canalicen, sean los más justos, los más correctos, los más generosos”.