Defensores de derechos humanos y periodistas enfrentan riesgos sin apoyo del gobierno, alertan

Karina Contreras

El director de incidencias de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Daniel Joloy, dijo que los periodistas y los defensores de los derechos humanos enfrentan un riesgo muy similar y poco han hecho las autoridades para garantizar un entorno de seguridad para el desarrollo de sus respectivas actividades.
Recordó que se aprobó una ley para defensores de derechos humanos y para periodistas, pero aún son muchos los retos que quedan pendientes para garantizar la efectiva implementación de esta ley, pues se necesita mucho más allá de contar con una ley para que ésta funcione.
Indicó que la prevención es una de las mejores medidas de protección y en México “no estamos haciendo nada en la prevención de ataques contra periodistas o defensores de derechos humanos”.
Sostuvo que aunque existe la ley, no se ha hecho nada por avanzar en materia de prevención.
Mientras que Balbina Flores Martínez, de la organización Reporteros sin Fronteras y especialista en temas de derechos humanos, dijo que para los periodistas que cubren ese tema no ha sido fácil, ha sido una tarea muy complicada y más cuando se vivió un sexenio que dejó al país marcado por el dolor, por la desolación y por una grave violación a los derechos humanos porque hubo muertos, masacres, huérfanos, desplazados, ciudades abandonadas.
“Fue un sexenio donde la vida perdió valor, en ese extraño y nebuloso campo de batalla los periodistas nos sentimos retados a escapar del horror, por lo menos a no quedarnos paralizados y combatir con investigación, datos, análisis y testimonios el anonimato de las víctimas, a recoger las historias de los sobrevivientes, que describían una realidad de la guerra”, dijo.
Aseguró que hoy la realidad no es tan distinta de lo que ocurrió en el sexenio anterior, pues “ha cambiado el gobierno, las políticas, el sexenio, pero la realidad en la que vive el país y las comunidades no ha cambiado, las noticias que vemos diariamente así lo muestran”.
Y sobre cuál es el trabajo del periodista “ante la realidad que envuelve e impacta, donde a veces somos testigos silenciosos y otras veces siendo parte de la misma noticia”, dijo que es investigar, narrar las historias y “lanzarlos a los ojos de la sociedad del gobierno y del mundo, es parte de nuestra tarea, decirlas tal y como son, narrarlas como ocurren”.
Manifestó que el periodista debe salir de la dinámica de las redacciones para conocer el horror y salir a la escena del crimen para recabar las información con testigos, con las víctimas y convertirla en información, y “en este contexto por muy duro que sea, es muy difícil hablar de periodismo y derechos humanos, se hace necesario e indispensable atender a una sociedad ávida de información frente a una desinformación, esa que confunde, que siembra terror y miedo”.
Dijo que se debe combatir esa información que oculta y maneja las cosas a su conveniencia, como si ocultando la realidad se pudieran solucionar los problemas como la inseguridad y la injusticia.
Se preguntó qué tienen que ver los derechos humanos y la libertad de expresión, y dijo que mucho porque conviven de manera simultánea.
A los periodistas –dijo- desde la perspectiva de los derechos humanos les toca hacer lo que se hace todos los días, es decir, “nos corresponde darle rostro a las víctimas, darles voz, son ellos los que tienen que hablar, mucho que decir, rescatar la memoria, la justicia y la verdad”.
Explicó que al periodista le toca sumar el componente social, no hablar de los temas de inseguridad como si fueran situaciones aisladas, sino que “nos toca darle un contexto, por qué tanta violencia, eso tiene una explicación, tiene historia, nos toca ir al fondo; si para ello implica irnos a una comunidad, entrevistar a las familias, a la autoridad de esa comunidad, lo tenemos que hacer, no podemos quedarnos más tiempo en las redacciones”.
Flores Martínez dijo que hay una responsabilidad del Estado, pero muchos no quieren ver ni escuchar, quisieran borrar de un plumazo las redacciones, y “ha provocado una violación masiva de los derechos humanos”.
Manifestó que la violencia ha impactado a la prensa y por ende a la libertad de expresión, pues en una década se han registrado 86 asesinatos de periodistas, hay 20 periodistas desaparecidos, 14 periodistas exiliados, y más de 40 ataques a instalaciones de medios de comunicación, sin contar in sinnúmero de amenazas de la que los periodistas han sido objeto.
Dijo que en el 2013 se han registrado cuatro asesinatos y tres desapariciones de periodistas, por lo que “mientras esta situación no se reconozca y se asuma desde los distintos niveles de gobierno el compromiso de resarcir los daños a estos derechos humanos, será muy difícil consolidar y fortalecer una de las mayores aspiraciones de los pueblos, que es la democracia y donde la libertad de expresión es uno de los pilares, que cuando empieza a ser vulnerada la democracia se debilita”.
Añadió que la responsabilidad de los periodistas en el campo de los derechos humanos es también asumir los propios derechos, y uno de ellos es la justicia.
Recalcó que de los 86 asesinatos de periodistas se sabe que existen 12 sentencias, y de esas algunas se han tenido que revertir, como pasó con el caso de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez; y en los asesinatos de los periodistas no hay ningún caso concluido.

