Denuncian campesinos de San José, Alpoyeca, a un abogado que los defraudó

Sergio Ferrer

Tlapa

Un grupo de 12 campesinos del ejido de San José Buenavista en Alpoyeca, presentaron una demanda penal por un presunto fraude cometido por el  abogado Saúl Sánchez Arizmendi, que desde 2010 les pidió 44 mil pesos, para hacer una serie de trámites ante el Registro Agrario Nacional (RAN), pero que a la fecha no les ha entregado  los documentos nuevos ni los originales que le fueron proporcionados.
Se trata de certificados de uso común o parcelario, la mayoría emitidos durante el periodo del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari, de los cuales Sánchez Arizmendi prometió tramitar cambio de título de avecindados a parcelas y cambios de propietario, pidiendo 3 mil 500 pesos a cada campesino que pidieron su asesoría.
Propietarios de tierras ubicadas en el ejido asentado en el municipio de Alpoyeca, presentaron la demanda penal ante la Agencia del Ministerio Público de Huamuxtitlán, el 24 de febrero. Aunque se conoció que son más los afectados en San José Buenavista y otras comunidades,  pero éstos no han optado por la denuncia.
El abogado fue traído de Chilpancingo por el  comisario ejidal, Lázaro Morales, quien al parecer se comunicó por última vez  en julio de 2011 con éste y prometió entregar los documentos, lo que resultó falso.
Alejandro Ramos, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, indicó que si bien la Procuraduría Agraria (PA) no realiza ese trámite, es necesario que efectúe una campaña de información a los campesinos que desconocen los pasos para hacer trámites que pueden ser efectuados directamente en el RAN de manera gratuita para evitar rezago y abusos en la regularización de documentos agrarios.
Cristino Merlín Aguilar  uno de los afectados, dijo en entrevista telefónica que solicitan la devolución de los documentos y el dinero que cada ejidatario entregó al abogado, razón por la cual decidieron emprender una demanda penal “sin vuelta de hoja”.
Merlín Aguilar recordó que en abril de 2010, alrededor de 28 personas de la comunidad de San José Buenavista, adscritas al ejido del mismo nombre, entregaron los documentos de propiedad a Sánchez Arizmendi pero pasó el tiempo, y no les informó nada por lo que en 2011 acudieron a la Procuraduría Agraria, sin embargo, no recibieron asesoría al no encontrarse quien los atendería.