Castigo a funcionarios vinculados al crimen y rotación de mandos militares, exigen empresarios en la capital

*Tenemos desconfianza y no vamos ir a presentar nuestra denuncia con los mismos que están coludidos con los delincuentes”, responden al gobierno del estado los comerciantes y ciudadanos que se han organizado ante la ola de secuestros y extorsiones en Chilpancingo. Piden que acuda la CNDH a “constatar la grave, sistemática y generalizada violación a los derechos humanos”. Las autoridades permiten circular en la ciudad 300 taxis, 60 combis y 80 camionetas de basura que son del crimen organizado, insisten

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Agrupaciones de empresarios, comerciantes, colegios de profesionistas, transportistas y otras organizaciones de la sociedad civil denunciaron que “gran parte del estado de Guerrero se ha convertido en un territorio en donde el control y el poder absoluto lo tienen los grupos criminales y advirtieron que Chilpancingo, “está al borde del estallido social”.
Ayer en conferencia de prensa, los representantes de las aproximadamente 30 asociaciones civiles que el miércoles acudieron a la ciudad de México a entregar un escrito al presidente, Enrique Peña Nieto, en el que narran la situación de violencia e inseguridad que vive la sociedad guerrerense y le piden “restablecer el Estado de Derecho”. En el Distrito Federal también ofrecieron una conferencia de prensa a reporteros de medios de comunicación nacionales y de agencias internacionales.
De regreso en esta ciudad volvieron a denunciar la complicidad que existe de funcionarios de los tres órdenes de gobierno con las bandas del crimen organizado.
En respuesta a la advertencia del Gobierno del estado que mediante un comunicado les dijo que los podría citar a declarar “para que cualquier probable delito sea denunciado ante la Procuraduría de Justicia del estado” y les advierte que la autoridad ministerial “considera citar a quienes han denunciado la comisión de probables delitos  en la ciudad de Chilpancingo, para que de acuerdo con la legalidad se aporten los elementos de prueba y se actúe en consecuencia”, uno de los empresarios, Víctor Manuel Martínez Toledo respondió que eso no es posible porque “tenemos desconfianza y no vamos ir a presentar nuestra denuncia con los mismos que están coludidos con los delincuentes”.
Aunque no definieron un plazo, advirtieron que si la violencia y la inseguridad continúa incontenible, “no tendremos alternativa que tomar la justicia en nuestras manos, ejerciendo nuestro inalienable derecho a la autodefensa, porque el Estado ha incumplido de manera absoluta sus obligaciones primordiales de protegernos”.
Otro de los dirigentes, el de  la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), Apolinar Segueda Dorantes, ya casi al final de la conferencia de prensa dijo, “nos decidimos a hablar con valor porque tenemos miedo”.
El temor de los dirigentes de las agrupaciones, motivó que, incluso, uno de ellos pidiera a los camarógrafos y fotógrafos, antes de iniciar la conferencia, que no enfocaran a nadie en particular, sino que lo hicieran hacia todos y a cada uno de los que estaban sentados en la mesa y aclaró, “aquí no hay dirigentes, aquí somos todos”.
Pidió que las preguntas se hicieran alternadamente a cada uno de los representantes y no a uno sólo, “porque aquí no hay protagonismos, aquí somos un movimiento ciudadano y todos los que estamos aquí estamos en la mejor disposición de responder”, dijo Jaime Nava Romero, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chilpancingo.
El movimiento que han iniciado en contra de la violencia y la inseguridad unas treinta organizaciones, asociaciones y organismos de la sociedad civil, están agrupados en el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero.
Tras la entrega de su documento en la Presidencia de la República y la denuncia en la conferencia de prensa en la ciudad de México el miércoles, el Gobierno estatal respondió con un desplegado en el que les hace el exhorto de que “cualquier probable delito sea denunciado ante la Procuraduría de Justicia del estado” y advierte que la autoridad ministerial “considera citar a quienes han denunciado la comisión de probables delitos  en la ciudad de Chilpancingo, para que de acuerdo con la legalidad  se aporten los elementos de prueba y se actúe en consecuencia”.
Al respecto, el dirigente de la Coparmex, Jaime Nava dijo que después de su visita a la ciudad de México no han tenido contacto con ningún funcionario del gobierno estatal, y que esperan que esta declaración que sólo se hizo a través de los medios de comunicación se las hagan personalmente para concederle la seriedad correspondiente.