Riesgos para defensores

Mientras que el director de incidencias de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Daniel Joloy, consideró que en el contexto actual en que se encuentra México, de la lucha contra la delincuencia organizada, los riesgos de defender los derechos humanos son cada vez mayores, pues el aumento de los índices de violencia y la militarización de la seguridad pública han tenido también un impacto directo en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Dijo que esto ha incrementado el número de ataques y agresiones en contra de quienes han alzado su voz.
Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre 2006 y 2011 al menos 60 defensores de derechos humanos perdieron la vida y cuatro más están desaparecidos hasta la fecha, dijo.
Daniel Joloy indicó que a pesar de que hay un nuevo gobierno “no ha habido un cambio en los patrones”.
Dijo que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto “cinco defensores de derechos humanos han sido asesinados, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado este aumento alarmante en el número de agresiones contra los defensores de los derechos humanos”.
Señaló que de acuerdo al informe reciente de la Ofician en México de la alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el mayor tipo de agresión que sufren los defensores son las amenazas.
Añadió que el 25 por ciento de las agresiones que se documentaron se refieren a ataques ante la integridad de los defensores, y quienes “mayor riesgo han enfrentado son las personas defensoras de migrantes que atraviesan el territorio mexicano, del medio ambiente, defensores de los derechos de las mujeres y defensores que buscan la verdad y justicia por violaciones graves de los derechos humanos”.
Daniel Joloy dijo que entre el 2009 y 2012 se han documentado 54 agresiones contra defensores del medio ambiente, y que 23 de esas agresiones terminaron con la vida de éstos y dos más están desaparecidos precisamente en Guerrero.
Añadió que un tercio de las agresiones han sido en contra de defensores que se oponen a la construcción de mega proyectos que se desarrollan sin consultar a los pueblos, y eso “ha tenido como consecuencia una mayor conflictividad y que deriva en el desplazamiento forzado de las comunidades”.
Reiteró que en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada y la participación de las fuerzas en labores de seguridad pública, “hemos visto cómo han aumentado los casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, han aumentado los riesgo de quienes han buscado llevar a la justicia a los responsables de estos actos y buscar la reparación del daño a las víctimas”.
México es el país que ante el Sistema Interamericano tiene mayores solicitudes de medidas cautelares, por encima de Colombia y Guatemala, y una de cada cinco peticiones en el 2012 provino del país, dijo.
“Fue justamente este clima de violencia e inseguridad que llevó a las organizaciones de derechos humanos y periodistas a acudir a las autoridades, en particular ante el Congreso, para buscar la instalación de un mecanismo de protección que pudiera garantizar las medidas a quienes nos encontramos en riesgo”, expresó.