La impunidad, origen de asesinatos y represión en Guerrero, sostiene el prelado católico

*La violencia cesará cuando el gobierno restablezca el Estado de derecho, dice el obispo de Saltillo. “Es hipócrita” el discurso de la reforma energética, porque llevará al país a la miseria, advierte

Rosalba Ramírez García

Iguala

El obispo Raúl Vera López afirmó que la violencia en Guerrero no cesará hasta que el gobierno estatal restablezca el Estado de derecho, de lo contrario dijo que seguirán los desplazamientos de pueblos enteros, asesinatos y represión por la impunidad que predomina.
Dijo lo anterior en entrevista ayer al concluir un recorrido y mitin en Iguala, donde ofreció su respaldo a los familiares de los tres integrantes de la Unidad Popular (UP) que fueron desaparecidos el 31 de mayo pasado y hallados asesinados el 3 de junio: Arturo Her-nández Cardona, Ángel Román y Rafael Banderas.
Ahí el obispo de Saltillo, Coahuila, defensor de los derechos humanos y que se ha caracterizado por solidarizarse con los movimientos sociales, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso porque afirmó que el gobierno del estado es juez y parte en la investigación.
En ese sentido, aseveró que el Estado mexicano en su conjunto, pero también el gobierno de Guerrero, tiene “grupos armados” que son los cárteles del narcotráfico, los cuales, dijo, son sus “cómplices” y los utilizan para asesinar a luchadores sociales y que se podría empeorar si no se restablece el Estado de derecho.
Dijo que la impunidad que “el gobierno” permite ha provocado que las comunidades tengan que armarse para defenderse y en otros casos se vean obligados a abandonar sus poblaciones al negarse a colaborar con grupos de la delincuencia.
Señaló que la única opción que tienen para protegerse es desplazarse a otros lugares, y lamentó que en el estado los ciudadanos tengan que tomar esas medidas de seguridad ante la indolencia gubernamental.
El obispo de Saltillo, que el 13 de septiembre del año pasado recibió la presea Sentimientos del Pueblo en la plaza cívica Primer Congreso de Anahuác, por parte de organizaciones sociales en un acto alterno al que realiza el Congreso local en conmemoración de la promulgación de los Sentimientos de la Nación, afirmó que en Guerrero sigue prevaleciendo la “impunidad que facilita la venganza” de los grupos delincuenciales contra quienes denuncian o no forman parte de ellos.
Obispo de Tierra Caliente desde el 20 de noviembre de 1987 que llegó a Ciudad Altamirano, donde estuvo ocho años, dijo que ahí fue testigo de injusticias y abusos de los gobiernos estatales y federales.
Así como la impunidad de grupos del narcotráfico que “estaban allá arriba” (en la sierra de la Tierra Caliente), donde sembraban y bajaban los narcóticos para enviarlos a otros países, “allá se arreglaban y los crímenes también eran en esa zona”.
Pero el problema no se expandía a todo el estado como actualmente, dijo, y afirmó que hay una situación de violencia e inseguridad “muy delicada”, y que los gobiernos federal y estatal no hacen nada.

Con las reformas se agudizarán la pobreza y la inseguridad

El obispo, que apoya los derechos de homosexuales y lesbianas y es reconocido por la defensa de los migrantes en el norte del país, se manifestó “rotundamente” en contra de la reforma energética y hacendaria que impulsa el gobierno federal.
Dijo que el discurso oficial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y que repiten sus simpatizantes en torno a las reformas energética y hacendaria “es hipócrita”, porque llevarán al país a la miseria.
Raúl Vera afirmó que lo que se pretende es privatizar la renta petrolera, cuando ese recurso natural sostiene la economía del país.
Consideró que la privatización del petróleo es una acción estratégica del gobierno federal, y que el objetivo es quitar “la independencia” al país, y la consecuencia será que México dejará de ser una nación libre, porque dijo que lo que se pretende es entregar los energéticos a la industria privada internacional.
Consideró que de aprobarse las reformas que propone el PRI, se agudizaría la pobreza y la inseguridad generada por la impunidad de la violencia de los grupos delictivos, podrían resultar en un estallido social que “sería muy lamentable”.
Lo anterior porque existe una complicidad añeja entre los grupos criminales y el Estado, que son utilizados para desarticular movimientos sociales asesinando a sus líderes, como insistió que fue el caso de los dirigentes de la UP en Iguala.
Vera López recibió uno de los reconocimientos más importantes en el mundo en 2010, el premio de la Fundación Rafto para los Derechos Humanos, además de otros nacionales por la defensa de los migrantes centroamericanos, los mineros, los homosexuales, los indígenas, las trabajadoras sexuales, los familiares de desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico, los deudos de la mina de Pasta de Conchos así como los trabajadores despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En integrante de organizaciones como Frontera con Justicia y creó el centro diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y está en coordinación con familiares de personas desaparecidas de manera forzada en Coahuila, que integran la Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos.