Nuevo incidente entre policías de la UPOEG y Ejército en la Costa Chica

*Rodean con palos y piedras vecinos de Florencio Villarreal a soldados que desarmaron a un guardia

*El diálogo del go-bierno federal con esa organización está condicionado a que se ofrezca una disculpa pública a los efectivos retenidos en El Pericón

*Sin armas”, el trabajo de militares en la Cruzada contra el Hambre, asegura Rosario Robles

*Exigen ocho síndicos de La Montaña que desaparezcan las policías comunitarias y que se libere a su par de Olinalá

Rodean con palos y piedras vecinos de Cruz Grande a soldados que desarmaron a un policía ciudadano

De la corresponsalía

San Marcos

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que soldados del Ejército decomisaron una pistola calibre 45 a un policía ciudadano de Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal.
Para evitar que los militares detuvieran a los tres comandantes de ruta del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) que registraron, salieron los pobladores y rodearon a los uniformados, quienes optaron por irse del lugar porque la gente traía piedras y palos.
Plácido Valerio reveló que los soldados que revisaron a los policías ciudadanos eran del 48 Batallón de Infantería que patrullaba la zona.
Dijo que los hechos fueron sobre la carretera estatal Cruz Grande- Ayutla en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), cuando los tres comandantes circulaban y fueron interceptados por un convoy de las fuerzas castrenses, quienes les quitaron la pistola 9 milímetros pero les dejaron el resto de las armas, que eran escopetas.
Dijo que le informaron que los vecinos de esa zona, al darse cuenta de que militares rodearon la camioneta de los comandantes de ruta comenzaron a rodear al convoy militar, armados con piedras y palos, para evitar que se llevaran a los policías ciudadanos.
Agregó que el incidente no pasó a mayores porque los militares se retiraron del lugar y ahora está a la espera de que alguna autoridad se comunique con él para ratificar el decomiso del arma.
Al dirigente de la UPOEG se le mencionó que ayer circuló la versión de que un soldado había sido asesinado por efectivos de la Policía Ciudadana.
El mensaje circuló en las redes sociales bajo el título de muere militar en choque de autodefensas con el ejército.
El rumor incluso decía que el militar asesinado por la autodefensa en Guerrero pudo haber sido de inteligencia, pues aunque no se mencionó el lugar de los hechos, se mencionó que el soldado estaba vestido de civil al momento de ser asesinado.
Al respecto Plácido Valerio dijo que ningún efectivo del SSC está involucrado en el asesinato de ningún militar, por lo que deslindó a su organización y pidió responsabilidad al difundir ese tipo de información ya que confunde y siembra temor en la ciudadanía.
“Los policías ciudadanos del Sistema de Seguridad no están involucrados en ningún crimen hacia ningún militar, no surgimos para asesinar a nadie, repetimos: respetamos a los mandos castrenses, nos deslindamos definitivamente de eso, esperemos que en realidad sea sólo un rumor, porque sería lamentable, y de ser mentira debemos de entender que tiene que haber responsabilidad entre los que se dedican a informar, sobre todo porque ese tipo de rumores confunde y atemoriza a la ciudadanía”.

No le han ofrecido credenciales para la autodefensa, informa

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que el gobierno del estado no lo ha contactado para decirle que los va a credencializar como a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), como anunció el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), Sergio Javier Lara Montellanos.
Las autoridades rompieron el diálogo con la UPOEG luego de que el 5 y 6 de agosto retuvieron a un centenar de militares que habían desarmado a cinco policías ciudadanos.
Ayer, vía telefónica, Bruno Plácido dijo que no conoce el mecanismo con el que la administración de Ángel Aguirre Rivero pretende darle una identificación a cada policía ciudadano, “no conozco las reglas y lineamientos (porque) hasta el momento no se ha abierto el diálogo con el gobierno estatal y hasta que no sea convocado por las autoridades podré saber de qué se trata y de la misma forma dar a conocer la propuesta a los miembro de la UPOEG, si es que el caso se diera antes de la reunión el próximo 7 de septiembre en Copala”.
Informó que ayer tenía una reunión con funcionarios federales para conocer cómo puede reanudarse el diálogo y aunque no precisó con quiénes se reuniría dijo que sería con perredistas.

