Investiga la CNDH el abuso de funcionarios municipales a los desplazados en Acapulco

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que investiga el desplazamiento de 131 personas de la comunidad de Las Chascuitas, municipio de San Miguel Totolapan a quienes “funcionarios municipales” de Acapulco intentaron desalojarlos”  mediante “sobornos y amenazas”.
En un comunicado, el organismo “deplora el trato indigno, la falta de atención a estos ciudadanos y hace un llamado a las autoridades para que éste y otros casos de esa naturaleza sean investigados a fondo, de manera profesional y se castigue a los responsables”.
En el documento la CNDH no identifica a los funcionarios sólo señala que “presuntamente intentó lanzarlas a través de sobornos y amenazas”.
“Desde el momento en el que conoció de los hechos, personal de este organismo nacional acudió al lugar para proporcionar apoyo y acompañamiento a las víctimas y recabar testimonios”, menciona.
Dice que inició la investigación en el caso de por lo menos 131 personas desplazadas del municipio de San Miguel Totolapan por violencia de la delincuencia organizada, “se trata de 29 familias que huyeron por la violencia de su comunidad y permanecen hacinadas en un terreno de donde un servidor público del puerto de Acapulco, lejos de apoyarles en su desesperada situación, presuntamente intentó lanzarlas a través de sobornos y amenazas”.
“En el último mes cerca de mil personas de aquel poblado han tenido que abandonar sus hogares porque grupos armados que se disputan la zona de producción y trasiego de drogas han incendiado casas y asesinado a campesinos ajenos al conflicto”, recuerda.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha llamado en reiteradas ocasiones a las autoridades para que atiendan a estos mexicanos que han tenido que huir de su lugar de residencia y procuren garantizarles el respeto de sus derechos humanos”, agrega.
Expresa que “en los últimos años la violencia ha generado condiciones para que alrededor de 120 mil personas se hayan movido de su lugar de origen para evitar ser víctimas de secuestro, extorsión o de algún otro tipo de amenaza”.
Informó que “recibe quejas y peticiones de auxilio de ciudadanos que huyen de sus entidades donde existe mayor actividad del crimen organizado, como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa, principalmente”.
“Los desplazados internos tienen que abandonar a sus familias, fuentes de ingreso y cultura con el objetivo de protegerse de la violencia que padecen en su tierra, para ir a otras ciudades con mejores condiciones de seguridad”, subraya.
Asegura que “los gobiernos tienen la obligación y la responsabilidad de proporcionar protección y asistencia a esta población en desgracia”. (Redacción).