No se castiga la opacidad de funcionarios, acusa el IFAI en su informe de labores

*Destaca que en el país, los principales rezagos en materia de transparencia y rendición de cuentas están en los estados y los municipios

Agencia Reforma

Ciudad de México

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sido omisa para castigar la opacidad de funcionarios públicos.
En su  Informe de Labores, que será presentado hoy, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) establece que en los últimos tres años ha interpuesto 14 denuncias por incumplimiento en sus resoluciones y en ninguno de los casos la SFP ha impuesto sanciones a los responsables.
“La SFP es la autoridad competente para fincar las responsabilidades administrativas a que se hacen acreedores los servidores públicos que no den cumplimiento a las resoluciones del IFAI.
“Sin embargo, de manera reiterada, la SFP ha sido omisa en fincar las responsabilidades administrativas correspondientes, aun cuando la ley es contundente al señalar que el solo incumplimiento a una resolución emitida por este Instituto es motivo de una sanción administrativa grave”, indica el documento.
El IFAI recordó que de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental las resoluciones del Instituto tienen el carácter de definitivas y el no acatarlas es causal de responsabilidad administrativa.
De acuerdo con el Informe, la Función Pública, que tiene a su cargo los Órganos Internos de Control (OIC), también ha sido omisa respecto de las vistas que le ha dado el IFAI sobre irregularidades detectadas durante la sustanciación de los recursos de revisión.
En los últimos tres años, el IFAI ha reportado ante los OIC de distintas dependencias y entidades del gobierno, 133 casos en los cuales detectaron irregularidades cometidas por diversos servidores públicos, de los cuales han sido resueltos 33 expedientes y sólo en 3 casos, se determinó imponer una sanción.
El reporte establece que no obstante los casos anteriores, la mayoría de las dependencias cumplen con las resoluciones emitidas por el Pleno.
Durante 2012 se emitieron mil 857 resoluciones en las que se instruyó algún tipo de acción -principalmente de búsqueda exhaustiva y entrega de los datos- y de ellas se acataron mil 847, es decir el 99.4 por ciento.
“Cabe señalar que en nueve casos (de los diez con incumplimiento) se interrumpieron las gestiones de cumplimiento debido a la suspensión ordenada por un juez, derivada a la interposición de un juicio de amparo”, indica el Informe.
La ley, señala el IFAI, no prevé un mecanismo para que los solicitantes, una vez que las autoridades entregan la información por instrucción del Pleno, puedan inconformarse al considerar que lo entregado no cumple con lo que requirieron, aún así, el Instituto conoció y le dio trámite a 176 asuntos.
“En 2012 el Instituto recibió 176 inconformidades relacionadas con el cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno.
“De acuerdo con la complejidad y naturaleza del caso, se llevaron a cabo diversas acciones que permitieron concluir satisfactoriamente 154 expedientes y 22 quedaron en etapa de verificación”, indica.
El año pasado, señala el Informe, se presentaron 131 mil 154 solicitudes de acceso a información, confirmando la tendencia de incremento que han tenido desde hace 10 años cuando entró en vigor la ley de transparencia, pues en el 2011 sumaron 123 mil 154 y en el 2010 122,138.

Gobernadores y alcaldes se conducen como señores feudales

En México, los principales rezagos en materia de transparencia y rendición de cuentas están en los estados y los municipios.
Gerardo Laveaga, aseguró que es en estos lugares en donde difícilmente la ciudadanía puede supervisar lo que hacen sus gobernantes, los cuales, en algunos casos, se comportan como señores feudales.
“Hay problemas en la Federación, sí, pero principalmente en los ámbitos estatal y municipal, donde algunos gobernadores y algunos presidentes municipales siguen conduciéndose como auténticos señores feudales a la hora de planear y ejercer el presupuesto: no rinden cuentas a nadie”, indicó.
En un mensaje, incluido en el Décimo Informe de Labores del Instituto, Laveaga señaló que como ejemplo de que la opacidad prohija la corrupción, están los casos de algunos mandatarios locales, que por algunas circunstancias, sus casos de corrupción se han ventilado públicamente.
“Cuando, por algún error que ellos o sus colaboradores cometen, cuando por alguna traición salen a la luz sus manejos, nos enteramos del modo en que ingentes recursos financieros aparecen en cuentas bancarias personales de algunos servidores públicos, o de las propiedades que éstos adquirieron de modo subrepticio.
“Esto genera desconfianza dentro y fuera del país. Desprestigia al gobierno”, señaló.
Un acceso a la información bien diseñado y democráticamente ejercido, aseveró, obstaculizaría esas prácticas, al generar una sociedad exigente y vigilante.
De ahí, subrayó, la importancia de la reforma constitucional en materia de transparencia que está en la Congreso y que ésta semana será discutida durante el periodo extraordinario de sesiones, pues de acuerdo con la minuta aprobada por el Senado, eleva a rango constitucional la autonomía del IFAI y lo faculta para conocer de asuntos locales.