Hoy ratifican su declaración los 57 comisarios

En entrevista telefónica, el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero informó que hoy los 57 comisarios que fueron citados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acudirán a esa dependencia a ratificar su declaración respecto a la retención de un centenar de soldados del Ejército el 5 y 6 de agosto en el Pericón, Tecoanapa.
Dicha ratificación será a las 9:00 de la mañana por lo que los comisarios tendrán una reunión previa a las 7 en las oficinas de la UPOEG en Chilpancingo, “es importante que todos estén presentes para ratificar la carta que se escribió cuando los militares quedaron varados en El Pericón”.
Aseguró que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, confirmó su asistencia, y que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva enviará visitadores para asegurar que no se violen los derechos de los comisarios.

Condicionó el diálogo el gobierno federal a la UPOEG; tiene que ofrecer disculpa pública a los militares retenidos

*En una reunión de esa organización el 18 de agosto, el abogado Saúl Sánchez informó al respecto, “pero ¿quién dará una disculpa a los pueblos que han sido abandonados por sus autoridades?”, se preguntó. La autodefensa ya emitió un desplegado en el que, dice, “saben que somos sus más leales y firmes aliados”, pero no fue tomado en cuenta

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los gobiernos federal y estatal no han respondido al llamado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para que se reanude el diálogo que se perdió a raíz de que el 5 y 6 de agosto la Policía Ciudadana de esa organización retuvo a más de 100 efectivos del Ejército en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa.
Según versiones extraoficiales, la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a la dirigencia de la UPOEG que ofrezca una disculpa pública al gobierno federal y al Ejército, lo cual no ha ocurrido a pesar de que el 15 de agosto esa organización publicó un desplegado en el que no expresa una disculpa pública de manera formal.
Luego de la retención de más de 100 militares el 5 y 6 de agosto en la comunidad de El Pericón en protesta por el desarme de cinco policías ciudadanos, el gobierno federal amenazó con demandar penalmente a quienes resulten responsables de la retención y advirtió que “no tolerará actos similares”.
Fuentes de las secretarías de Gobernación (SG) y de la Defensa Nacional (Sedena) dijeron que hay “enojo e inconformidad muy fuertes” en los altos mandos del Ejército por el trato de los pobladores de esa comunidad a los soldados retenidos durante más de 24 horas”.
Fuentes que estuvieron en la reunión del gobierno federal con la autodefensa que encabeza Bruno Plácido informaron que el subsecretario, Luis Miranda Nava, pidió a la UPOEG que expresara una disculpa pública a las fuerzas armadas para que se reanudara el diálogo.
Después de esta reunión, el gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación emitieron un comunicado en el que informan que advirtieron que los gobiernos federal y estatal no se volverían a reunir con la UPOEG si continuaban acciones como la de El Pericón.
Lo anterior significaba, según la dirigencia de esa organización, una petición de disculpas públicas para la Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo asistentes a la reunión aseguraran que la petición fue expresa, en el sentido de que debería haber disculpas públicas.
Sin embargo, el 10 de agosto, los miembros del Sistema de Seguridad Ciudadano acordaron?someter a consulta en 40 municipios las propuestas de diálogo que tendrán con el gobierno federal y estatal y reafirmaron su postura de seguir con la vigilancia ciudadana en las localidades donde se le solicite.
“Se va llevar todo un proceso, la consulta va a ser para evaluar qué están haciendo sus municipios y se va a evaluar el funcionamiento como gobierno del estado y se revisará la relación que tendría que tener con los tres niveles de gobierno; se va a revisar el tema de seguridad, se va a revisar el tema de desarrollo y la relación que debemos de tener entre el gobierno del estado y el pueblo porque están actuando como si no tuviéramos responsabilidad”, declaró Plácido Valerio.
