Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

Chavarría a los cuatro años: investigar a Zeferino

La aprehensión de José Antonio Zorrilla por el asesinato del periodista Manuel Buendía se produjo en junio de 1989, cinco años después de ocurrido el crimen y gracias a la presión ejercida por el gremio periodístico. Con la captura del ex director de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad salió a flote la trama preparada por Zorrilla con comandantes y agentes subalternos suyos para ejecutar al columnista. El homicida material resultó ser un agente de la DFS. Fue una decisión política del entonces presidente Carlos Salinas lo que desató en cuestión de días el esclarecimiento del crimen y el arresto de los responsables, de todos los cuales Zorrilla es el único que aún permanece en prisión.
El asesinato de Armando Chavarría Barrera hace cuatro años en Chilpancingo también fue producto de una conjura urdida en el ámbito del poder político y ejecutada por agentes de una corporación del gobierno de Guerrero que obedecieron “órdenes superiores”. Se sabe que fue así, por indicios extraoficiales provenientes de la Procuraduría General de Justicia del estado, pues aquí no se ha producido la decisión política que permita aclarar el caso y detener a los responsables.
En el homicidio de Armando Chavarría el paso de los años y la impunidad han solidificado la percepción pública de que el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, y el más aventajado precandidato a la gubernatura, fue ultimado para impedir que se convirtiera en candidato del PRD y eventualmente en gobernador. Si se sigue el rastro de los hechos que antecedieron al homicidio del 20 de agosto de 2009, y de todo lo ocurrido posteriormente hasta este día, es inevitable que el ex gobernador Zeferino Torreblanca aparezca como instigador y más probable autor intelectual del asesinato.
Como la memoria pública es de corta duración, debe recordarse que Chavarría emprendió desde el Congreso una crítica implacable contra el gobierno de Torreblanca Galindo a propósito de temas como los asesinatos en Ayutla de los líderes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y la iniciativa para adoptar en el estado los programas de pagos por servicios, aquellos que implican la adquisición de deuda de largo plazo y entregan a particulares el presupuesto público.
Al cabo de un periodo de seis meses de tensión y enfrentamiento entre ambos, cuando Chavarría había madurado su plan para formalizar y hacer públicas sus aspiraciones evidentemente contra los deseos de Torreblanca, sorpresivamente se produjo un encuentro privado que los dos pretendieron hacer pasar como una reconciliación. Al menos Chavarría mostró entusiasmo por lo que creyó o quiso creer que era el apoyo del gobernador a su precandidatura, pero que indudablemente fue una trampa que le fue tendida con objeto de liberar después al contador Torreblanca de las sospechas por el crimen. Para el observador externo, ese acontecimiento previo fue el primer paso del plan para asesinar a Chavarría.
La suspicacia en torno a la probable responsabilidad de Zeferino Torreblanca en la muerte de Chavarría se ha profundizado con el transcurso de los años, y fue la conducta oficial y personal del propio Torreblanca lo que más contribuyó a ello, pues en lugar de facilitar el esclarecimiento y castigo del crimen, como gobernador hizo todo lo contrario, manipuló la investigación y obstruyó la justicia. Desde el primer minuto el gobernador manipuló todo, e incluso la escena misma del crimen fue alterada por los agentes de la Procuraduría de Justicia.
Como en el caso Buendía, en el que el primer encargado de la investigación fue el autor intelectual del crimen, en el caso Chavarría la investigación ha estado en manos de los agentes de la Policía Ministerial, dos de los cuales habrían sido los ejecutores. No es improbable que después de disparar, ellos mismos hayan regresado a la casa de Chavarría vistiendo la casaca de investigadores.
