En Olinalá siguen las negociaciones con la Policía Comunitaria, dice el gobierno

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarez, aclaró que  continuará el diálogo para lograr la liberación del síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, detenido por la Policía Comunitaria por abigeato y complicidad en dos  homicidios, pero añadió que si tiene alguna responsabilidad será el ministerio público el que se encargue de la investigación.
También confirmó que en el estado se incrementó la presencia del Ejército y de las corporaciones policiacas que participan en el programa Guerrero Seguro, y que irán a todos los lugares donde se hayan realizado secuestros o extorsiones.
En una entrevista telefónica, destacó que se está reforzando en Chilpancingo la vigilancia militar y policiaca por las denuncias de los empresarios locales, de que ha habido un crecimiento en las extorsiones y secuestros en la capital.
En este sentido, aseguró que están tomando las medidas pertinentes y pronto va a haber respuesta a varios señalamientos de los empresarios, para que caigan todos los involucrados en acciones ilícitas en Chilpancingo.
Incluso recordó que el gobierno del estado hizo un exhorto para que los empresarios señalen si hay funcionarios públicos que protegen a algún grupo de delincuentes, para abrir un proceso en su contra.
También señaló que el gobernador Ángel Aguirre Rivero participó en una reunión de seguridad el viernes en Cuernavaca, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, donde el gobierno federal fijó su posición sobre las autodefensas y declaró que todas son ilegales.
En este marco, Villanueva Manzanarez informó que el lunes vendrá al estado el subsecretario federal de Protección Civil, Roberto Campa Criprián, a dar el banderazo a un ambicioso programa de prevención del delito.
Negó que esta estrategia sea para contrarrestar a las autodefensas, sino para prevenir delitos en escuelas, colonias y comunidades, “para que la gente haga conciencia de que necesitamos recuperación de valores”.
Del caso de Olinalá, aceptó que “obviamente” hay distanciamiento de la Policía Comunitaria con la autoridad municipal, aunque no una confrontación, que se tendrá que resolver mediante el diálogo.
Insistió en que todas las controversias sociales serán atendidas con el diálogo y convocó a las partes a discutir sus diferencias en una mesa de negociación, “no queremos violencia en Olinalá, ni en ninguna parte del estado”.
Por otro lado, aseguró que el gobierno del estado mantiene el diálogo con la UPOEG.
Pero dijo que no han sido notificados de que la Procuraduría General de la República (PGR) envió citatorios de presentación a los comisarios de la UPOEG por el bloqueo de la carretera Tecoanapa-Tierra Colorada, donde retuvieron a cien soldados por más de 36 horas.
Sin embargo, añadió que el gobierno del estado será intermediario para que haya acuerdo ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal.
No obstante, insistió en que las policías ciudadanas y Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) tienen que ajustarse a las leyes vigentes, que establecen que no pueden portar armas de alto poder, que se mantengan en su territorio y que no puede transitar armados fuera de su jurisdicción, “si se salen de ahí serán desarmados por cualquier policía militar o fuerza federal o estatal”.
En otro tema, informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado empezó las investigaciones del multihomicidio de ocho personas en la comunidad Los Cajones, en el municipio de San Miguel Teloloapan, encontrados el viernes.
Indicó que los cuerpos de los ocho hombres jóvenes privados de la vida por armas de fuego, vestían pantalones y camisolas de tipo militar, con fornituras, y con ellos encontraron varias armas largas, cargadores, municiones y una granada de humo. Del caso no se menciona ninguna línea de investigación.