Afirmó que los pueblos no van a dejar las armas porque “la delincuencia no está muerta, está junto a nosotros por eso se mantiene el sistema de seguridad para que nos garantice la seguridad en toda la zona”.
El 13 de agosto la UPOEG solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) ante las amenazas del Ejército y del crimen organizado que han recibido sus dirigentes.
En un comunicado, la Codehum informó que su presidente, Juan Alarcón Hernández, recibió en sus oficinas a los promotores de esa organización, encabezados por Manuel Vázquez Quintero y Gonzalo Torres Valencia y dijo que el motivo de la reunión fue “solicitar a esta dependencia su intervención con el fin de que se realicen las gestiones pertinentes ante la Secretaría General de Gobierno del estado para que intervenga ante la Secretaría de Gobernación, a fin de que se restablezca una mesa de diálogo con el gobierno federal y, desde luego, el gobierno del estado, así también se invite a la misma a la comandancia de la Novena Región Militar”, sin embargo los resultados de la petición aún no se conocían ayer.
El 18 de agosto en una reunión privada con comisarios, comisariados, policías ciudadanos, promotores de UPOEG en la comunidad El Mesón, en Ayutla, la dirigencia de esa organización acordó que los comisarios citados por la Procuraduría General de la República (PGR) se presenten juntos y en Chilpancingo a ratificar su declaración de los hechos en El Pericón del 5 y 6 de agosto cuando militares desarmaron a policías ciudadanos por portar armas exclusivas del Ejército y en respuesta fueron retenidos.
Ahí el abogado, Saúl Sánchez Arizmendi dijo a los más de 300 asistentes que el gobierno federal y las fuerzas armadas solicitaron una disculpa pública para regresar al diálogo “pero quien dará una disculpa a los pueblos que han sido abandonados por sus autoridades y las tantas muertes de personas en años de la delincuencia organizada, ¿dónde quedó la dignidad de los pueblos?, expresó el abogado.
En otra de sus intervenciones, Manuel Vázquez Quintero, promotor de la UPOEG y abogado de la misma, expresó que cada vez que da un paso adelante la organización y su Sistema de Seguridad Ciudadano con los pueblos de la Costa Chica, el gobierno se molesta, pero que mientras no dividan a los ciudadanos no logrará que el pueblo desista de exigir sus derechos y sobre todo la devolución de la tranquilidad en sus comunidades.
Sin embargo, tres días antes, el 15 de agosto la UPOEG mandó a publicar un desplegado a manera de disculpas a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Gobierno federal en el que expresa que la UPOEG “somos una fuerza de paz y somos pueblos que nos hemos puesto de pie para hacer por nosotros mismos, y de manera organizada lo que el Estado no ha podido hacer hasta ahora”.
El documento dice, “no estamos contra el gobierno, ni contra los poderes legalmente constituidos, mucho menos contra las fuerzas armadas; respetamos al Ejército mexicano y a la Marina. Los oficiales y elementos de tropa saben saben que somos sus más leales y firmes aliados”.
En su petición directa al presidente, Enrique Peña Nieto, el documento señala que, “le pedimos encarecidamente, en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas, instruir a los mandos y tropas destacados en Guerrero para que coordinen sus acciones contra la delincuencia, tanto con nuestro Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, así como nuestros hermanos que coordinan las autoridades comunitarias”.
Sin embargo, el desplegado no fue tomado como una disculpa por las autoridades federales y el diálogo entre la UPOEG y las autoridades federales y estatales sigue suspendido.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido insistió ayer en que de parte de la organización el diálogo se encuentra abierto, pero que el gobierno federal y el estatal siguen cerrados, y advirtió que serán las comunidades que pertenecen a su Sistema de Seguridad Ciudadano las que van a determinar las acciones en los próximos días.