Durante los casi dos años en que Zeferino Torreblanca se mantuvo al frente de la investigación auxiliado por tres distintos procuradores y dos fiscales asignados al caso, no hubo en realidad investigación, sino una farsa por medio de la cual se intentó fabricar una versión alejada del entorno político y gubernamental. La cínica ingeniería aplicada en esas maniobras condujo al gobierno de Torreblanca a ensuciar la memoria de Chavarría y a culpar del crimen a la delincuencia organizada y a la guerrilla. Unos días antes de abandonar el poder, Torreblanca tuvo el atrevimiento de consignar el expediente ante un juez y solicitar órdenes de aprehensión contra chivos expiatorios, con el propósito de cerrar el caso y alejar de sí las sospechas. Pero tan aventurada fue su pretensión, que el juez se negó a convalidarla.
Al dejar la gubernatura en marzo de 2011, Zeferino Torreblanca hizo desaparecer el expediente del caso, por lo menos el que estaba bajo custodia de la Procuraduría del estado, entonces a cargo de David Augusto Sotelo, desaparición que hizo pública varias semanas después el procurador Alberto López Rosas, ya en el gobierno de Ángel Aguirre. Más tarde el expediente sería repuesto con el que estaba en poder de la PGR, a la que se había pedido atraer la investigación pero no lo hizo.
Pero hasta ahora no se ha dado importancia ni ha generado ninguna acción legal un hecho vinculado a la desaparición del expediente, y es la desaparición del fiscal Jesús Miranda Rodríguez, que con Fernando Monreal Leyva estuvo encargado de la investigación por órdenes de Zeferino Torreblanca. Ambos fiscales estuvieron involucrados en la manipulación de las investigaciones para desviar la atención del entorno político y gubernamental.
Miranda Rodríguez desapareció, con el expediente, en febrero de 2011, antes de terminar el sexenio zeferinista y sin que mediara un aviso o renuncia a su empleo. Hasta hoy se ignora su paradero o los motivos y condiciones de su desaparición, si fue por su voluntad o no. Como haya sido, es evidente que este hecho tiene una relación estrecha con el caso Chavarría, pese a lo cual se desconoce si la Procuraduría lo buscó.
Lo inexplicable es que Jesús Miranda haya desaparecido, y su compañero Fernando Monreal haya sido premiado por el nuevo gobierno del estado, primero con la fiscalía regional de Acapulco y luego con la subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales, cargo al que renunció en diciembre de 2012 por aparentes diferencias con la procuradora Marha Elva Garzón. Pero Monreal Leyva había sido premiado antes por Zeferino Torreblanca con la dirección de la Policía Ministerial.
Con estos antecedentes el gobierno de Ángel Aguirre Rivero recibió el caso del asesinato de Chavarría, y en dos años y medio no ha hecho nada. En estas páginas hemos expuesto información que consta en el expediente del crimen y según la cual existen avances serios en la identificación de los responsables materiales y en la definición del móvil político del homicidio. Esos avances –la certeza de que los que dispararon fueron dos agentes ministeriales entonces en activo, la localización y decomiso de una de las dos pistolas empleadas y el testimonio de que la ejecución se realizó por “órdenes superiores”– fueron obtenidos durante el periodo en que López Rosas encabezó la Procuraduría, pero se ignora si sus sucesores les dieron continuidad.
En mayo pasado, después de las infundadas declaraciones de la ex procuradora Garzón Bernal, que al renunciar dio por concluida la investigación del caso Chavarría, el gobernador accedió a crear una fiscalía especial para retomar las investigaciones. En un sentido similar se pronunció el procurador Iñaki Blanco Cabrera al asumir en junio esa función. Pero hasta ayer no había sido nombrado el fiscal especial y se mantenía la incertidumbre.
En Aguirre Rivero ha prevalecido el desinterés por el caso, y esa indecisión puede obedecer al hecho de que el gobernador no desea meterse en “problemas” con el grupo político de Zeferino Torreblanca. Pero en el cuarto aniversario del asesinato de Chavarría, la única opción que tiene el gobierno de Aguirre es investigar al ex gobernador Zeferino Torreblanca. Todos los indicios apuntan a él.

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