Condicionó el diálogo el gobierno federal a la UPOEG; tiene que ofrecer disculpa pública a los militares retenidos

*En una reunión de esa organización el 18 de agosto, el abogado Saúl Sánchez informó al respecto, “pero ¿quién dará una disculpa a los pueblos que han sido abandonados por sus autoridades?”, se preguntó. La autodefensa ya emitió un desplegado en el que, dice, “saben que somos sus más leales y firmes aliados”, pero no fue tomado en cuenta

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los gobiernos federal y estatal no han respondido al llamado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para que se reanude el diálogo que se perdió a raíz de que el 5 y 6 de agosto la Policía Ciudadana de esa organización retuvo a más de 100 efectivos del Ejército en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa.
Según versiones extraoficiales, la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a la dirigencia de la UPOEG que ofrezca una disculpa pública al gobierno federal y al Ejército, lo cual no ha ocurrido a pesar de que el 15 de agosto esa organización publicó un desplegado en el que no expresa una disculpa pública de manera formal.
Luego de la retención de más de 100 militares el 5 y 6 de agosto en la comunidad de El Pericón en protesta por el desarme de cinco policías ciudadanos, el gobierno federal amenazó con demandar penalmente a quienes resulten responsables de la retención y advirtió que “no tolerará actos similares”.
Fuentes de las secretarías de Gobernación (SG) y de la Defensa Nacional (Sedena) dijeron que hay “enojo e inconformidad muy fuertes” en los altos mandos del Ejército por el trato de los pobladores de esa comunidad a los soldados retenidos durante más de 24 horas”.
Fuentes que estuvieron en la reunión del gobierno federal con la autodefensa que encabeza Bruno Plácido informaron que el subsecretario, Luis Miranda Nava, pidió a la UPOEG que expresara una disculpa pública a las fuerzas armadas para que se reanudara el diálogo.
Después de esta reunión, el gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación emitieron un comunicado en el que informan que advirtieron que los gobiernos federal y estatal no se volverían a reunir con la UPOEG si continuaban acciones como la de El Pericón.
Lo anterior significaba, según la dirigencia de esa organización, una petición de disculpas públicas para la Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo asistentes a la reunión aseguraran que la petición fue expresa, en el sentido de que debería haber disculpas públicas.
Sin embargo, el 10 de agosto, los miembros del Sistema de Seguridad Ciudadano acordaron?someter a consulta en 40 municipios las propuestas de diálogo que tendrán con el gobierno federal y estatal y reafirmaron su postura de seguir con la vigilancia ciudadana en las localidades donde se le solicite.
“Se va llevar todo un proceso, la consulta va a ser para evaluar qué están haciendo sus municipios y se va a evaluar el funcionamiento como gobierno del estado y se revisará la relación que tendría que tener con los tres niveles de gobierno; se va a revisar el tema de seguridad, se va a revisar el tema de desarrollo y la relación que debemos de tener entre el gobierno del estado y el pueblo porque están actuando como si no tuviéramos responsabilidad”, declaró Plácido Valerio.
Afirmó que los pueblos no van a dejar las armas porque “la delincuencia no está muerta, está junto a nosotros por eso se mantiene el sistema de seguridad para que nos garantice la seguridad en toda la zona”.
El 13 de agosto la UPOEG solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) ante las amenazas del Ejército y del crimen organizado que han recibido sus dirigentes.
En un comunicado, la Codehum informó que su presidente, Juan Alarcón Hernández, recibió en sus oficinas a los promotores de esa organización, encabezados por Manuel Vázquez Quintero y Gonzalo Torres Valencia y dijo que el motivo de la reunión fue “solicitar a esta dependencia su intervención con el fin de que se realicen las gestiones pertinentes ante la Secretaría General de Gobierno del estado para que intervenga ante la Secretaría de Gobernación, a fin de que se restablezca una mesa de diálogo con el gobierno federal y, desde luego, el gobierno del estado, así también se invite a la misma a la comandancia de la Novena Región Militar”, sin embargo los resultados de la petición aún no se conocían ayer.
El 18 de agosto en una reunión privada con comisarios, comisariados, policías ciudadanos, promotores de UPOEG en la comunidad El Mesón, en Ayutla, la dirigencia de esa organización acordó que los comisarios citados por la Procuraduría General de la República (PGR) se presenten juntos y en Chilpancingo a ratificar su declaración de los hechos en El Pericón del 5 y 6 de agosto cuando militares desarmaron a policías ciudadanos por portar armas exclusivas del Ejército y en respuesta fueron retenidos.
Ahí el abogado, Saúl Sánchez Arizmendi dijo a los más de 300 asistentes que el gobierno federal y las fuerzas armadas solicitaron una disculpa pública para regresar al diálogo “pero quien dará una disculpa a los pueblos que han sido abandonados por sus autoridades y las tantas muertes de personas en años de la delincuencia organizada, ¿dónde quedó la dignidad de los pueblos?, expresó el abogado.
En otra de sus intervenciones, Manuel Vázquez Quintero, promotor de la UPOEG y abogado de la misma, expresó que cada vez que da un paso adelante la organización y su Sistema de Seguridad Ciudadano con los pueblos de la Costa Chica, el gobierno se molesta, pero que mientras no dividan a los ciudadanos no logrará que el pueblo desista de exigir sus derechos y sobre todo la devolución de la tranquilidad en sus comunidades.
Sin embargo, tres días antes, el 15 de agosto la UPOEG mandó a publicar un desplegado a manera de disculpas a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Gobierno federal en el que expresa que la UPOEG “somos una fuerza de paz y somos pueblos que nos hemos puesto de pie para hacer por nosotros mismos, y de manera organizada lo que el Estado no ha podido hacer hasta ahora”.
El documento dice, “no estamos contra el gobierno, ni contra los poderes legalmente constituidos, mucho menos contra las fuerzas armadas; respetamos al Ejército mexicano y a la Marina. Los oficiales y elementos de tropa saben saben que somos sus más leales y firmes aliados”.
En su petición directa al presidente, Enrique Peña Nieto, el documento señala que, “le pedimos encarecidamente, en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas, instruir a los mandos y tropas destacados en Guerrero para que coordinen sus acciones contra la delincuencia, tanto con nuestro Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, así como nuestros hermanos que coordinan las autoridades comunitarias”.
Sin embargo, el desplegado no fue tomado como una disculpa por las autoridades federales y el diálogo entre la UPOEG y las autoridades federales y estatales sigue suspendido.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido insistió ayer en que de parte de la organización el diálogo se encuentra abierto, pero que el gobierno federal y el estatal siguen cerrados, y advirtió que serán las comunidades que pertenecen a su Sistema de Seguridad Ciudadano las que van a determinar las acciones en los próximos días.