Abelardo Martín M.

Fuenteovejuna mató a los estudiantes

Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) son responsables de “graves violaciones a las garantías individuales” en el desalojo sangriento de estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, que bloquearon la autopista del Sol, el pasado 12 de diciembre.
En un solo acontecimiento el país se muestra entero, desnudo, tal cual es. Por un lado, la desesperación de un grupo de estudiantes que ante la desatención a sus clamores, invade una vía de comunicación para hacerse escuchar; una autoridad que actúa al margen de la ley y con lujo de violencia y, posteriormente, acusaciones mutuas entre los gobiernos federal y estatal, el recrudecimiento del conflicto, la muerte de tres personas y como si no hubiera pasada nada. Todos tranquilos.
Para el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, existen elementos para considerar que hubo graves violaciones a las garantías individuales durante el enfrentamiento entre policías y alumnos de esa Normal rural en Guerrero.
En el informe preliminar sobre el caso Ayotzinapa, el ombudsman planteó que derivado de las evidencias se concluye que de manera arbitraria fueron detenidas 24 personas, independientemente de la violencia con que los organismos policiacos actuaron en los acontecimientos, cuando que el uso de la fuerza siempre debe ser el último recurso, consideró.
Plascencia informó los resultados de todas las inspecciones oculares, los testimonios que se levantaron, las visitas de campo, las certificaciones médicas, los protocolos y el análisis de la averiguación previa, las fotografías, videos, etcétera.
“Puedo adelantar que hemos encontrado que existe responsabilidad en los tres niveles de gobierno que participaron, esto es, de los servidores públicos y de la Secretaría de Seguridad Pública”.
Agregó que las conclusiones están orientadas a ser recomendaciones para que el Ministerio Público siga investigando a fondo y deslinde responsabilidades.
“Se darán conclusiones que se convertirán en recomendaciones, van orientadas a señalar los diferentes niveles de responsabilidad que se observaron y también a señalar que el Ministerio Público se encargue de investigar que se deslinde la responsabilidad”, dijo. El informe preliminar estará disponible en Internet y el resultado final se dará a conocer aproximadamente en un mes y medio.
De acuerdo con la investigación de la CNDH, la Policía Federal (PF) hizo los primeros disparos al aire para dispersar a los cerca de 300 jóvenes, quienes corrieron para todos lados. Durante 25 minutos, policías ministeriales de Guerrero y federales dispararon contra los estudiantes de manera indiscriminada.
Resultado: dos ejecuciones extrajudiciales, tres heridos de bala, 24 detenciones arbitrarias, un estudiante torturado y al menos 15 víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el uso de armas largas y gases lacrimógenos en manos de policías estatales, ministeriales y federales, además del intento de los elementos de estas corporaciones de “fabricar” los hechos mediante la “siembra” de un arma AK-47 a un estudiante y la recolección de casquillos en la autopista de Chilpancingo.
Los hechos se esclarecen y se sabe quienes son los culpables por la muerte y el abuso de autoridad de los estudiantes normalistas, pero no se habla, todavía de responsabilidades punibles, de actos condenables, de sanciones a quienes incurrieron en delitos por esos hechos, tanto quienes fueron actores físicos materiales, como aquellos que participaron en las evaluaciones posteriores, especialmente los altos mandos de los gobiernos federal, estatal y municipal, que lo primero que intentaron fue “sacar el bulto” y culpar a las otras instancias de los hechos.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero ofreció acatar la resolución de la CNDH, aunque aseguró desconocer avances sobre la investigación del caso de los estudiantes de Ayotzinapa.
El hecho es que a unos cuantos meses de haber asumido la gubernatura ya vive una crisis de credibilidad y de gobernabilidad. El senador perredista por Guerrero, Julio César Aguirre Méndez, pidió al gobierno estatal y a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa abrir una mesa de diálogo, roto desde mediados de diciembre cuando los estudiantes lo abandonaron y pidieron a la Federación mediar en el conflicto.
Los representantes estudiantiles sostienen que no pueden dialogar con el mandatario estatal por ser el responsable del asesinato de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
Lejos de disminuir el fuego desatado por el conflicto éste arrecia con las primeras conclusiones de la CNDH, pues deja en claro que los tres niveles de gobierno son culpables de los hechos, incluida la muerte de los dos estudiantes y el empleado de la gasolinera cercana, aunque no se hable de responsabilidades concretas.
Es decir, podría preguntarse con toda justicia. ¿quién mató a los estudiantes de Ayotzinapa? y la respuesta podría ser como en el texto clásico:
“¡Fuenteovejuna señor!”.