Denuncia el alcalde penalmente a integrantes de la comunitaria de Olinalá por la detención del síndico

*El secretario de Gobierno, el procurador y el secretario de Seguridad Pública acordaron con el presidente municipal proceder legalmente. Eusebio González Rodríguez acudió a la PGJE a interponer la demanda por “privación de la libertad”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades del gobierno del estado y el presidente municipal de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, acordaron ayer la presentación de demandas penales en contra de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que desde el miércoles mantienen detenido al síndico procurador Armando Patrón Jiménez.
El acuerdo se tomó entre el alcalde, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, el procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Sergio Javier Lara Montellanos, en una reunión que tuvieron a puerta cerrada la tarde de ayer en la Casa Guerrero.
El encuentro ocurrió a la llegada a esta capital del subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza, y el director de Gobernación, Moisés Alcaraz Jiménez, quienes desde el jueves se trasladaron a Olinalá para negociar con las autoridades de la CRAC que encabeza la coordinadora en ese municipio, Nestora Salgado, la liberación del síndico Patrón Jiménez.
Sin embargo los dos funcionaros se mantuvieron en esa cabecera municipal hasta la tarde de ayer, debido a que, aunque rechazaron que hubieran sido retenidos, fueron mantenidos en contra de su voluntad en la presidencia municipal por seguidores del alcalde Eusebio González Rodríguez, quienes pedían acciones legales en contra de la CRAC que encabeza Nestora Salgado por la retención del síndico Patrón Jiménez, quien ya para entonces no se encontraba en la cabecera municipal sino en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, sometido a proceso de reeducación por la CRAC acusado del delito de abigeato y presunto encubrimiento de dos homicidios.
El subsecretario de Gobierno, Medrano Baza, y el director de Gobernación del estado salieron de la cabecera municipal de Olinalá en dos helicópteros después del medio día de ayer, junto con el alcalde González Rodríguez y una comisión de sus funcionarios y seguidores, con el compromiso de que aquí, en la capital, tendrían una reunión de “alto nivel”.
Aquí se reunieron de las 16:15 a las 17:15 horas en la residencia oficial Casa Guerrero con el secretario de Gobierno, Martínez Garnelo, el procurador Blanco Cabrera y el secretario de Seguridad Pública Lara Montellanos, con quienes acordaron la presentación de las demandas penales en contra de los integrantes de la CRAC por la retención del sindico Patrón Jiménez y dos de sus acompañantes que fueron tomados presos por la Policía Comunitaria el miércoles pasado.
Después de las 4 y media de la tarde una comisión encabezada por el alcalde acudió a la Procuraduría de Justicia del estado a presentar las denuncias por el delito de privación de la libertad del síndico Patrón Jiménez “y otras personas” que han sido detenidas en los últimos días por la Policía Comunitaria de Olinalá.

La CRAC de Olinalá expone los motivos de la detención

Mientras tanto, la CRAC de Olinalá informó en un comunicado que el síndico de Olinalá, Armando  Patrón  Jiménez, fue detenido en el corralón de la Policía Federal en el municipio  de Huamuxtitlán, “jurisdicción que no le corresponde, tratando de borrar  las evidencias  de un crimen artero y por adjudicarse como suya una res que iba en la camioneta de los asesinados pero fue reconocida por uno de nuestros policías como la misma que días antes le fue robada, motivo por el cual fue detenido y está bajo investigación por nuestra honorable institución comunitaria”.
Y luego el documento agrega que “los enviados del gobierno del estado (Misael Medrano y Moisés Alcaraz) nos proponen liberarlo o ponerlo a disposición del ministerio público, cuando los encontramos (el síndico y sus acompañantes) en complicidad, lo cual nos parece una soberana falta de  respeto y la poca seriedad con la que se conducen, exhibiendo el tamaño de la impunidad”.
En el documento de la CRAC se señala que existe un acuerdo de la mesa  de trabajo en Marquelia, de fecha 27 de mayo, en el sentido de que “los problemas para juzgar reos será de autonomía y respeto irrestricto para cada institución‚ nosotros como institución nos plegamos a dicho acuerdo”.
En el comunicado la agrupación exige al gobernador y al gobierno federal que “sean los garantes para  llegar a acuerdos serios que garanticen la solución de los problemas que nos aquejan en nuestros  pueblos que pertenecen a nuestra Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla”.
El comunicado agrega: “damos a conocer también que independientemente de las notas mediáticas en donde  se menciona una supuesta división entre el resto de nuestras casas de justicia  y la expulsión, es mentira porque no hemos sido convocados todavía para una Asamblea Regional en que tratara este punto”.
Asimismo‚ el documento agrega que “es  algo interno‚ nuestra institución comunitaria  en toda su historia la ha caracterizado la autonomía y no obedece la orden los poderosos‚ de igual forma no  podemos estar de acuerdo con el Ejército ya que esta institución se caracteriza por ser la principal violadora de los derechos humanos, principalmente de nuestros pueblos indígenas”.