Preparan el cese del subprocurador De los Santos; formal prisión también a Hernández Paz y Puente

Jesús Saavedra

Chilpancingo

En un análisis interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se establece que una vez que se le dictó auto de formal prisión al subprocurador César de los Santos Mendoza, procede su “despido justificado”.
El documento lo responsabiliza de haber “desviado las investigaciones” para que se evadieran los responsables del asesinato de los dos normalistas y de exonerar de responsabilidad al fiscal Esteban Maldonado Palacios y al comandante regional de la Policía Ministerial, David Jesús Urquizo.
Este martes se pudo conocer una tarjeta informativa para el encargado de despacho de la PGJE, Juan Manuel Herrera Campos, en donde se hace un análisis jurídico de la situación de César de los Santos Mendoza.
Se detalla en la tarjeta que el sábado 10 de marzo el juzgado Primero de Distrito le dictó auto de formal prisión al subprocurador Jurídico y de Atención a Víctimas del Delito, dentro de la causa penal 09/2012, por el delito contra la administración de la justicia en la modalidad de favorecer la sustracción del indiciado.
Se abunda que al habérsele dictado auto de formal prisión a César de los Santos, “se encuentran suspendidos sus derechos de ciudadano, por lo que no puede estar ostentando un cargo de primer nivel en la PGJE, en razón de que su condición inicial de asignación al cargo ha cambiado considerablemente, pues ahora sus derechos ciudadanos se encuentran disminuidos, además por su falta de lealtad, profesionalismo, ética y dirección, comprometió seriamente la seguridad e imparcialidad de la dependencia de gobierno de la PGJE, lo que equivale a un despido justificado conforme al artículo 47” de la ley orgánica de esa dependencia.
Por eso se propone despedirlo y que no reciba ningún tipo de liquidación por sus servicios prestados, “por habérsele perdido la confianza en el encargo que desempeña dentro de la institución de justicia, ya que con sus instrucciones, no sólo originó que la Procuraduría General de la República (PGR) viera a nuestra procuraduría como un órgano que trató de desviar las investigaciones para inculpar a una institución federal”.
Aseveran que la actuación de César de los Santos originó “que los verdaderos culpables de hechos delictuosos de homicidio pudieran sustraerse de la acción de la justicia, asignando a quienes participaron activamente en el desalojo violento de los manifestantes de la escuela normal superior de Ayotzinapa, como las personas que dirigían la integración de la averiguación previa y sus investigaciones, lo que terminó por poner en riesgo la fuente de trabajo de más de diez agentes del Ministerio Público y peritos que sólo cumplieron con el desempeño de su trabajo el 12 de diciembre del año 2011”.
En la tarjeta informativa de análisis jurídico se recrimina a César de los Santos que “lejos de reconocer su grado de responsabilidad, vuelve a entorpecer las investigaciones y deslindar responsabilidades reales, ya que argumentando ser la persona que pagará los gastos de abogado, obligó que varios servidores públicos se condujeran con falsedad ante la PGR, al desviar las autorías y responsabilidades en contra de María Eugenia Salgado Guzmán y del Lic. (secretario de Gobierno) Humberto Salgado Gómez”.
Continúa el análisis jurídico que esa posición de César de los Santos fue para que no se procediera e investigara a “quienes realmente propiciaron la evasión de los indiciados como son Esteban Maldonado Palacios, David Jesús Urquizo Molina, quienes manipularon, sustrajeron y sembraron evidencias y testimonios falsos y María Seberiana Peña Flores, quien a sabiendas que existían otros delitos por tenerlos directamente bajo su cargo dejó en libertad a retenidos a sabiendas de la existencia de otros injustos de carácter federal, ya que tenía directamente la averiguación previa contra ataques a las vías de comunicación y nunca realizó diligencia alguna para perfeccionarla o que no se perdieran evidencias en ella, y falazmente refiere que por instrucciones del C. Lic. Humberto Salgado Gómez, secretario General de Gobierno deja en libertad a estas personas, desconociendo así su responsabilidad que tiene en su actuar”.
Finaliza el análisis citando el artículo 80 de la Constitución de Guerrero, donde se establece que sólo el gobernador del estado es “quien puede remover de su encargo a dicho servidor público” y cita el ordenamiento en mención.
No se sabe si el gobernador Ángel Aguirre ya firmó la destitución de César de los Santos.
El escrito denota toda la intención de exonerar de cualquier responsabilidad en la toma de decisiones del 12 de diciembre a Humberto Salgado.

Apelan el auto de formal prisión funcionarios

Por otra parte, este martes se dio a conocer que los funcionarios y ex funcionarios de la PGJE interpusieron ante el primer Tribunal Unitario del XXI Circuito de esta ciudad un recurso de apelación en contra del auto de formal prisión que les dictó el juzgado Primero de Distrito.
Apelaron esta resolución del juez el subprocurador César de los Santos Mendoza y el ex director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia, José Vélez Zapata, acusados por la Procuraduría General de la República(PGR) por los delitos contra la administración de justicia.
De los Santos, Vélez, así como la fiscal regional en la zona centro, María Seberiana Peña Flores, y las agentes del Ministerio Público del Fuero Común, Gloria Rocío Méndez Cruz y Magdalena de Jesús Cruz, pueden enfrentar el juicio en libertad debido a que los delitos por lo que los acusa la PGR no son considerados como graves.
En tanto, este martes el juzgado Primero de Distrito le dictó auto de formal prisión al ex subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Alejandro Hernández Paz y Puente, quien  goza de la libertad bajo caución en los mismos términos que el resto de los presuntos implicados.
Asimismo, en las próximas horas tendrá que comparecer el ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, a quien en las próximas horas se le termina la suspensión provisional que le otorgó el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Acapulco.