Carlos Pérez Aguirre

Gobierno estatal: inseguridad, corrupción y represión

Carlos Pérez Aguirre

Un representativo grupo de ciudadanos de Chilpancingo acudió a la casa presidencial de Los Pinos en la ciudad de México para demandar al gobierno federal, estatal y municipal a que cumplan con sus obligaciones de otorgar seguridad en vidas y bienes a la población.
Ya con anterioridad líderes y sectores de la población habían mostrado su inquietud por el incremento sorprendente de la violencia en el estado, incremento que coincidió desafortunadamente con la llegada del gobierno aguirrista.
La primera respuesta gubernamental ante las denuncias por la violencia, fue la amenaza y la represión a maestros ante la movilización de estos en Acapulco. Hoy esa amenaza se vuelve a ceñir sobre aquellos que osan denunciar la inseguridad.
La respuesta del gobierno estatal a los grupos civiles que acudieron a Los Pinos ha sido que se les citará al ministerio público para que declaren sobre lo que saben, pues dice el mandatario estatal “no tener conocimiento de los sucesos delincuenciales”; pero la realidad es que este requerimiento a declarar constituye un evidente peligro para aquellos que encabezan la inconformidad, por que existen serias dudas de la forma de actuar de las autoridades.
Por su parte el presidente municipal de Chilpancingo –Mario Moreno Arcos, el adelantado candidato priista de Ángel Aguirre a la gubernatura–, desestima los reclamos y el secretario de Seguridad Pública estatal señala que son “rumores”. O sea, toda una estrategia para hacer invisible la contundente y galopante delincuencia. Lo cierto es que por omisión, estrategia o comisión, no lo sabemos, se está tratando de desestimar un hecho que es evidente y que en vez de negarlo, minimizarlo o perseguir a aquellos que lo denuncian, deberían perseguir a aquellos que lo provocan.
Ya lo comenté en anteriores artículos: si al gobierno estatal y municipal poco le interesa la seguridad de la población, que recuerden que todos los sectores inconformes de un pueblo movilizado, sobre todo si se trata de Chilpancingo o Acapulco, pueden hacer que un gobernante renuncie, por haber este gobernante renunciado con anterioridad a sus obligaciones. El clamor de la población hoy es “si no pueden, renuncien”. La inseguridad y la represión soslayada o abierta (como la ejercida contra los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa) están latentes en los amagos y sobre todo en las cegueras, pues se niegan a ver la realidad denunciada.
Los colegios de profesionistas, las organizaciones empresariales, los transportistas, las organizaciones sociales y populares no creo estén “jugando” con denuncias de inseguridad, por que en las condiciones actuales en ello les va la vida. Los integrantes de esas organizaciones y la mayoría de la población ha sentido la problemática existente en su cotidianidad. Los jóvenes no pueden desarrollar una vida tranquila, los profesionistas, comerciantes y empresarios no pueden desarrollar su trabajo con seguridad, incluso las mismas dependencias gubernamentales y algunos funcionarios han sido víctimas de esa perturbación.
Pero el gobernante sumido en su nepotismo y demagogia niega y amenaza.
Titishando. De verdad se requiere cara dura para promover una “huelga de pagos” cuando los gobiernos priistas han sido los causantes de la bancarrota de las finanzas de CAPAMA ¿alguien les creerá? Por otro lado ahora resulta que el archirrecontra izquierdista (claro en campaña) y perredista Ángel Aguirre, es el primer priista en apoyar la reforma energética, todo en contra –como siempre– de los intereses populares y de la nación. Me pregunto: ¿habrá alguien que aún confíe, sin despensas de por medio, en él? Por ello, un acuerdo con Walton para ceder Acapulco al junior Aguirre Herrera, no solo sería una traición a los principios de la izquierda, sería sobre todo un suicidio político para quien lo transe.

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