El gobierno se niega a investigar los asesinatos de luchadores sociales, dice Sofía Mendoza

De la corresponsalía

Iguala

La regidora perredista Sofía Lorena Mendoza Martínez cuestionó la postura del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien anunció que la PGR rechazó atraer el caso del triple homicidio de los activistas de la Unidad Popular.
El miércoles en Acapulco, el titular de la PGR dio a conocer la decisión de no atraer la investigación del asesinato de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, “por ser un delito del fuero común”.
Consultada ayer al respecto, Mendoza Martínez expuso que “fue un homicidio y hubo privación ilegal de la libertad y tortura, pero si el procurador dice que es un delito del fuero común, espero que al caso de Raymundo Velázquez le den el mismo trato, porque entonces se pondría en evidencia el gobierno de que no le quiere entrar a la investigación de los crímenes de los luchadores sociales”.
Repudió la impunidad en los asesinatos de luchadores sociales en Guerrero, y dijo que “prevalecerá un Estado de derecho fallido, debido a que hay inseguridad, crimen organizado en Guerrero, y con ello demuestra el gobierno que no vale nada la vida de un ciudadano en este país”.
Urgió la intervención de las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional para que pongan sus ojos en México y puedan hacer un llamado al Estado mexicano.
Por otra parte, informó que ya concluyó la entrega de pruebas a la Comisión Instructora del Congreso local para respaldar su solicitud de destitución del alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Dijo que la prueba más fehaciente para la revocación de mandato en contra del alcalde por su presunta responsabilidad en el triple homicidio de los líderes de la UP, “es la denuncia que interpusieron ante la fiscalía regional, del hostigamiento que estaban sufriendo por parte del presidente municipal, su esposa y el secretario de Seguridad Pública, los mismos luchadores sociales un día antes de su desaparición forzada”.
La regidora perredista puntualizó que ya hizo lo que le correspondía en la aportación de pruebas, “ya no está en nuestras manos y ya no tenemos más pruebas que aportar, por lo que debió haberse investigado por parte de las corporaciones procuradoras de justicia, y si no hay voluntad por parte de la autoridad no podemos hacer nada más, ellos son las instancias y el Estado debe garantizar la justicia en los delitos que se cometen y más en este tipo de crímenes”.