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Los delegados federales, al servicio del PRI con miras al 2015, acusa Adrián Wences

*El dirigente de Movimiento Ciudadano denuncia presuntas irregularidades en IMSS, Sedatu, Infonavit, Profeco y Liconsa

Mariana Labastida

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco, denunció irregularidades en las delegaciones federales del IMSS, Sedatu, Infonavit, Liconsa, Profeco e ISSSTE, a cuyos delegados calificó de “mapaches electorales” e informó que los denunciará en las contralorías de cada delegación.
Wences dijo que los delegados están trabajando para el proceso electoral del 2015 a favor del PRI con recursos públicos.
En conferencia de prensa en las oficinas de MC en Acapulco, acompañado del secretario de Organización y Acción Política, Patricio Abarca Martínez, y el secretario de la Comisión Operativa, Marco Antonio Parral Soberanis, Wences dijo que estas denuncias también las hará en la Contraloría de cada delegación, aunque aseguró que muchas veces están en contubernio con los delegados, “pero no quitaremos el dedo del renglón”.
El dirigente de MC indicó que el delegado del IMSS, José Luis Ávila Sánchez es “incondicional de Manuel Añorve”, y lo acusó de estar en contubernio con la secretaria general del sindicato, Digna Bertha Marroquín Cisneros, para imponer a Bertha Vega Torres, “quien está casada con un hermano del delegado, es decir, es su cuñada, con lo cual en el IMSS todos los huevos quedarían en la canasta de la familia Ávila”.
Agregó que Ávila pretende tener el monopolio de plazas, ascensos y premios que se dan a los trabajadores del IMSS, por lo que se pone en riesgo la institución.
Recordó  que el delegado proviene de un gobierno que dejó endeudado al ayuntamiento de Acapulco.
De la delegación de Liconsa, el dirigente de MC acusó al delegado, Javier Hernández Campos, de nepotismo, por nombrar a su hijo, Javier Hernández Torres, jefe del padrón de beneficiarios de esa dependencia, lo cual demostró Wences Carrasco con la fotografía de la credencial y número de empleado de Hernández Torres.
Agregó que busca “usar el padrón con fines electorales”, con lo cual dijo se demuestra que no se han quedado atrás las “viejas prácticas del PRI”.
Del delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Fermín Alvara-do Arroyo, dijo que está más preocupado en venganzas que en proteger a los consumidores, lo cual quedó demostrado con el despido de Oliver Cholula Flores, trabajador de esa dependencia, que en años anteriores acusó al hermano del ex diputado de robo.
De dicha acusación mostró la impresión de una foto en un periódico local.
Wences Carrasco indicó que trabajadores sindicalizados del Infonavit acudieron con él a denunciar al delegado Marco Antonio Leyva Mena, quien dijo es también una cuota de su padrino político y tiene aviadores en la dependencia, para que trabajen a favor de su partido, como Rubí Cortés, que también trabaja en el ayuntamiento de Zihuatanejo, y Lauro Manríquez, que es empleado comisionado en Chilpancingo de la SEP.
Añadió que los trabajadores también denunciaron que no hay forma de reunirse con el delegado si no lo autoriza Fabián Yáñez García, quien es asesor y chofer del delegado, y “es quien hace el trabajo del delegado y es con quien la gente tiene que peregrinar para llegar a Marco Antonio Leyva”.
Dijo que la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está en manos del figueroísta, Héctor Vicario Castrejón, quien tiene como subdelegado a Ignacio Ocampo Zavala, quien a su vez fue designado delegado del PRI en Buenavista de Cuéllar, “dando muestra de que ya ni se disimula ni se busca en lo más mínimo separar lo partidista de las labores de gobierno y que se están usando recursos públicos para operadores políticos”.
También criticó el trabajo del delegado del ISSSTE, aunque no precisó las presuntas anomalías cometidas por el mismo.
El dirigente de MC criticó que se haya privilegiado en el gobierno de Enrique Peña Nieto a los operadores políticos por encima de quienes tienen el perfil para ocupar las delegaciones como parte del servicio profesional de carrera, por lo que exigió que los sustituya por servidores públicos.

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