Jesús Mendoza Zaragoza

Derechos de los desplazados

El desplazamiento forzado ha sido uno de los crímenes más frecuentes en Colombia, pues entre 1985 y 2012, más de 6 millones de colombianos tuvieron que abandonar sus hogares y sus tierras para buscar un lugar más seguro para vivir. Esta colosal movilidad causada por la diversidad de movimientos armados en conflicto ha causado graves daños a ese país sudamericano. Las graves proporciones de esta problemática nos obliga a poner mucha más atención a lo que puede suceder en México si no ponemos remedio a las causas que ya han obligado a un gran número de mexicanos a abandonar sus lugares de origen para buscar seguridad y protección. Por un lado, hay que prevenir para que este fenómeno pueda ser revertido y, por otra parte, hay que ofrecer a los desplazados que ya tenemos, opciones para superar esta crítica condición que lastima a las familias de una manera atroz.
En Guerrero ha habido desplazados desde hace varios años. Familias amenazadas o golpeadas por alguna forma de violencia han tenido que abandonar sus casas para protegerse. Pero ahora, los desplazamientos forzados se han vuelto masivos, sobre todo en las regiones de la Sierra y la Tierra Caliente. En días pasados, 135 personas de 29 familias salieron de Las Chascuitas, municipio de San Miguel Totolapan para refugiarse en Acapulco. Obligados por organizaciones criminales que les han quemado sus casas y los dejaron a la intemperie, con sus propios recursos han podido encontrar un alivio provisional que, poco a poco, se va convirtiendo en otra pesadilla más ante la incertidumbre sobre su futuro.
Es preciso que nos detengamos ante la desprotección que viven los desplazados, estos que están en Acapulco y los demás, que a lo largo y ancho del estado de Guerrero, andan errantes buscando una opción para vivir en paz. Un punto determinante de la situación de los desplazados está en la violación de sus derechos humanos, como el derecho a la seguridad. Este derecho no ha sido garantizado por las autoridades que tienen la obligación de establecer condiciones para que cada ciudadano y cada comunidad puedan vivir seguros. Las Chascuitas, como muchas otras comunidades de la Sierra y de la Tierra Calientes, son lugares de alto riesgo que no cuentan con esta garantía. Este derecho tiene que ser restaurado para que estas familias puedan tener la opción a regresar. Por lo que sé, las familias de Las Chascuitas no piensan regresar, al menos por un buen tiempo y buscan opciones para vivir en otra región. Hay regiones del estado que están en condiciones de franca ingobernabilidad, donde las instituciones públicas han sido rebasadas por la delincuencia organizada.
Por otra parte, los desplazados tienen otros derechos que deben ser atendidos en su condición de víctimas de la violencia. La Ley General de Víctimas establece en su artículo 38 que “el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar”.
Es preciso que los gobiernos municipal, estatal y federal se coordinen para dar las respuestas que a cada uno le corresponde ante los desplazados y que no se contenten en dar ayudas a cuentagotas sino respuestas integrales ante la situación de los desplazados, de acuerdo con lo que la ley establece. Para comenzar, tienen que reconocer el problema en su real proporción y no minimizarlo como suele ser la tendencia. Entiendo que muchas autoridades ni la ley conocen porque es relativamente nueva y porque aún no se reglamenta de manera puntual, pero ya debe hablarse de exigibilidad de derechos que las autoridades deben garantizar. Los desplazados necesitan respuestas puntuales e integrales, por un lado. Por otro, hay que pensar en una estrategia de prevención a lo largo y ancho del estado, para que este fenómeno no crezca.
Por lo pronto, es de esperar que las autoridades estén a la altura de la situación que viven los desplazados de Las Chascuitas que están en Acapulco y de otros más que se ubican en otras regiones del estado.