La nueva relación CRAC-gobierno abre la puerta a la militarización, advierte la Casa de El Paraíso

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La nueva relación entre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán con el Gobierno del estado “es riesgosa” porque abre la puerta a la militarización, y con ello a la explotación minera en la zona de la Montaña y Costa Chica, advirtió ayer el promotor de esa organización de la Casa de Justicia del El Paraíso, Gonzalo Molina González.
Acusó al coordinador de San Luis Acatlán, quien firmó la credencialización de la CRAC por el gobierno y se pronunció porque haya presencia militar en territorio comunitario, Eliseo Villar Castillo, de responder a los intereses del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y de haber dado la espalda a los pueblos que respaldan a la Policía Comunitaria.
El promotor de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso (la cual fue expulsada por las casas de justicia de San Luis Acatlán, Zitlaltepec y Espino Blanco), dijo que con la reunión del jueves entre las casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec, se puede advertir el compromiso que sostuvieron los coordinadores de esas casas con el Gobierno para la expulsión de la de El Paraíso.
Citó, como ejemplo, la entrega de 8 millones de pesos para cubrir los gastos de titulación, escrituración y pago de impuestos al Ayuntamiento y al Registro Público de la Propiedad de más de 56 hectáreas en donde se establecerán los desplazados de San José Vista Hermosa, municipio de Iliatenco. Así como los recursos para proyectos productivos que fueron autorizados a la agrupación en la reunión del jueves en Casa Guerrero con el gobernador.
Molina González consideró que esos apoyos fueron entregados de manera personal, porque “existe una infraestructura y una persona no puede decidir ni recibir nada a nombre de los pueblos, sino que se tiene que decidir y acordar en una asamblea de los pueblos”.
Dijo que estos recursos se entregaron así porque existe un “compromiso personal entre el coordinador Eliseo Villar Castillo con el gobernador para dividir a la CRAC”.
“Va por allí esa situación, la intención es negociar con la CRAC para meter a los militares en el territorio comunitario y establecer a las mineras en la región”, expresó.
Criticó que el coordinador Villar Castillo acepte credencializar a la Policía Comunitaria para que haya coordinación con el Ejército y las policías estatales, cuando han denunciado que entre el Ejército y las policías oficiales existe una colusión con el crimen organizado y citó el caso Olinalá, en donde han sido detenidas autoridades municipales y elementos de las policías por delitos como el abigeato.
Del Ejército mexicano expresó, “aunque digan que es una institución respetable no se puede estar seguro de su actuación porque se ha demostrado que en donde hay la presencia del Ejército se siguen cometiendo delitos y hay mucha inseguridad”.
Agregó que está demostrado que la alternativa en contra de la inseguridad es que el pueblo se organice y se defienda.
Molina González agregó que por eso las autoridades y policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso van a seguir funcionando como integrantes de la CRAC, aún cuando no estén reconocidos por los Gobiernos estatal y federal, pues tienen el reconocimiento del pueblo.