Hostigan policías federales y estatales a dueña de terrenos invadidos por la CFE en la capital

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Una invasión que hizo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a terrenos de un particular en 1969 mantiene en la zozobra a la ahora propietaria del terreno, María del Carmen Valenzo Miranda, pues ha sido demandada penalmente en dos ocasiones ante la Procuraduría General de la República (PGR) y en una ocasión –hace un par de meses– intentaron subirla a la fuerza a una patrulla del estado para ser llevada a barandillas, todo por pelear contra la paraestatal.
De su caso ya existe una sentencia del máximo tribunal de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mandata que la CFE tiene que retirar de su propiedad, ubicada en el predio conocido como Huitxicatzin, las torres que sostienen los cables de alta tensión, pero esta disposición no se ha cumplido.
Por las amenazas y por haber agotado instancias, María del Carmen decidió romper el silencio ante los medios de comunicación y dar cuenta del mar de influyentismo y corrupción en que está sumergida la CFE que utiliza a cuerpos de justicia, policiacos y las amenazas para no reconocer que está violando los derechos humanos de una mujer.
Así, dio cuenta de que está en una batalla legal que le ha costado miles de pesos en abogados, dolores de cabeza y estrés que durante la entrevista en su casa le hacen quebrar la voz y aguar sus ojos, pues incluso ha mandado cartas directas al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
En la mayor parte de las denuncias, cartas y citatorios que mostró al reportero están los nombres de quienes reconoce como a una cofradía dentro de la CFE que le cierran el paso una y otra vez, también para que se cumpla la resolución de la SCJN:
El director general divisional de la CFE-Cuernavaca, Morelos, Javier Valencia Barajas, el residente regional de Irapuato, Guanajuato, Javier García Ordoñez y el superintendente de la zona centro de la CFE-Chilpancingo, Joel Roberto Guzmán Estrada.
Incluso mostró un documento en el que se le invita a las instalaciones de la CFE en esta ciudad para una reunión “de carácter resolutivo” apenas en el mes de enero.
Luego de entrar al inmueble, relató, “rodearon el lugar varias patrullas de la Policía del Estado y municipales y me dijeron que me iban a subir para llevarme a barandilla, les dije me mostraran una orden de aprehensión y los acompañaba, pero no traían nada y les dije que sólo muerta me llevaban y un comandante me amenazó ‘no me haga usar el tolete’ y así estuvimos un rato hasta que llegó mi abogado y dijo que yo no había cometido ningún delito”.
“Mientras, los funcionarios ya me habían puesto un cuatro”, agregó.
Exigió a la CFE que cumpla lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia, “pero no atienden las instrucciones del presidente de México, no acatan la resolución de la sentencia emitida por el juez federal, juicio ordinario civil expediente número 10/ 2005 del juzgado primero de distrito del estado de Guerrero cuando es una resolución firme e irreversible, cosa juzgada”.
Luego de la sentencia que no se cumplió, se pregunta “entonces ¿a dónde va a acudir el pueblo de México, a una autoridad civil organizada que rebase al gobierno federal?, ¿qué pensaríamos?, ¿hacer una revolución para que los tribunales desaparezcan?”.
Del caso, recordó que la CFE iba a comprarle el terreno de 8 mil 300 metros en 2001 pero le dieron la mitad del dinero que habían acordado luego de que comprobó que era dueña legítima y contaba con una carta poder expedida por su padres con las que podía escriturar.
“Después de exigirles la otra mitad del dinero, ellos me demandan y gané la demanda por respeto a servidumbre de paso, pero queda extinguida cuando se hace compromiso de compraventa. Demandan y pruebo que hay compromiso de compraventa y les gano, ahora la resolución dice que la CFE tiene que retirar las torres de alta tensión, no hay más”.