Marcial Rodríguez Saldaña

*Los senadores y diputados y las legislaturas locales están constitucionalmente impedidos para reformar los principios de la Constitución y en caso de hacerlo incurrirían en una violación grave del Estado de derecho.

Se ha presentado en la Cámara de Senadores la iniciativa de Enrique Peña Nieto para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de modificar nuestra carta magna, en cuanto a las normas relativas al petróleo, al gas y a la electricidad, lo cual ha desencadenado un debate que conviene analizar.
1.- En la teoría constitucional existe coincidencia respecto de que las Constituciones contienen principios fundamentales, las cuales representan la base esencial de identidad de una nación, incluso en algunos textos constitucionales en forma explícita se prohíbe su reforma. La Constitución  de Bulgaria por ejemplo, establece en su artículo18 como un principio fundamental que las riquezas del subsuelo, el área costera de playas, las rutas nacionales, así como las aguas, los bosques y los parques de importancia nacional, las reservas naturales y arqueológicas son propiedad exclusiva del Estado.
2.- Como resultado de la expropiación petrolera realizada el 18 de marzo de 1938 por Lázaro Cárdenas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 9 de abril de 1940 una reforma al párrafo sexto de nuestra Constitución para mandatar que en materia de petróleo no se expedirían concesiones y que sólo a la nación le correspondería su explotación. La propuesta de Peña Nieto, pretende reformar los artículos 27 y 28 constitucionales que tienen que ver con nuestros recursos naturales como el petróleo y el gas y agrega la energía eléctrica. En este sentido, vale la pena discernir si el petróleo como recurso natural de la nación mexicana cuya explotación por disposición constitucional corresponde únicamente a la nación es o no un principio fundamental. La respuesta es clara: el mandato constitucional de que el petróleo debe ser explotado exclusivamente por la nación es un principio fundamental.
3.- Con base en el razonamiento anterior, la propuesta de Peña Nieto de reformar un principio fundamental de la Constitución mexicana, contraviene el sistema constitucional de México y en consecuencia en caso de aprobarse significaría una ruptura del Estado de derecho. Por ello, los integrantes del Congreso de la Unión –senadores y diputados– quienes inicialmente debatirían esta iniciativa y luego las legislaturas de los estados quienes sólo la ratificarían, se encuentran constitucionalmente impedidos, sin facultades para reformar principios fundamentales de la Constitu-ción federal y en caso de hacerlo incurrirían en una violación grave al Estado de derecho.
4.- La iniciativa de Peña Nieto dice textualmente en su página 10 que:
“3) Plantea la incorporación de contratos, que celebre el Ejecutivo Federal, con organismos y empresas del Estado y/o terceros que permitan expandir y hacer más eficientes las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y 4) Autoriza, a partir de permisos otorgados por el Ejecutivo Federal, la participación de terceros en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos sin que se ponga en riesgo la propiedad de nuestros recursos.”
Y que el objetivo de la iniciativa consiste en: “ a) Eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos”.
Como se puede constatar, Peña Nieto pretende eludir la prohibición constitucional de concesiones mediante el otorgamiento de contratos con “terceros”, o sea con particulares extranjeros o mexicanos para permitirles que puedan explorar y extraer los hidrocarburos, así como en la refinación, transporte, almacenamiento y distribución que de acuerdo con el principio constitucional son propiedad exclusiva de la nación,  y ahora se busca que parte de ellos pasen al control privado, que en los hechos significa la privatización del petróleo y  de nuestros hidrocarburos.
5.- La situación en que se encuentra nuestro sistema de exploración y de explotación de nuestros hidrocarburos y en particular Pemex es el resultado de quienes han gobernado a México. La crisis que vive Pemex  es producto de la corrupción arraigada en funcionarios y líderes sindicales a quienes no se les quiere fincar responsabilidades. Todos podríamos coincidir en que Pemex requiere de una profunda modernización, pero no para entregar parte de la renta petrolera a terceros –particulares extranjeros o nacionales–, sino que se necesita acabar con la corrupción y esos recursos invertirlos en tecnología para que sea el Estado el que directamente realice la exploración, explotación, industrialización y refinamiento del petróleo, y que el dinero que obtenga se destine al desarrollo social del país.
6.- La iniciativa de Peña Nieto significa un atentado a principios consagrados en la Constitución Política de México, y de consumarse sería una vulneración flagrante al Estado de derecho. Los legisladores federales y locales podrán aprobar esta propuesta contraviniendo principios constitucionales, pero así como lo hicieron hombres y mujeres que atendieron el llamado del presidente Lázaro Cárdenas para pagar con sus prendas parte de la expropiación petrolera, la actual generación del pueblo de México tiene el deber moral y político de defender el petróleo como un símbolo de nuestra soberanía nacional.

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