Sin acuerdos, reuniones del gobierno con la CRAC de Olinalá y el alcalde

Sin acuerdos, reuniones del gobierno del estado con la CRAC de Olinalá y el alcalde

*Los atienden ayer por separado Martínez Garnelo y Medrano Baza. Los de la Policía Comunitaria piden que se cancelen las demandas penales en su contra. Nestora Salgado está acusada de secuestro, revelan. Que la Coordinadora libere a siete detenidos, entre ellos el síndico, la ejecución de órdenes de aprehensión y el desarme y desaparición de la organización, exige el presidente municipal priista Eusebio González

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sin acuerdos, terminó ayer una reunión entre integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.
El funcionario pidió a las autoridades comunitarias encabezadas por la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García que entreguen al síndico procurador de ese municipio, Armando Patrón Jiménez, a la Procuraduría de Justicia del estado, mientras que los miembros de la CRAC pidieron la cancelación de las demandas penales que hay en su contra.
Al mismo tiempo, en otra sala de la Secretaría General de Gobierno se reunió una comisión encabezada por el presidente municipal de Olinalá, Eusebio González Rodríguez y el subsecretario de Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza, quienes tampoco llegaron a acuerdos.
El alcalde pidió la liberación de siete detenidos por la CRAC, entre ellos, el síndico procurador; la ejecución de órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de la agrupación, así como el desarme y la desaparición de la Policía Comunitaria de Olinalá.
La audiencia con los de la CRAC estaba programada para que se realizara con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, a las 11 de la mañana en Casa Guerrero a donde llegó la comisión integrada por Nestora Salgado, el coordinador de Huamuxtitlán, Miguel Vitrago Reyes y los coordinadores Gonzalo Molina González de Tixtla, y Arturo Campos Herrera de Ayutla.
Sin embargo cuando esperaban la audiencia con el gobernador, Nestora Salgado recibió una llamada telefónica mediante la cual le informaron que irían por ellos porque la reunión se realizaría en la Secretaría General de Gobierno con Jesús Martínez Garnelo. Para entonces la comisión del Alcalde Eusebio González también llegaba a ese edificio que está en el Palacio de Gobierno.
Las reuniones comenzaron casi a las 11:30 de la mañana y terminaron después de las 3 de la tarde sin acuerdo alguno.
Al salir, los miembros de la CRAC informaron que el secretario de Gobierno se concretó a pedir que entregaran al síndico procurador detenido, “pero nosotros le dijimos que tenemos fotografías y videos para comprobar que fue detenido con las manos en la masa cuando pretendía apoderarse de una res que no es suya”, dijo Nestora Salgado.
Agregó que hay denuncias en contra del funcionario municipal por el encubrimiento de dos homicidios por lo que no puede ser puesto en libertad sin que haya garantías de que va a ser juzgados por esos delitos.
La coordinadora de la CRAC de Olinalá dijo que la postura del Gobierno del estado evidencia que es cómplice y protege a las bandas de delincuentes.
Nestora Salgado informó que no hubo un compromiso para cancelar las denuncias penales que existen en contra de coordinadores y policías comunitarios en la Procuraduría de Justicia. Dijo que tampoco hubo un compromiso para que se aplique cuando menos un extrañamiento al presidente municipal, Eusebio González por complicidad y protección al síndico, así como por organizar a un grupo de civiles armados con los que está preparando una masacre en Olinalá.
El coordinador de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera informó que se va a reunir la estructura de la organización para determinar qué acciones van a realizar, pues no vieron disponibilidad de las autoridades, aunque se mantiene el diálogo.
Mientras tanto, en la otra reunión entre el alcalde González Rodríguez y el subsecretario Medrano Baza, el presidente municipal demandó el cumplimiento de la minuta de acuerdos que convinieron el viernes de la semana pasada en Olinalá con el director de Gobernación, Moisés Alcaráz.
Los tres puntos de la minuta son: la liberación de siete detenidos por la CRAC, la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los miembros de la agrupación y el desarme y desaparición de la Policía Comunitaria, demandas a las que el funcionario no respondió, pues estaba en espera de acuerdos en la reunión de los miembros de la CRAC con el secretario Martínez Garnelo.
Por la tarde, la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso envió un comunicado en el que lamentó que no hayan encontrado acuerdos en la reunión en la que, “simplemente pedíamos que nos aceptaran nuestras proposiciones, nuestro pliego petitorio, que es el plan que tenemos”.
La agrupación explicó que a grandes rasgos, “demandamos el primero de cinco puntos, cumplir todas las minutas firmadas anteriormente, el retiro de las denuncias penales, en el caso del síndico el sistema comunitario lo encontró culpable y queremos que sea castigado. Si lo van a castigar ellos, pedimos que se desafore, se encarcele, procese, e inhabilite por 15 años”.
En el caso de la denuncia en contra de la coordinadora Nestora Salgado el documento señala que saben que la acusaron de secuestro, “y eso es ridículo, tienen que retirar todas las órdenes de aprehensión”.
El documento agrega: “hemos sido suficientemente maduros, no queremos un pleito con la población o los municipios, lo que nosotros brindamos es seguridad y queremos que lo entiendan, no estamos en contra de nadie, queremos vivir en paz, estamos en contra de la gente que hace daño”.
Insisten en que el acalde está conformando grupos de choque  “y de hecho estamos exigiendo que se le investigue por el desvío de recursos, porque le paga a esa gente sus salarios, gasolina y todo con el dinero del pueblo, está incitando a la violencia y a confrontar a la gente de su pueblo”.

