Ratifican comisarios en la PGR su denuncia contra un capitán por delincuencia organizada

*Acuden a la delegación en Chilpancingo 20 de 57 autoridades que el 5 de agosto en El Pericón, Tecoanapa, redactaron un acta de los hechos. “Los vehículos de los militares se encontraban como a 50 o 60 metros, y los soldados nunca fueron tocados ni desarmados y nunca se les dijo que estaban retenidos”, declaró uno de ellos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Unos 20 comisarios municipales, comisariados y delegados del municipio de Tecoanapa acudieron ayer a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) para ratificar un acta de hechos que levantaron con motivo del desarme que sufrieron cinco elementos de la Policía Ciudadana el 5 de agosto pasado en la comunidad de El Pericón, por efectivos del Ejército y reiteraron la denuncia en contra de un capitán, a quien identifican como Broum (o Proum), de tener vínculos con las bandas del crimen organizado.
Los comisarios acudieron a las 9:30 de la mañana de ayer a las instalaciones de la delegación de la PGR acompañados por los abogados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Saúl Sánchez Arizmendi, Manuel Vázquez Quintero, Marcos Matías Alonso y Adolfo Suástegui García. También los acompañó el abogado de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Armando Ramírez Cuevas.
El promotor de Desarrollo Comunitario de la UPOEG, Gonzalo Torres Valencia informó que de los 57 comisarios del municipio de Tecoanapa que fueron citados por la PGR, ayer acudieron 20.
“Estamos siendo citados aquí todos los comisarios que firmaron el acta de hechos de lo ocurrido el 5 y 6 en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, y estamos aquí para ratificar esa denuncia de hechos, como todo proceso normal que se tiene que seguir conforme a derecho”, explicó Torres Valencia, uno de los dirigentes de la agrupación que acudió con los comisarios que estuvieron compareciendo durante la mayor parte de ayer en esta capital.
Informó que lo que declaren los comisarios en su comparecencia ayudará a esclarecer lo que realmente ocurrió en El Pericón el 5 y 6 de agosto pasado, en referencia al desarme de cinco policías ciudadanos y la posterior retención de más de 100 efectivos del Ejército por habitantes de varios pueblos de la región de la Costa Chica; unos 50 de ellos que fueron los que desarmaron a los policías civiles, y el resto que acudían a rescatarlos.
El dirigente Torres Valencia, explicó que a raíz de ese “incidente” algunas autoridades se formaron una percepción equivocada de la UPOEG, lo que incluso originó el rompimiento del diálogo entre el gobierno federal y estatal con la dirigencia de la agrupación que creó al Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC).
Sin embargo dijo, “nosotros somos un asunto muy distinto a lo que consideran las instituciones que se encargan de la seguridad, nosotros como organización no somos un peligro para la sociedad, al contrario, somos la solución”, manifestó.
Dijo que independientemente de las declaraciones de los comisarios ante la PGR, las autoridades federales y estatales deben verificar la situación en campo, “que se involucren con nosotros, que vean qué cosas hacemos, para que no tengan temor. No somos guerrilla tolerada, como se ha dicho”, expresó en referencia a las declaraciones del diputado local priista, Rubén Figueroa Smutny que se publicaron ayer.
Explicó que por eso decidieron que los comisarios acudieran a la delegación de la PGR a declarar con respecto a lo que ocurrió en El Pericón, pues a raíz de ello las autoridades han estado acusando a la UPOEG de que actuó de manera autoritaria al haber retenido a los militares.
“Pero lo que ocurrió allí fue una manifestación de la población para defender a su policía de los atropellos que sufrieron por los elementos castrenses”, afirmó y dijo que la población salió en defensa de la Policía Ciudadana, no la UPOEG, “al contrario, nosotros salimos para evitar que se tornara una situación de riesgo mayor, porque la gente ya andaba armada con palos y piedras para actuar en contra del Ejército por lo que había hecho”, advirtió.
Relató que los ánimos de la población se alteraron en contra de los militares cuando descubrieron un árbol cerca de donde se encontraba su campamento, “que después bautizaron como el árbol de la horca” en donde, según los pobladores, los militares torturaban a sus detenidos.
Recordó que los ciudadanos encontraron unas letrinas “que les parecieron sospechosas” cerca de dónde se encontraba el campamento y el retén de los militares que llevaba aproximadamente cinco meses a la salida de El Pericón, entonces fue que 57 comisarios municipales levantaron un “acta de hechos” que entregaron a la PGR, y a consecuencia de eso fueron citados para ratificar la denuncia.
En las declaraciones que habrían hecho los comisarios ante el Ministerio Público federal, aclararon que fue la “sociedad civil” quien hizo el bloqueo a carretera y que “no es verdad que los soldados fueron retenidos, puesto que los vehículos de los militares se encontraban como a 50 o 60 metros, y los soldados nunca fueron tocados ni desarmados y nunca se les dijo que estaban retenidos”.
Mientras tanto, Torres Valencia informó que los comisarios ratificaron sus sospechas hacia el capitán Broum de estar involucrado con la delincuencia, sobre todo porque antes del 5 y 6 de agosto “había incurrido en algunas situaciones en Ayutla, de donde sacó a militares enmascarados entre los que se cree sacó al Cholo (un delincuente presuntamente jefe de la plaza) y algunas otras personas que estaban involucradas con la maña”.
Agregó que esa investigación la tendrá que hacer la PGR, “nosotros solamente les señalamos quiénes son los que tienen elementos para que sean investigados”.