Urgen en el Congreso a regular policías ciudadanas ante peticiones de alcaldes

“Si llega a darse algún tipo de enfrentamiento me deslindo de toda responsabilidad”, dice en un escrito a los diputados el presidente municipal de Olinalá Eusebio González. Hay un “quebranto de la estabilidad y la paz social del municipio” provocado por las autodefensas, asegura Elizabeth Gutiérrez Paz, de Tierra Colorada. “Estamos a punto de la ingobernabilidad”, asegura en tribuna el perredista Germán Farías

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Luego de que en escritos por separado, los alcaldes de Olinalá y de Juan R. Escudero solicitaron la intervención del Congreso del estado para frenar a las policías ciudadanas, el diputado del PRD, Germán Farías, exhortó ayer en la sesión a sus compañeros de la Comisión Permanente  a agilizar su regulación para evitar la ingobernabilidad en el estado.
Este miércoles en sesión de la Comisión Permanente se dio lectura a los oficios que turnaron los alcaldes de Olinalá y Juan R. Escudero, que fueron turnados a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación que preside el diputado Angel Aguirre Herrera, y a pesar de que no está dentro del procedimiento legislativo, intervino el diputado perredista Germán Farías con la autorización del presidente de la Mesa Directiva, Antonio Gaspar Beltrán.
En su intervención en tribuna, Germán Farías planteó a los diputados de la Comisión Permanente –a la que no asistieron los diputados del PRI a pesar de encontrarse en sus cubículos— no mantenerse como espectadores ante la realidad que se vive en el estado, y que en algunos municipios operan “grupos criminales y hay levantamientos sociales”.
“Estamos a punto de la ingobernabilidad”, alertó el diputado perredista, argumentando que no pueden “mantenerse indiferentes”, y propuso instruir a la Comisión de Gobierno o crear una comisión especial que acuda a atender los conflictos en Olinalá y Juan R. Escudero.
Consideró que “está mal que los alcaldes de esos dos municipios en sus escritos nos digan al Congreso del estado que se deslindan de lo que pudiera ocurrir con la actividad que realizan las policías ciudadanas, porque fueron electos para resolver los problemas de los municipios”.
Añadió que la aparición de las policías ciudadanas “es resultado de la indiferencia de los tres órdenes de gobierno, quienes han evitado tomar medidas para acotar la violencia, pero deben saber que la violencia genera más violencia”.
“Por eso debemos exigir al gobierno federal coordinarse con los gobiernos estatal y municipal para cambiar las políticas de seguridad”, señaló.
Y puntualizó al culminar su participación: “No debemos permitir a la policía ciudadana, porque está fuera de la legalidad, y si se sale de nuestras manos puede haber ingobernabilidad”.
Enseguida el presidente de la Comisión Permanente, Antonio Gaspar, turnó los dos oficios a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
En su escrito dirigido al presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, el alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, le informa que “hay una gran irritación social por los acontecimientos, en la retención de tantas personas, violentando sus derechos y garantías individuales, por la Policía Ciudadana Olinalteca comandada por la señora Nestora Salgado García”.
“No omitiendo lo del día de ayer en cuanto a la retención del síndico procurador y de su chofer, desconociendo hasta este momento su paradero, no omito manifestar que he procurado el no enfrentamiento entre los pobladores y que esta situación pone en riesgo la confrontación entre los habitantes”, dice.
Y añade el alcalde en su escrito: “De igual manera externo que si llega a darse algún tipo de enfrentamiento me deslindo de toda responsabilidad, ya que mi persona en todo momento ha privilegiado el diálogo y he tratado de mantener la armonía y paz social, entre las personas que han sido afectadas, notificando a los diferentes órganos de gobierno para su intervención, cosa que hasta la fecha no ha habido ningún tipo de solución”.
Este oficio del alcalde priista de Olinalá está fechado como recibido en el Congreso local el 16 de agosto, y apenas este miércoles fue dado a conocer a la Comisión Permanente.
Mientras que en el escrito de la alcaldesa panista de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez Paz, dirigido también al gobierno federal y a la CNDH, da a conocer a los diputados que “a partir de la aparición del grupo armado, que se hacen llamar Policías Comunitarios que tomaron por asalto la cabecera municipal, Tierra Colorada, en donde finalmente instalaron su base de operación, y que continuamente a través de diversos escritos puse en conocimiento de las autoridades gubernamentales”.
“Respecto del quebranto de la estabilidad y la paz social del municipio, provocado por unos personajes sedicentes policías comunitarios, grupos de autodefensa, que conocieron Humberto Salgado y Florentino Cruz Ramírez, este último se comprometió a mandar policías estatales para devolver la tranquilidad y paz social, sin embargo, nunca cumplió… pero fue hecho del conocimiento al actual secretario, Jesús Martínez Garnelo, quien también ha sido omiso en intervenir al respecto y finalmente por el nulo apoyo del gobierno del estado”, afirma la alcaldesa.
“Tuvo como consecuencia que estos grupos fuera de toda legalidad, el día 6 de agosto, tomaran las instalaciones del palacio municipal, aun y que tuvieron oportunamente conocimiento de estos hechos y tratados en una mesa de diálogo en la Casa Guerrero con el líder natural, Bruno Plácido Valerio”, señala.
La alcaldesa panista también relata los hechos en que la policía ciudadana retuvo a militares en el poblado de El Pericón, pero que a la fecha no ha recibido el apoyo ni la atención en materia de seguridad pública, y ante “la impunidad con que se manejan estos grupos armados, quienes actualmente cobran derecho de piso en la cabecera municipal, a los comerciantes de puestos semifijos, ataques a las vías de comunicación… ante la indiferencia estatal del gobierno hacia el municipio de Juan R. Escudero”.
El escrito de la panista también fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

Piden diputados coordinar programas de seguridad pública

En los trámites legislativos, los diputados aprobaron un punto de acuerdo por el cual se exhorta a los tres niveles de gobierno a revisar, evaluar y coordinar los programas en materia de seguridad pública entre los tres niveles de gobierno, porque “constituye una herramienta esencial para modificar, corregir y fortalecer las acciones que en la materia se requieran”.
Indican en el exhorto que la inseguridad no es privativa ni exclusiva del estado de Guerrero, y que en los últimos años se ha generalizado a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que ha orillado a que miles y miles de ciudadanos emigren y se desplacen a otras poblaciones, ciudades, estados e incluso otros países, aunque no dieron detalles.
Por ello señalan que “ante un hecho público y notorio en el que queda de manifiesto el aumento y repunte de la violencia, y la inseguridad a lo largo y ancho del estado, en el que se percibe una falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno dentro del programa de seguridad pública, esta soberanía no puede ni debe renunciar a su papel de representación de la ciudadanía popular”.

Exhortan a instaurar el seguro de desempleo

En otro asunto al diputado del PRI, Rodolfo Escobar Avila, le aprobaron sin discusión y por unanimidad exhortar a los gobiernos estatales y municipales que “implementen la creación de un programa de seguro de desempleo y capa-citación para el trabajo, así como la adquisición de recursos federales extraordinarios para su aplicación”.
Argumentó que el Distrito Fe-deral es el único que aplica el programa que cubre a trabajadoras y trabajadores desempleados mayores de 18 años, previo cumplimiento de determinados requisitos que se establecen.
Indicó que es necesario que tanto en el estado, como a nivel nacional, se realicen las acciones necesarias para implementar un programa de esta naturaleza, para beneficiar a personas que se encuentran en estos momentos desempleados.
Finalmente los diputados aprobaron también sin discusión solicitar al Congreso de la Unión y al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que revisen el salario mínimo.