Exigen ocho síndicos que desaparezcan las policías comunitarias y que se libere a su par de Olinalá

Ocho síndicos de municipios de La Montaña pidieron la presentación inmediata de su homólogo de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, que está retenido por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), acusado de borrar evidencias de dos homicidios y de abigeo.
A su vez, exigieron, “la desarticulación total los grupos subversivos llámese CRAC, autodefensas o Sistema de Seguridad Ciudadano que se encuentran fuera de todo marco legal”.
En una rápida conferencia realizada en el pasillo del Ayuntamiento de esta ciudad, en donde no participó ninguna autoridad de la administración petista, Javier Vázquez Ayala, quien se presentó como vocero del grupo de síndicos que se formó en la región para el mejor desempeño de sus funciones leyó el documento que enviarán al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y posteriormente al presidente, Enrique Peña Nieto.
En el documento dicen que son ciudadanos indígenas y que en su calidad de síndicos de diversos municipios exponían su desacuerdo en los acontecimientos del miércoles 14 de agosto cuando su homólogo fue “vejado, injuriado, atentado en sus derechos humanos elementales y privado de su libertad en la modalidad de secuestro por individuos que se dicen ser defensores de los pueblos”.
En ese sentido exigieron la presentación inmediata, con vida y capacidades intactas de Patrón Jiménez y que se reinstale en las funciones para lo que fue electo de forma legal y constitucional. Piden el restablecimiento del Estado de derecho.
En la misiva exigen, “la desarticulación total de los grupos subversivos llámese CRAC, autodefensas o Sistemas de Seguridad Ciudadanos que se encuentran fuera del marco legal, ya que como indígenas no les han otorgado facultades para que los cuiden y lo único que han hecho es trastocar el Estado de derecho sin que el gobierno estatal haga cumplir la ley”.
Piden que se aplique la ley “caiga quien caiga” por la privación de la libertad del síndico de Olinalá y que responsabilizaban al gobierno de lo que les pase por haber suscrito el documento, ya que ellos no tienen enemigos.
Le recuerdan al gobernador que en marzo le solicitaron la elaboración de un plan estratégico que diera garantías y seguridad a los ciudadanos y a ellos como síndicos por las funciones que desempeñan, pero no les respondió ni los recibió en la audiencia que le pidieron.
Los síndicos municipales que aparecen en el documento sin firma, son los priistas de Alcozauca, Antonio Ayala Valdez; de Atlamajalcingo del Monte, Miguel Velázquez Ramírez y de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García; los perredistas de Xalpatláhuac, Benjamín Candia Rosas; de Tlalixtaquilla, Hermilo Zuñiga Vargas; de Huamuxtitlán, Enrique García Guzmán; de Xochihuehuetlán, Margarito Cuatla Jacobo; de Cualac, Alberto Ventura Bello y el vocero Javier Vázquez Ayala, “otros no llegaron por las distancias pero respaldan el documento”, dijo el vocero.
Se les dijo que la Policía Comunitaria de Olinalá manejó que detuvo al síndico cuando pretendía robarse una vaca y por borrar evidencias en dos homicidios, y que estaba juzgando al síndico bajo las leyes comunitarias no por el derecho positivo. Ningún síndico respondió y fue el vocero quien dijo que pedían su presentación porque eran suposiciones y no se podían valer de eso porque para eso estaban el código y los bandos de policía municipales para hacer las cosas por la vía de la legalidad.
Se le comentó que  el argumento de la Policía Comunitaria es castigar a través del derecho comunitario (usos y costumbres) a lo que respondió que si la comunitaria les dice sus pretensiones y explica su actuar puede ser entendido y que si lo hace de manera particular deberá hacerse responsable de sus decisiones.
Los síndico colocaron una manta en la que se lee “Armando Patrón estamos contigo. Síndicos de la Montaña” entre los muros del pasillo del Ayuntamiento, pero fue retirada minutos después por trabajadores que estaban pintando el lugar, en ese lapso llegaron militares para hablar sobre la logística de las fiestas septembrinas.  (Carmen González Benicio / Tlapa).