Preocupa a Misereor la criminalización que hace el gobierno a defensores en Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El encargado regional de la agencia de cooperación para el Desarrollo de la Iglesia Católica Alemana, Misereor, Eckhard  Finsterer, se dijo ayer preocupado por el patrón de criminalización que algunos funcionarios del gobierno de Guerrero están ejerciendo en contra de los defensores indígenas, en una conferencia de prensa que ofreció ayer en esta capital, luego de su visita el lunes al integrante de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), preso en el penal de Ayutla, Maximino García Catarino.
El enviado de Misereor, acudió a la conferencia de prensa  acompañado por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, para hablar de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como del sistema de procuración y administración de justicia en Guerrero.
Sin embargo, Eckhard  Finsterer, también reconoció que hay algunos avances como la aceptación y el cumplimiento por parte del gobierno mexicano y el de Guerrero de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), en los casos de la violación sexual de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Así como la investigación que se realiza para encontrar y sancionar a los responsables de los asesinatos de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa Alexis Ayala Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, durante el desalojo violento del 12 de diciembre.
En la conferencia de prensa, que se llevó a cabo a las 2 de la tarde en las oficinas de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el encargado de Misereor dijo que a pesar de estos avances hay grupos organizados que todavía reclaman el cumplimiento de sus derechos.
Y luego agregó: “estamos preocupados por la violencia que ejercen algunos funcionarios que asumen una actitud que busca criminalizar agrediendo los derechos de algunos defensores como el caso de Maximino García”, dijo.
Agregó que al indígena se le violentaron sus derechos al ser detenido, amenazado, torturado  y que los agentes que lo detuvieron intentaron extorsionarlo, pidiéndole 24 mil pesos para que lo dejaran en libertad, según le comentó éste el lunes cuando lo visitó en el penal.
Y añadió que, posteriormente, no fue puesto de inmediato a disposición del juez, sino que esto ocurrió dos días después. Además volvió a denunciar que lo tienen encerrado en una celda de 2 por 3 metros en donde hay otros 5 presos y comparó que en su país, Alemania, el tamaño de esa celda se utilizan para las gallinas. En este sentido manifestó que los presos, sean culpable o no, tienen derecho a una estancia en condiciones dignas.
Eckhard  Finsterer, lamentó que se siga el mismo patrón de criminalización en contra de los defensores, pues recordó que hace dos años vino y visitó a otro indígena, Raúl Hernández Abundio, que fue encarcelado en similares circunstancias, y quien después fue dejado libre porque se comprobó su inocencia. Dijo además, que todavía existen órdenes de aprehensión en contra de otros indígenas, “por eso nos preocupa estas acusaciones y detenciones que se están presentando con testigos falsos”, expresó.
En este contexto, el encargado de Misereor, manifestó que espera que Maximino García salga pronto de la cárcel pero que también se castigue a los responsables de su detención.
Por otra parte criticó la impunidad que existe en otros casos, pues dijo que a 3 años de la privación de su libertad y posterior ejecución de los indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, aún no se sabe quienes son los responsables.
Agregó que estas preocupaciones las expuso al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, en la reunión de ayer y que el funcionario se comprometió con el director de Tlachinollan, Abel Barrera, a revisar los expedientes, pero añadió que no hubo ninguna respuesta concreta de parte del secretario, aunque reconoció que “se mostró abierto y con voluntad”.
Mientras tanto el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que la visita del encargado regional de Misereor es parte de la campaña para exigir la libertad de Maximino García Catarino, porque insistió que su detención fue irregular, y que forma parte del patrón de criminalización que se está ejerciendo en contra de los defensores de derechos humanos en esta entidad.
“Esta es la forma de cómo se siguen procesando delitos, con el mismo patrón de criminalización para impedir que los defensores sigan luchando por educación y salud para sus comunidades”,  dijo Barrera Hernández.
Sin embargo dijo que en la reunión de ayer el secretario de Gobierno, les contestó que se trata de casos “aislados”  y que no hubo compromisos concretos con él, “sólo fue una reunión de intercambio de información”.