Se expedirán 950 credenciales con seis sellos de seguridad a la CRAC: Lara Montellanos

*Después el gobierno buscará regular de la misma manera a la Policía Ciu-dadana de la UPOEG, informa el secretario de Seguridad Pública. El documentó contendrá fotografía, datos personales, características del arma y la comunidad en que vive el que la porta. Tiene catalogados como puntos rojos en cuanto a la violencia al puerto de Acapulco y la franja de la sierra de donde son los desplazados, informa. De los empresarios levantados o secuestrados en Chilpancingo dice “no sé quiénes son, no sé dónde están, no los puedo buscar porque no hay denuncia”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) del estado, Sergio Javier Lara Montellanos, confirmó ayer que el Gobierno estatal expedirá 950 credenciales a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como parte del proceso para regular a esa corporación indígena, y adelantó que lo mismo hará con la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Informó que para mantener un control de estos policías ciudadanos la credencial que será entregada tendrá seis sellos de seguridad, a fìn de que no puedan ser falsificados o violados.
El funcionario fue entrevistado después de que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y el subsecretario de Prevención y Participación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Ciprián pusieron en marcha en la colonia Pezuapa de esta capital el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, acto en el que no se dieron a conocer cifras de la delincuencia que dieran luz a la magnitud del problema.
En la entrevista se le preguntó al secretario de Seguridad Pública estatal por el diagnóstico que tiene del problema de la violencia y contestó de manera vaga, “estamos tomando la acciones necesarias para fortalecer la parte de la sierra, que es la parte donde hay problemas”
Agregó que, “en todos los municipios en donde tenemos presencia ahí estamos participando los tres niveles de gobierno, además el Ejército y la Marina”.
Agregó que tienen catalogados como puntos rojos en cuanto a la violencia al puerto de Acapulco, sobre todo en las escuelas, y parte de la sierra por el problema de los desplazados, “pero nada más es una franja que ya vamos a atender”, manifestó.
El funcionario dijo que en el caso de los desplazados por la violencia en las comunidades de la sierra del estado, están unos 200 en Acapulco y “como 133 en Tecpan”  y aseguró que en el municipio de Heliodoro Castillo ya todos se regresaron a sus comunidades.
Informó que la dependencia está instalando bases en los lugares de conflicto, “se pondrán una serie de bases para que entre todos les podamos dar seguridad a ellos, espero que para este fin de semana ya estén listas”, informó
En cuanto a la inseguridad que han denunciado los empresarios de Chilpancingo, el funcionario estatal dijo que a este sector “se les ha atendido, tanto por el gobernador como por nosotros”, pero manifestó que hace falta “formar conciencia en las personas para que nos den información a través del 089 para ser más eficientes”.
De los empresarios levantados o secuestrados, respondió que “no hay denuncias, vaya usted a la PGR y no hay la denuncia, no sé quiénes son, no sé dónde están, no los puedo buscar porque no hay denuncia”, expresó.
Explicó que cuando realizan los operativos “los delincuentes se esconden cuando ven tanta presencia de la policía o militar, no son tan valientes que digamos, si lo fueran no se hubieran escondido”.
Por otra parte aseguró que en el municipio de Olinalá está garantizada la seguridad luego de la CRAC denunció que un grupo de civiles armados pretende atacar a los policías comunitarios, lo que provocaría una masacre.
“La Secretaría de Seguridad Pública, la Marina y el Ejército tienen presencia en Olinalá, todo está en paz porque el secretario de Gobierno tiene pláticas con las dos partes, tanto con la CRAC como con el gobierno municipal”, agregó.
Anunció que en esta semana el Ejecutivo estatal mandará al Congreso local la iniciativa para la creación de la Policía Rural, “la idea es tener una policía que dependa del estado, y que tenga el control porque de la actual policía no conocemos sus controles, actúan mucho bajo lo que ellos consideran que es justo, no creo que actúan de mala fe, sino que no actúan con una regla o norma que esté escrita”, consideró.
Mientras se regulan del todo, agregó, el Gobierno del estado credencializará a la CRAC y la credencial que recibirán tendrán seis sellos de seguridad, “su fotografía, datos personales, los datos del arma que porta y de dónde es”.
Informó que estima que entregará unas 950 credenciales a la Policía Comuitaria y adelantó que el Gobierno estatal pretende hacer lo mismo con la Policía Ciudadana de la UPOEG, sin embargo no informó cuándo se entregarían estas credenciales, aunque el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo anuncio que les serían entregadas el martes miércoles y jueves de ésta semana.