Acuerdan el gobierno, la CRAC de Olinalá y el alcalde una reunión para destrabar el conflicto

*El presidente municipal, Eusebio González Rodríguez, niega que el síndico detenido por comunitarios haya pretendido robarse la vaca. Hay una inconformidad e irritación social contra la Policía Comunitaria que tiene a 10 personas detenidas, dice.

Carmen González Benicio

Olinalá

El conflicto entre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, el ayuntamiento y el Comité de Orden y Vigilancia se suavizó con el ofrecimiento de una mesa de diálogo de “alto nivel” este sábado en Chilpancingo, por lo que los funcionarios estatales y municipales salieron del poblado ayer por la tarde.
El alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez,  el representante del Comité de Orden y Vigilancia por un Olinalá Seguro, Juan Rendón Mancilla, el subsecretario de Asuntos Políticos, Misael Medrano, y el director de Gobernación, Moisés Alcaraz, dieron por la mañana una conferencia de prensa este viernes,  de la cual se tiene el audio, para decir que planteaban una mesa de diálogo con las partes involucradas.
Ahí el presidente municipal dijo que su gobierno ha ponderado el diálogo y la resolución de las cosas por la vía pacífica y que había un malestar contra la CRAC-PC por parte de los ciudadanos ante la detención de personas, y “en ese sentido he tenido los reclamos  y aquí ven a familiares”.
Por lo que enfatizó que hay una inconformidad e irritación social contra la Policía Comunitaria y que en la comunidad le han generado problemas ya que se habla de 10 personas detenidas, lo que representaba un riesgo, un amenaza, porque deja los derechos de la gente a un lado y  sus garantías no valen, “honestamente no se puede juzgar o procesar en un solo criterio”, dijo.
Mencionó que las personas que están detenidas son el síndico Armando Patrón Jiménez y el chofer de la sindicatura Gustavo Rodríguez Patrón, Dulce Rubí Pérez, Yesenia Castillo, Katia Espinoza, Eugenio Sánchez, Rogelio Sánchez, Carlos Bello y Pedro Apreza, aunque de los funcionarios no tenían la certeza.
Dijo que se siente agraviado como institución por la detención del síndico, pues “es una autoridad electa, qué pasará con la gente común”.
Y también por los incidentes pasados como la detención del director de seguridad y policías y por el armamento, chalecos y patrulla que aún tiene la Comunitaria, pero que no ha dicho ni hecho nada y que él pensó que al surgir la CRAC se coordinarían.
Remarcó que le pidió a la gente que no haga uso de la violencia y no se confronten, pero que se atienda el asunto porque si se deja correr podían llegar a más.
Dijo que el comité pide que se regrese a los ciudadanos detenidos para que se juzguen conforme a la ley si así lo ameritan, pero de forma seria por las vías institucionales, porque nadie les garantiza que la gente está bien.
El alcalde consideró que el señalamiento que hizo la CRAC-PC de que el síndico se llevaba una vaca robada fue “un pretexto para llegar a este  punto, no hay motivo”, ya que el funcionario fue a hacer una labor social a Huamuxtitlán, que consistió en solicitar los cuerpos de los asesinados  y que en ningún momento se adjudicó ser dueño de la vaca, según le dijo el Ministerio Público de Huamuxtitlán.
Por lo que pidió apoyo al gobierno para definir la situación e invitó a la contraparte a dialogar y que si quiere seguir apoyando en la seguridad no es necesario hacerlo armados.

Los funcionarios estatales

Medrano Baza dijo que estaban en la comunidad para retomar el  dialogo con la comunitaria y con el ayuntamiento municipal y así construir una ruta de entendimiento y que a las cuatro de la tarde del jueves, mientras platicaba con Nestora Salgado, se percibió un incidente, por lo que tuvieron que dejarla y llegar al ayuntamiento.
Y que desde ese momento los invitaron a que permanecieran en el inmueble hasta que hubiera una solución y con eso respondió a la pregunta de que si estaban retenidos.
Dijo que los presentes les reprocharon por qué fueron primero con Nestora Salgado y les respondió que para dialogar, y que percibió disposición para dialogar, además de reconocer que encontró irritación y molestia en los que tienen familiares afectados, por lo que les pidieron cordura mientras dialogaban.
Dijo que encontró que el comité pedía la entrega de los detenidos y el desarme de la comunitaria, y la comunitaria el respeto a su sistema de justicia, por lo que buscarán un acuerdo integral que resuelva el problema a largo plazo.
Por su parte, Moisés Alacaraz dijo que las partes están muy confrontadas, que se han polarizado y con riesgo de algún incidente y por eso seguían ahí, “nos han ofrecido quedarnos aquí, hay voces aisladas de que nos encierren, pero le agradecemos a don Juan que haya intervenido, es un problema complejo, no se resuelve pronto y eso queremos que la prensa también lo destaque”, dijo.
Dijeron que se va seguir tolerando a las policías comunitarias y las autodefensas y tratarlas por la vía institucional hasta que haya una ley para regularlas.

La CRAC-PC

Por su parte, Nestora Salgado en una breve plática dijo que sus policías se habían replegado para evitar una confrontación ya que se hablaba de que sicarios y grupos armados de comunidades irían por ella y su gente.
Dijo que ellos le han apostado al diálogo y que ya había una reunión concertada con el gobernador, pero no dijo fecha.
Mencionó que el alcalde personalmente acudió a algunas comunidades donde llamó a la gente a que se armara para acabar con su institución y que eso lo escuchó y vio un familiar que es comerciante.
Además de que Juan Rendón, presidente del Comité de Orden y Vigilancia, a quien señaló como brazo ejecutor del alcalde, también llamó a la población a que se armara para ir por ellos y que lo hizo con los voceos y la televisión local al interrumpir la señal del sistema abierto.
Este personaje en entrevista hace días reconoció que recorría las comunidades del municipio para que se manifestaran contra la policía comunitaria por los atropellos que han tenido.

Ciudadanos armados salen
del ayuntamiento

Los funcionarios estatales salieron de Olinalá entre las dos y tres de la tarde en un helicóptero de la Marina, por lo que se movilizaron patrullas de la Policía Estatal, el Ejército y la Marina.
Después de eso las personas que estaban en el ayuntamiento empezaron a retirarse del lugar, ya que la mayoría provenía de comunidades que se sintieron afectadas por el bloqueo del pasado 6 de agosto que hizo la CRAC-PC de Olinalá, según comentó una persona.
De ese lugar salió un grupo aproximadamente de 10 personas, de los cuales alrededor de ocho llevaban armas a sus hombros y caminaron por una de las calles. A otros grupos no se les vieron armas, pero salieron y abordaron carros que estaban estacionados cerca del inmueble.
La Marina, el Ejército y la Policía Estatal realizaron rondines por la población de forma recurrente, pero ya no resguardaba el ayuntamiento.