Pero el empresario Martínez Toledo respondió que en 3 ocasiones que se han reunido con funcionarios del Gobierno del estado les han pedido las denuncias, pero que les han respondido que existen órganos de inteligencia y de información para que “no necesariamente actúen sólo cuando los ciudadanos presenten las denuncias, porque todos tenemos miedo y desconfiamos, pues vamos a ir a presentar nuestra denuncia con los mismos que están coludidos con los delincuentes”. dijo.
De entrada, en la conferencia de prensa el integrante de la Coparmex y ex presidente municipal de Eduardo Neri, Adrián Alarcón Ríos, leyó el documento dirigido al presidente Enrique Peña Nieto que fue entregado el miércoles en la Presidencia de la República.
El documento dice de entrada que, “Chilpancingo está al borde del estallido social, pedimos al Estado mexicano restablecer el Estado de Derecho de inmediato. Chilpancingo, como gran parte del territorio guerrerense, el control y el poder absoluto lo tienen los grupos criminales, quienes han impuesto al conjunto de la población un feroz sistema de expolio con la complacencia de algunas autoridades y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno”.
Agrega que los comerciantes y empresarios además de que pagan sus impuestos a las autoridades legítimas, “a la par somos obligados a tributar al sistema de retribución criminal bajo la amenaza real de secuestro, tortura, asesinato, o la destrucción de nuestras propiedades”.
Reiteraron que desde el 2011 creció el problema de la extorsión mediante el cobro de cuotas, la clonación de taxis por el crimen organizado, el incremento de los secuestros  por los que la delincuencia cobra de 50 mil hasta un millón de pesos.
Ante esta situación pidieron a las autoridades que hagan, “lo que sea necesario para solucionar el problema y que lleguen hasta donde tengan que llegar”.
Los empresarios concretamente demandaron para resolver el problema que se despliegue  una fuerza federal que erradique del municipio a los grupos criminales y su esquema de extorsiones, que la PGR atraiga los casos de secuestro y extorsión, que se investigue  y ejerza acción penal contra los servidores públicos municipales, estatales y federales que han brindado protección a los grupos criminales y la rotación inmediata de los mandos militares.
Piden al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una investigación y que envíe equipo de visitadores “para constatar la grave, sistemática y generalizada violación a los derechos humanos, a la seguridad pública y a la justicia penal”.
En su documento convocan a las organizaciones y a la sociedad civil a participar “en esta lucha que es por el resguardo de nuestro patrimonio, de nuestras vidas y por el futuro de nuestras generaciones”.
Después, el presidente de la Coparmex, dijo que el pronunciamiento de las agrupaciones  es muy claro, “estamos dando un último voto de confianza, antes de tomar acciones como ciudadanos”.
Adelantaron que en caso de que las autoridades no asuman su responsabilidad en contra de la inseguridad y la delincuencia, la sociedad civil no precisamente asumiría su autodefensa con las armas, “hay acciones de inteligencia y de prevención del delito para proteger nuestras empresas”, informó que ya presentaron un proyecto al Gobierno del estado, “porque nuestra intensión es participar y coadyuvar con el gobierno”, dijo el dirigente de la Coparmex.
Agregó que, por el momento, la intención es que el Gobierno atienda esta demanda de los comerciantes y empresarios, “de los contrario las estrategias las iríamos planteando sobre la marcha y es obvio que no podemos anunciarlas”, explicó ante la insistencia de los reporteros para que precisara qué acciones emprenderían si el gobierno no resuelve el problema de la inseguridad.
El dirigente de la UTD, dijo que “no se puede mantener un Estado de Derecho con violencia, asesinatos y extorsiones”.
Culpó a las autoridades de permitir la existencia de más de 300 taxis pintados con el color oficial y con números clonados, “¿no les da miedo subir a sus esposas, a sus hijos en un vehículo de esos, que no saben para a dónde los lleva?”, preguntó el dirigente transportista a los reporteros.
También culpó a las autoridades de que otras 60 combis fueron metidas con el mismo método, “incluso las 30 del Ayuntamiento las metió la maña”, denunció. Igual dijo que más de 80 camionetas del sistema de recolección de basura privado pertenecen a los grupos criminales.
“Nosotros no tenemos miedo para decirlo, pero tememos por nuestra familia”, dijo y demandó a todos “ponernos de pie: empresarios, comerciantes, profesionistas, todos”, convocó.