Algunos desplazados alojados en Acapulco piden que se les reubique fuera del estado o del país

*Es un problema que nos ha rebasado a todos y por lo tanto debe haber corresponsabilidad”, dice el párroco Bulmaro Hernández. Pide a los ciudadanos que lleven agua y leche a las parroquias

Karla Galarce Sosa

El párroco e integrante de la comisión diocesana de justicia, paz y reconciliación, instancia que trabaja el proyecto de construcción de paz y de reconstrucción del tejido social en la iglesia católica, Bulmaro Hernández Morales informó que representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitaron ayer a las familias desplazadas por la violencia de la comunidad Las Chascuitas, de San Miguel Totolapan.
Precisó que algunas de las 131 familias que viven refugiadas en un hotel de Caleta en Acapulco pidieron que el gobierno estatal pague sus traslados a otras partes de la entidad, del país e incluso hay quienes pidieron su traslado fuera de México.
El sábado pasado los desplazados pidieron el apoyo de los tres niveles de gobierno y denunciaron que un grupo de 200 pistoleros irrumpió en su comunidad y quemó sus casas en esa comunidad de Tierra Caliente, por lo que huyeron de sus tierras dejando todo cuanto tenían.
El párroco de la iglesia de San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Hogar Moderno de Acapulco, Bulmaro Hernández informó que las policías Federal y Estatal realizan patrullajes en la zona como parte de los acuerdos que establecieron con autoridades del gobierno estatal, luego de que se reunieron el domingo pasado en la Casa Diocesana.
“Ellos están desesperados, con la incertidumbre, la ayuda fluye poco a poco y la arquidiócesis está en un papel de mediación entre los desplazados y como observadora. Todas las familias de desplazados por la violencia, al dejar sus casas, sus tierras, pierden también su identidad, han perdido todo en el sentido amplio de la palabra”, declaró Hernández Morales.
Agregó que los representantes de la CNDH están al pendiente del proceso, “hoy (martes) los visitaron nuevamente y la diócesis lo hace a través de la Pastoral Social que coordina el padre Jesús Mendoza Zaragoza y ofrecemos el servicio de psicólogos”.
Mencionó que las familias están llenas de temor e incertidumbre y que la Iglesia ofrece un acompañamiento espiritual, pastoral y jurídico en base a los derechos humanos.
“Hemos creado los vínculos para que los organismos especializados puedan darles asesoría y acompañamiento, tanto a los desplazados de Tecpan como a los que están en Acapulco (…) es un problema complejo que no se resuelve con presupuesto, sino que se requiere de una visión de las personas, es un problema latente que no se puede negar”, expresó.
Dijo que la arquidiócesis está a favor de las víctimas y los acompañará hasta que sean trasladadas a otros puntos de la entidad, del país o fuera de éste.
“Es un problema que nos ha rebasado a todos y por lo tanto debe haber corresponsabilidad”, subrayó.
Pidió el apoyo de la población para que lleve agua, alimentos para los niños, a todas las parroquias, “se requiere leche, son 131 personas de 31 familias y les estamos pidiendo que nos apoyen llevando alimentos para niños, leche, agua”.
Agregó que en la próxima reunión que sostendrán con las autoridades el jueves se dará seguimiento a los acuerdos asumidos, sin embargo, puntualizó que aún no se establecen lugar y hora para la realización de la misma.
Hernández Morales mencionó también que en la reunión del domingo pasado se establecieron estrategias a corto plazo que incluyeron el apoyo por parte del gobierno estatal en viviendas, dotación de víveres para alimentación, la participación del registro civil, asistencia médica y la educación de los niños e inscripción en algunas escuelas.
Agregó que el gobierno estatal pagó, hasta el domingo, el hotel donde están hospedados los desplazados.
Mencionó que entre los acuerdos a largo plazo están que reubiquen a los desplazados, los doten de una pequeña vivienda y otros piden la reubicación a alguna parte de la Costa Chica u otra parte de la entidad e incluso del país, y en caso que las familias lo decidan el pago del traslado lo absorba el gobierno estatal.
Afirmó que son diez personas que tienen alguna enfermedad, cuatro de ellas son niños y seis adultos.